Introducción

En las últimas décadas se ha conformado un campo de estudios antropológicos muy heterogéneo desde el cual se han conceptualizado aquellos eventos críticos a partir de los cuales los actores sociales sufren una dislocación del orden y la normalidad que atribuyen al mundo (Visacovsky 2011). En ese marco, se han abordado las dimensiones sociales y culturales de eventos tales como incendios, inundaciones, terremotos, huracanes, situaciones de contaminación radioactiva, etc. Como parte de ello se ha resaltado el papel protagónico que adquieren las víctimas de tales sucesos al reclamar la condena penal de los responsables de sus padecimientos, al exigir reparaciones económicas, la puesta en marcha de acciones de atención médica, etc.

Si bien abundan los trabajos que se han centrado en el punto de vista de esos afectados, en los últimos años puede encontrarse un corpus de investigaciones desde las que se ha analizado la relación que ellos establecen con un heterogéneo conjunto de expertos y técnicos tales como peritos nucleares, ingenieros, operadores de programas de ayuda humanitaria, médicos y psiquiatras, socorristas de la Cruz Roja, abogados (cf. Silva, 2015; Fassin, 2007; Petryna, 2002; Revet, 2007; Ullberg, 2013). Así se ha logrado avanzar en la objetivación de las acciones de diferentes tipos de profesionales que contribuyen a la definición de la condición de ‘víctima’. Al abordar el estudio de ciertas elites y grupos de poder (cf. Rodrigues Castilho et al. 2014) este tipo de enfoques han logrado promover un imprescindible studying up (Nader 1969).

El evento que me ocupará aquí es un incendio ocurrido en 2004 en un microestadio de la capital argentina llamado República Cromañón. El mismo se inició mientras se desarrollaba allí un recital de música rock al que habían asistido unos 3000 jóvenes. El incendio fue producto del impacto de un fuego de artificio en el revestimiento acústico del lugar. Miles de asistentes no pudieron escapar puesto que no había salidas de emergencia habilitadas a tal efecto. A causa de haber respirado el aire envenenado, fallecieron 194 jóvenes. A partir de entonces, los familiares y sobrevivientes del incendio comenzaron a agruparse para demandar justicia, dando forma al colectivo conocido como movimiento Cromañón. Desde ese movimiento las víctimas denunciaron al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Aníbal Ibarra afirmando que a causa del pago de sobornos a inspectores del gobierno de la ciudad, el local había sido habilitado oficialmente para funcionar aún cuando no contaba con las condiciones de seguridad adecuadas. Luego de un año y medio de lucha el Jefe de Gobierno de Buenos Aires fue destituido a través de un proceso de juicio político.

Mientras que los familiares y sobrevivientes del incendio siempre se presentaron públicamente como víctimas de una masacre con responsables concretos, los documentos estatales, normativas y declaraciones de funcionarios se refirieron al incendio como una tragedia o como una catástrofe. Aquí me propongo indagar aquel proceso de categorización estatal. Para ello me centraré en el análisis de las políticas públicas de atención y del subsidio destinados a los familiares de los fallecidos y a los sobrevivientes del incendio. Mi objetivo es demostrar que a partir del trabajo conjunto entre diferentes actores se produjo una transformación cualitativa de aquella política pública a lo largo de los años.

En primer término muestro el modo en que el Estado puso en evidencia la necesidad de generar información sobre la situación de los destinatarios de la política y del subsidio. En segundo lugar analizo la convocatoria realizada en medio de las tensiones políticas con el movimiento, a expertos de instituciones presentadas como neutrales e imparciales que realizarían un relevamiento y evaluarían la situación de la población destinataria. En la sección siguiente analizo el papel de estos especialistas en la producción de información y el modo en que políticos y técnicos demarcaron las fronteras a través de las cuales se relacionaron. Para concluir mostraré que a partir de estas intervenciones conjuntas entre esos diversos actores se dio una naturalización en la política de atención de la condición de víctimas y damnificados de los familiares de los fallecidos. Esta situación contrasta con la de los sobrevivientes quienes debieron seguir recorridos cada vez más complejos y tecnificados para ser aceptados como destinatarios. Sostengo aquí que aquella naturalización visible en la política estatal está relacionada con el modo en que se nos presentan las categorías relacionadas con “la familia”, que existe tanto como categoría estructurante objetivada en prácticas, artefactos de registro, formularios, leyes, políticas públicas, etc., así como categoría estructurada en la mente de los agentes que producen y dan vida real a aquellas estructuras objetivas, esto es, los funcionarios, especialistas, beneficiarios, etc. (Bourdieu 1997).

Si bien buena parte de la literatura académica sobre desastres suele centrarse en las formas de acción que promueven las víctimas al discutir y demandar al Estado como interlocutor principal, en este trabajo me propongo mostrar que la condición de víctima es, en parte, socialmente producida por los expertos estatales así como por otros especialistas que se desempeñan por fuera de sus agencias e instituciones.

Políticas públicas y expertos

Tempranamente fue Emile Durkheim (1950) quien apuntó a la eficacia del Estado como un órgano especial desde el que emanan ciertas representaciones que alcanzan un carácter colectivo. En ese camino, Bourdieu (1997) señaló que en las sociedades modernas, el responsable principal de la construcción de las categorías oficiales que contribuyen a modelar mentalidades y prácticas es el Estado. Desde ese punto de partida, entiendo que las políticas públicas son un locus privilegiado desde el cual indagar la producción social de tales representaciones. Mientras que los análisis efectuados desde los Estudios de las Políticas Públicas tienden a considerarlas desde una visión positivista, como intervenciones formales orientadas a manejar instrumentalmente ‘algo que está allí afuera’, los abordajes propios de la antropología social sostienen que deben destacarse los vínculos interpersonales que se traman entre los actores sociales a instancias de aquellas políticas y que le dan forma y sentido a su puesta en práctica (Shore & Wright 1997). Es así que a través de sus políticas el Estado contribuye fuertemente a modelar la percepción social sobre las cuestiones a las que define como problemáticas brindando una interpretación de los problemas y definiendo las soluciones posibles (cf. Shore 2010). Allí los especialistas ocupan un lugar central en tanto que son reconocidos como agentes legitimados por sus conocimientos técnicos: la política pública ‘produce representaciones que tienen un grado de generalidad y de validez que la ciencia legitima (biología, demografía, psicología, sociología) y que consagra el derecho, estando estas representaciones institucionalizadas en numerosos organismos especializados y encarnadas por expertos cuya competencia está reconocida y garantizada jurídicamente’ (Lenoir 1993: 95).

Para entender el surgimiento de este tipo de agentes cabe remontarse a Weber (1967), quien ha señalado que la cultura occidental ha atravesado un prolongado proceso de “desmagificación” que ha desembocado en la modernidad en la cual todos los fenómenos de la realidad parecen poder ser dominados y controlados. Se trata de un proceso que fue de la mano con la racionalización del Estado y la institucionalización de las profesiones a través del cual se fueron delimitando progresivamente campos de conocimiento -la economía, la política, la salud, etc.- objeto de la intervención de agentes especializados.

La historiografía y la filosofía política han mostrado cómo desde finales del siglo XIX los Estados necesitaron del conocimiento aportado por las nacientes ciencias sociales modernas, del mismo modo que éstas necesitaron del Estado para su profesionalización e institucionalización (cf. L’Estoile et al. 2005). A lo largo de tal proceso histórico puede notarse la existencia de un doble juego de legitimación entre las prácticas estatales y los saberes sobre lo social. Mientras que los especialistas ofrecen sus instrumentos obtenidos en ámbitos académicos que legitiman el diagnostico de problemas sociales y la formulación de soluciones a estos que sólo ellos estarían en condiciones de ofrecer, por otro lado, el reconocimiento de esos saberes por parte de las instituciones estatales contribuye a legitimar a esos especialistas (Neiburg & Plotkin 2004).

El término ‹experto› se generalizó luego de la Segunda Guerra Mundial bajo el influjo y desarrollo de las ciencias sociales norteamericanas (Rueschemeyer & Skocpol 1996) y refiere a técnicos y especialistas que movilizan dispositivos técnicos ligados a saberes científicos o propios de un campo profesional particular. Si bien se fundamenta en las titulaciones obtenidas en universidades y centros de conocimiento, el conocimiento experto está destinado a operar más allá del campo del saber: esto es, se trata de un conocimiento destinado a ser ‹aplicado›. Según Morresi y Vommaro (2011), habría cuatro espacios privilegiados para su generación y aplicación: las burocracias estatales, las ONGs de la sociedad civil, las universidades y sus institutos de investigación, y por último, las empresas. Considerando esta multiposicionalidad, tales agentes pueden desempeñarse al mismo tiempo (o no) en ámbitos estatales y no estatales.

Si bien el experto suele ser pensado como un agente que actúa en nombre de la ciencia y la técnica, reclamando para sí la neutralidad axiológica (Neiburg & Plotkin, 2004), tal como ha advertido Boyer (2008) es la propia ideología de la expertise la que nos conduce a ver a los expertos de esa manera. En cambio, debe considerarse que la expertise no es un dominio ‹autónomo› sino que sus agentes se encuentran imbricados en una multiplicidad de relaciones sociales, políticas, emocionales, etc., que modelan sus prácticas e intervenciones. Desde ese punto de partida, los expertos deben ser asumidos como agentes que legitiman ciertas representaciones que al ser incluidas en normativas, políticas públicas, etc. instituyen un efecto de derecho y contribuyen a la definición del mundo social: “el experto ‘que instituye’ ejerce una especie de magisterio, cierto que basado en un saber (el ‘capital específico’ del especialista), pero que produce ‘hechos normativos’, calificaciones y descalificaciones que tienen un estatuto de derecho” (Lenoir 1993: 93).

Legitimadas por su condición científica y por su ‘ser’ oficial, las intervenciones y los diagnósticos de los expertos no se limitan a reflejar una realidad preexistente sino que operan construyendo representaciones sociales, categorías de visión y división del mundo social que nada tienen de naturales. Se trata de operaciones que extienden su influencia tanto ‘hacia afuera’ del Estado al contribuir a crear comunidades, etiquetas, clasificaciones, así como ‘hacia adentro’ del mismo, puesto que a partir de las mismas el Estado reconoce los problemas centrales sobre los que debe actuar y el modo en que debe hacerlo.

El Estado, la tragedia y las víctimas

Como he señalado, lejos de ver a las políticas públicas como instrumentos quirúrgicos asépticos que intervienen en el ‘cuerpo social’ a fines de ‘mejorar su salud’, las considero como poderosas herramientas de construcción de la realidad. Y ello, a partir de la delimitación y clasificación de las poblaciones sobre las que intervendrán. En este caso pretendo mostrar cómo al publicar sus leyes, decretos y resoluciones para atender la tragedia el Estado instituyó un efecto de derecho al delimitar las prerrogativas que correspondían a los diferentes tipos de afectados.

Menos de una semana después del hecho, el Estado porteño puso en marcha una serie de normativas orientadas a brindar ayuda y atención a los protagonistas del hecho y a sus familiares. Tal normativa contribuyó activamente a definir los términos de la tragedia y a delimitar los tipos de actores que debían ser reconocidos como víctimas así como sus padecimientos. Se emitió un decreto en el que se sostenía que

‘[a]nte situaciones extremas y excepcionales de crisis como la acontecida en nuestra Ciudad, corresponde que el Estado se ocupe de paliar con ayuda directa, las consecuencias inmediatas derivadas de la tragedia (…) Artículo 1° – Establécense las pautas de organización del “Programa de Atención Integral a las Víctimas del 30/12 a través del cual se brinda asistencia a los familiares de las víctimas fatales, a los sobrevivientes y sus familiares, del siniestro ocurrido’ (destacado mío).1

El Programa, a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad, pretendía paliar la situación de quienes fueran víctimas de Cromañón, entendiendo por ello a familiares de los fallecidos y a los sobrevivientes del incendio. Como parte de esta política para enfrentar la tragedia, el gobierno de la ciudad brindó una ayuda económica, creando un subsidio destinado a las mismas. Inicialmente estaba previsto que el subsidio se pagara por una única vez. Sin embargo, durante años la normativa fue prorrogada y el subsidio se continuó pagando, hasta el día de hoy.

Para acceder a aquella prestación económica en el caso de los familiares de las víctimas fatales, la acreditación del vínculo con los fallecidos era considerada como suficiente y no hacía falta la presentación de constancias ni certificados de atención médica o mental que acreditaran la situación de vulnerabilidad. Desde los fundamentos del subsidio se consideraba esto como un hecho dado y autoevidente: ‘[A]quellos que sufrieron la pérdida de un familiar directo se encuentran atravesando un período de duelo cuyas consecuencias pueden derivar en momentos de extrañamiento, estados de depresión y pérdida del sentido de la vida’.2

Además de alcanzar a los familiares de los fallecidos, el subsidio único también estaba destinado a los sobrevivientes del incendio. A diferencia de los familiares, que demostraban su competencia como víctimas beneficiarias a partir de la exposición de la conexión filial con los fallecidos, los sobrevivientes lograrían (o no) ser reconocidos como tales a partir de la entrega de certificados de atención médica y mental en instituciones de salud los días posteriores al incendio. Considerando que en los actuales regímenes biopolíticos para el Estado ‘el cuerpo se ha constituido en el lugar que muestra la evidencia de la verdad’ (Fassin & d’Halluin 2005: 598), las narraciones públicas de sufrimiento de las víctimas (Zenobi 2014) no resultaron ser suficientes para que ellos sean admitidos como destinatarios de las políticas de atención: ese sufrimiento debía ser chequeado, medido, controlado por los especialistas que pudieran certificar sus inscripciones psicofísicas a través de métodos oficialmente validados.

Los requisitos para que los sobrevivientes accedieran al subsidio único eran ‘[a]compañar constancia médica de que el interesado se encuentra en tratamiento y su diagnóstico. b) Acompañar constancia de que se encuentra en tratamiento psiquiátrico o psicológico y está imposibilitado de retornar y/o continuar con sus tareas habituales’.3 A diferencia de los familiares, estos jóvenes debían certificar a través de médicos y psicólogos que los padecimientos producto de haber vivenciado el incendio, interferían en sus vidas cotidianas. Ellos debieron transformar su sufrimiento en el lenguaje de la ciencia para que el mismo fuera oficialmente reconocido.

Así fue como desde el Estado porteño se sancionaron dos recorridos burocráticos diferentes para los tipos de víctimas distintas identificadas, que debían acreditar oficialmente tal condición.4 Mientras que los sobrevivientes tuvieron que demostrar sus padecimientos, en el texto de la ley que dio vida al subsidio no se exigió que los familiares demostraran a través de algún tipo de procedimiento clínico su afectación psicológica o emocional. La normativa asumió el sufrimiento de los padres como un a priori en virtud de la intensa afectividad implicada en el lazo afectivo entre ellos y los fallecidos. Como diría Bourdieu con respecto al amor paterno, se trata de aquellos “afectos obligatorios y obligaciones afectivas” (1997: 131) implicadas en la definición social legítima de la familia.

Luego de la destitución del Jefe de Gobierno en 2006 a causa del juicio político por el incendio, un gobierno de transición impulsó la creación de una nueva política pública: el ‘Programa de atención a los damnificados de la tragedia de Cromañón’ que enfatizaba la necesidad de generar alguna herramienta de registro para conocer a la población beneficiaria: ‘[R]esulta prioritario el diseño e implementación de una herramienta de relevamiento de datos que permita determinar cuál es la situación actual de los destinatarios’.5 Como puede verse ya no se hablaba de familiares y sobrevivientes como víctimas sino como damnificados. Y el nuevo programa se proponía explícitamente generar las condiciones para conocer a la población que debía administrar.

Con el objetivo de garantizar el registro y el seguimiento adecuado de quienes recibían atención médica y mental y cobraban el subsidio único, el Programa de atención a las víctimas del 30 de diciembre de 2004 se propuso avanzar en la conformación de un equipo de trabajo dedicado a esa tarea. Sin embargo, a casi un año y medio del inicio del programa, la oposición política al gobierno de la ciudad denunciaba que no se había logrado avanzar en ese sentido. Una legisladora referente de ese espacio señalaba que:

Existían cuatro bases de datos conteniendo información (…) había errores en cada una y duplicaciones de información (…) no se sabía a ciencia cierta a quién se le estaba pagando el subsidio ni si las personas damnificadas estaban recibiendo otro tipo de asistencia material. Y el problema de la información aquí es central puesto que si se carece de ella ¿Qué tipo de seguimiento se puede llevar adelante?; ¿De qué manera el PE [Poder Ejecutivo] realiza una auto-evaluación sobre la efectividad de las medidas que implementa? (en Andújar 2006: 15).

Aún entre los propios familiares y sobrevivientes movilizados en demanda de justicia había dudas sobre estas cuestiones. Por un lado ellos estaban preocupados por las deficiencias en la atención médica y mental puesto que, decían, no había seguimiento alguno de parte de la agencia estatal encargada de coordinar esas intervenciones. Por el otro, cada tanto aparecían casos de personas a las que se acusaba de ser falsas víctimas que, haciéndose pasar por sobrevivientes, cobraban el subsidio, asumiéndose que esa falsificación era posible a causa de las deficiencias en la base de datos (cf. Zenobi 2014). De modo tal que tanto los funcionarios, como legisladores, así como las víctimas mostraban su preocupación por la falta de información sobre la intervención del programa.

La percepción de una falla relacionada con la producción estatal de información mostraba el supuesto de que el Estado debe producir conocimiento sobre las poblaciones y comunidades que son objeto de su administración. Para construir una base de datos adecuada era necesario apelar a personal técnico que pudiera llevar adelante la tarea que el Estado hasta ahora no había realizado. Como han señalado Plotkin y Zimmerman al analizar los vínculos entre Estado y campos de conocimiento, ‘los momentos definidos socialmente como críticos incrementan la demanda de este tipo de grupos técnicos, quienes por su parte son los encargados no sólo de intervenir frente a las crisis sino también de definirla y tornarla objeto de análisis científico’ (Plotkin & Zimmerman 2009: 19). En efecto, como intentaré mostrar, esa intervención experta, lejos de reflejar un fenómeno crítico o trágico preexistente contribuyó a producir representaciones sobre el mismo en tanto tal.

Los nombres de la novedad: damnificados y expertos

Troulliot ha enfatizado la necesidad de abandonar la búsqueda del Estado en algún tipo de anclaje institucional, para destacar la importancia de abordarlo como un conjunto de procesos con efectos diversos. Entre algunos de los efectos por él destacados me interesa retomar aquel de la ‘legibilidad’. Se trata, según el autor, de ‘la producción tanto de un lenguaje como de un saber para el gobierno y de las herramientas teóricas y empíricas que clasifiquen y regulen colectividades’ (Troulliot 2001: 126). A continuación enfocaré en la importancia asignada por la nueva política de atención a los expertos encargados de producir información sobre los destinatarios, cuyo ingreso progresivo al programa fue de la mano con una sustitución de la noción de víctima por la de damnificado.

En el año 2007 una vez finalizado el gobierno de transición, se realizaron elecciones en la ciudad y hubo un fuerte giro en la política local de la ciudad cuando resultó electo el partido Propuesta Republicana (PRO) liderado por el empresario y actual presidente argentino, Mauricio Macri. Entonces, aquel programa fue modificado y pasó a llamarse Programa de atención integral a los damnificados por la tragedia de Cromañónm sumándose el término “integral” a su nombre. El mismo estaba fundamentado en que los hechos

‘[c]onstituyeron una tragedia de magnitudes inéditas en nuestra ciudad, atento la cantidad de personas afectadas y el impacto social de la misma (…) debe posibilitarse la actuación en la evaluación, recomendación del tratamiento y seguimiento de los damnificados; (…) se debe analizar la información disponible respecto de los damnificados, elaborar un informe acerca de cada uno de los beneficiarios del subsidio con las recomendaciones a seguir en cada caso’.6

En lo que hace a las continuidades con el programa previo las condiciones para que los familiares accedieran al subsidio no cambiaron: ellos no debían acreditar situación de vulnerabilidad alguna, ni debían presentarse constancias médicas ni psicológicas de ningún tipo. De un modo diferente a lo que ocurría con los familiares, para los sobrevivientes sí había novedades: aumentaron los requisitos que ellos debían cumplir para poder continuar cobrando el subsidio. Ahora tenían que presentar más documentos probatorios de su situación:

‘Artículo 3º:

  1. Diagnóstico debidamente fundado con criterio científico del cual surja afectación de la aptitud laboral y necesidad de tratamiento prolongado del requirente, con copia de la documentación clínica y/o estudios realizados, firmado por el profesional tratante.
  2. Declaración jurada acerca de la composición del núcleo familiar conviviente.
  3. Declaración jurada de ingresos del núcleo familiar conviviente, inferiores a pesos dos mil ($2.000)’.7

A diferencia de la situación previa, con el nuevo Programa de atención integral a los damnificados ya no alcanzaba con presentar certificados médicos y psicológicos de tratamiento sino que el mismo debía ser prolongado. Además también se tenía en cuenta al hogar del destinatario, la composición familiar e ingresos del mismo. Finalmente, ya no se hacía referencia a una genérica ‘imposibilidad de retomar las tareas habituales’ como en el programa anterior sino que en el nuevo programa se particularizaba la cuestión centrándose en la función laboral disminuida. De manera tal que mientras que desde el movimiento Cromañón las víctimas hablaban de su dolor remitiendo a un tipo de sufrimiento social más amplio (Kleinman et al. 1997), las reglamentaciones estatales de los programas de atención retomaban ciertos modos clasificatorios propios del derecho civil y laboral haciendo foco en las dificultades relativas a la capacidad productiva afectada para reconocer a los damnificados.

En ese marco, la nueva normativa contemplaba lo que los funcionarios llamaban la segmentación, una escala diversificada que diferenciaba el monto del subsidio según diferentes situaciones posibles:

‘Artículo 6º.– La medida de la asistencia económica establecida en el presente será dispuesta por la Autoridad de Aplicación teniendo en cuenta las recomendaciones que al efecto imparta el Comité Interdisciplinario de Expertos (…) y en función de la afectación de la aptitud laboral, conforme los siguientes lineamientos:

  1. Leve: se otorgará una asistencia económica de pesos trescientos ($ 300).
  2. Moderada: se otorgará una asistencia económica de pesos seiscientos ($ 600).
  3. Severa: se otorgará una asistencia económica de pesos mil doscientos ($ 1.200).

(…) La Autoridad de Aplicación podrá denegar el requerimiento de asistencia en los casos en que las restricciones en materia de salud sean de baja significación o no guarden relación causal con el hecho (destacado mío)’.8

Con el objetivo de gestionar los cambios traídos por los nuevos vientos políticos, era necesario incorporar un nuevo tipo de actor que estuviera capacitado para contribuir a un mejor funcionamiento del programa. Se trataba de los especialistas en la producción y evaluación de información que conformarían el Comité Interdisciplinario de Expertos que haría recomendaciones a la autoridad gubernamental.

El peso de los expertos integrantes de aquel comité sería determinante ya que la definición de ‘grave’, ‘moderado’ o ‘leve’ no estaba especificada en ninguna reglamentación sino que ellos tendrían la potestad de clasificar a cada caso según la información disponible. Inclusive definirían si había gente que no debía continuar cobrando el subsidio: en declaraciones a medios de prensa el nuevo subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad encargado del tema señaló que ‘si el comité [Interdisciplinario de Expertos] que evaluará cada caso cree que no debe seguir recibiéndolo, se le quitará la asistencia’ (Galván 2008). El giro novedoso realizado por la nueva gestión de gobierno implicó la incorporación de estos especialistas. A partir de ahora, ellos se dedicarían a producir conocimiento sobre la comunidad de afectados con el objetivo de informar a los responsables de la gestión del programa.

Conocer para gobernar: los expertos más allá del Estado

Las políticas públicas han sido tratadas como tecnologías de gubernamentalidad de las que, además del Estado participan organismos, instituciones y corporaciones. En efecto, las ONG y las instituciones transestatales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la UNESCO o la OIT son, analíticamente, instituciones homologables al Estado que producen efectos de legibilidad orientados a generar conocimiento sobre las poblaciones locales, similares a los que producen los gobiernos nacionales (Engle Merry 2006; 2011; Troulliot 2001). Es desde este punto de partida que puede comprenderse el papel que jugaron las instituciones convocadas para generar información sobre los destinatarios.

En el marco del nuevo Programa de atención integral a los damnificados se firmaron convenios de asesoramiento y asistencia técnica en los que se solicitaba el ‘apoyo de instituciones neutras, nacionales e internacionales con experiencia e idoneidad en la materia a los efectos de coadyuvar con la acción de los organismos oficiales’.9 Sus expertos serían los encargados de ‘realizar una evaluación independiente y objetiva de cada caso’.10 En un contexto de tensión entre el gobierno de la ciudad y los actores movilizados en el movimiento Cromañón que denunciaba al Estado como responsable del incendio, la firma de convenios con instituciones que no formaban parte del Estado de la ciudad de Buenos Aires fue presentada como una garantía de imparcialidad.

La primera de estas instituciones fue convocada para realizar un relevamiento estadístico. Se trataba del Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada (CINEA), un Instituto de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), que trabaja en conjunto con el Departamento de Metodología, Estadística y Matemática y con la Carrera de Estadística de la UNTREF. El instituto implementa distintas actividades científicas y técnicas orientadas fuertemente a la realización de estudios de Evaluación de Impacto y Monitoreo de programas sociales.11

Como afirma Engle Merry (2011), el uso de los números para gestión de las políticas públicas es parte común de nuestro mundo contemporáneo y de las actuales audit cultures (cf. Power 1999; Strathern 2000). Mediciones de pobreza, índices de corrupción, coeficientes de riesgo país, indicadores de derechos humanos, etc. resultan ser estándares internacionales que se traducen en horizontes normativos que orientan las políticas de los países (sobre todo de los subordinados), que se esfuerzan por ajustarse a ciertos parámetros. Los indicadores estadísticos son fundamentales para la toma de decisiones de las políticas gubernamentales y para justificarlas frente a la ciudadanía: ‘[L]os indicadores son medidas estadísticas utilizadas para sintetizar información compleja en un solo número o ranking que es significativo para los gestores de políticas públicas y para el público’ (Engle Merry 2011: 58).12 En este caso, el CINEA tuvo la tarea de construir una base de datos e indicadores con la situación de todos los destinatarios. A tal fin puso en marcha un operativo de registro de los destinatarios del subsidio incluido en el programa al que se llamó Relevamiento de beneficiaros del subsidio a los damnificados por los hechos del 30 de diciembre de 2004.

A efectos de realizar el relevamiento de damnificados, el CINEA construyó un formulario de registro diseñado por los sociólogos expertos en estadísticas, que sería aplicado por encuestadores que irían a los domicilios particulares de los beneficiaros del subsidio. El formulario contemplaba datos referidos a la composición del núcleo familiar conviviente, a la realización de tratamientos psicológicos y psiquiátricos, la situación laboral y educativa, los ingresos monetarios mensuales de los integrantes del hogar, etc.

La importancia de los resultados alcanzados por los estadísticos del CINEA radicaba en que serían la base, el fundamento, para la intervención de otros expertos que formaban parte de la intervención sobre los afectados por la tragedia. Se trataba de los expertos en catástrofes, uno de los puntos más destacados y novedosos del nuevo Programa de atención integral a los damnificados. Al crearse ese programa se había destacado la importancia de realizar convenios de asesoramiento y asistencia técnica con

‘[o]rganizaciones reconocidas, nacional e internacionalmente, conformadas por profesionales externos a la órbita del gobierno en el ámbito de la prevención, intervención y reconstrucción en desastres, que sean expertos interdisciplinarios médicos, psicólogos, asistentes sociales, abogados’.13

El hecho de convocar a expertos que se desempeñaban tanto en el ámbito académico como en el llamado tercer sector de las ONGs, era presentado como una garantía de que sus intervenciones serían neutrales y objetivas. En efecto, la circulación de los expertos entre la universidad, el estado, el mundo privado y el tercer sector, habla de una ‘multiposicionalidad’ (Morresi & Vommaro 2011) que suele ser invocada como un factor de independencia con respecto a los compromisos políticos y con el Estado.

Debido a que se consideraba que el incendio de Cromañón era homologable a otros desastres ocurridos en otros puntos del planeta, resultaba de relevancia el hecho de que se tratara de instituciones con experiencia de trabajo en situaciones similares ocurridas en otras partes del mundo. Por eso, según lo fundamentos de creación del programa, el gobierno local eligió a una ONG, la Asociación Civil Red Iberoamericana de Eco-Bioética para la Educación, Ciencia y Tecnología (The UNESCO Chair in Bioethics) que, según su página web, articula actividades con emprendimientos UNESCO de otros continentes. Además de la trayectoria institucional de la asociación civil, en la reglamentación oficial se destacaron los antecedentes de algunos de sus integrantes, en especial de su presidente quien contaba con múltiples titulaciones relacionadas al tema. La asociación estaba bajo la presidencia de un experto que era presentado de este modo en la letra del Programa de atención a los damnificados: ‘M.D., Ph.D; Director de la Maestría en Psicoanálisis USAL – APA; Presidente de la Sección de Intervención en Desastres de la WPA (Asociación Mundial de Psiquiatría) (…) licenciado en Ciencias de la Educación y en Psicología así como doctor en Medicina y en Psicología’.14 Asimismo se destacaba su experiencia en la explosión de una fábrica de armamento y el atentado terrorista a la mutual judía AMIA ocurridos años atrás en Argentina, así como en la Guerra del Golfo y el Tsunami ocurrido en Asia, entre otros desastres.

La importancia de la dimensión transnacional en relación al conocimiento experto está relacionada con el hecho de que frecuentemente los procesos de formación profesional, las trayectorias laborales y académicas de esos actores, lo son. Al movilizar los vínculos con lo internacional en el plano doméstico, ello se constituye en un principio que jerarquiza la posición de los especialistas en el campo en que se desempeñan.

Las propiedades sociales con que contaban estos especialistas como las titulaciones en el extranjero y su carácter transnacional, eran presentados como garantía de su pericia. Sin embargo, su incorporación al programa no era suficiente para garantizar la imparcialidad de las evaluaciones sobre los destinatarios. Por ello, además, se enfatizó que se trataba de personas ajenas a la órbita del gobierno local. El Estado iba más allá de sí mismo con el objetivo de generar información sobre la comunidad de daminificados.

Políticos y expertos: una relación de ‘servicio’

Como ha mostrado Weber (1967), a lo largo del proceso de racionalización del Estado moderno, la separación progresiva de un cuerpo de funcionarios profesionales por un lado y de los políticos profesionales por el otro, fue delimitando una distinción entre quienes asumen funciones políticas de gobierno y los empleados profesionales y administrativos que no asumen funciones directivas. Sin embargo, lejos de asumir tales clasificaciones como datos de la realidad, consideramos que las mismas deben ser tratadas como productos de una frontera entre ‘política’ y ‘técnica’ que es producida y reproducida en situaciones concretas que puede ser analizadas etnográficamente (cf. Pantaleón 2005). Son los propios actores quienes, por motivos diversos, se encuentran interesados en ser reconocidos de uno u otro modo.

En octubre de 2008, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la gestión del nuevo gobierno del PRO, encabezado por Mauricio Macri, organizó un evento en el que se presentaron los resultados del relevamiento realizado por el CINEA y la propuesta que realizarían los especialistas en catástrofes de la Red UNESCO. Para la ceremonia, se citó a familiares y sobrevivientes en el salón de un hotel céntrico porteño. En un mismo acto ritualizado, destinatarios, políticos y expertos se daban cita para analizar las conclusiones del operativo de relevamiento y avanzar sobre los pasos a seguir.

Los resultados del relevamiento: estadísticas e indicadores

La ceremonia fue iniciada por el subsecretario de Derechos Humanos de la ciudad a cargo del programa quien habló con calidez y calma. Señaló que su gestión proponía una política con una mirada integral sobre la intervención y que la segmentación era una medida positiva. Y que para ponerla en marcha era necesario producir información, reparando los errores previos de las gestiones de gobierno pasadas:

‘Es necesario avanzar hacia que estas víctimas consigan trabajos genuinos y reestablezcan el vínculo con las instituciones educativas: se trata de tender los hilos y puentes que Cromañón cortó. Por ello es positivo segmentar el programa, en base al conocimiento de las diversas y heterogéneas situaciones de los destinatarios (…) Al asumir nuestra gestión encontramos que había información perdida, archivada, mal organizada, manuscrita. No teníamos información de los hogares. La base de datos que tenemos es tremendamente precaria… el Estado no se va a hacer cargo de eso…es así… el Estado está contaminado (…)’ (Notas de campo 25 de Octubre 2008).

El funcionario debía lidiar con dos cuestiones: por un lado con la lucha contra el estado porteño llevada adelante por el movimiento Cromañón, pero también con aquella contaminación. En el contexto político en que el Estado de la ciudad de Buenos Aires era impugnado por ser considerado responsable de la muerte de 194 jóvenes, la participación de esos expertos fue presentada por la nueva gestión del gobierno del partido PRO como una garantía de la ausencia de compromisos políticos. Esto es: no era suficiente apelar a técnicos que pusieran en movimiento herramientas neutrales sino que, además, no debían pertenecer a la órbita del Estado local.

Para el funcionario las cifras obtenidas por el relevamiento serían importantes puesto que ‘atrás de los números hay personas: estos números son cifras frías que a todos nos duelen.’ Él venía a presentar el rostro humano de la política, preocupado por el sufrimiento de las personas más que por las cifras en sí mismas. En cambio, el sociólogo coordinador del relevamiento que habló luego, expuso los números fríos para destacar la magnitud de la tragedia que los mismos expresaban. El técnico no apeló a nociones como sufrimiento o dolor o trauma, sino que realizó un cálculo matemático: explicó que se había entrevistado a unos 1377 hogares, y que si se proyectaba la cantidad de personas que vivían en los mismos, podía notarse que la población total afectada por el incendio era muy superior: se trataba de unas 6500 personas.

Los resultados del relevamiento fueron presentados a través de un Power Point que sintetizaba la información en 26 tablas de doble entrada, 20 gráficos tipo torta y 13 tipo barras. En primer término se consideró la situación socioeconómica de los destinatarios realizando un cruce entre dos medidas estadísticas diferentes para medir la pobreza. Por un lado se trataba de las ‘Necesidades Básicas Insatisfechas’ (NBI), un modo de medición que se construye en base a indicadores sobre carencias en el hábitat, la escolaridad, la vivienda, etc., que dan cuenta de una situación de pobreza estructural. El otro método era una medición de la ‘Línea de pobreza’ que se conforma en base a indicadores de la situación de ingresos económicos que permite (o no) acceder a ciertos bienes de la canasta básica familiar. A diferencia del anterior, se trata de una situación que pude modificarse en el corto plazo en caso de verse modificados los ingresos familiares. Como consecuencia del cruce entre ambos tipos de indicadores, los resultados del relevamiento arrojaron que sólo el 21% de la población relevada se encontraba en situación de vulnerabilidad.

El formulario de registro empleado en el relevamiento estaba estructurado en función de un ‘antes’ y un ‘después’ del incendio: así, había un módulo de preguntas destinado a recabar información sobre la situación laboral y educativa previa al hecho y otro sobre la cuestión laboral y educativa a posteriori del suceso trágico. Cada módulo tenía cuatro preguntas. Pero el modulo central del formulario era aquel destinado al acceso a servicios de salud y tratamientos. Para conocer la situación previa al incendio sólo había dos preguntas: ‘¿Tenía alguna dolencia física o psiquiátrica anterior al hecho?’ y ‘¿Realizaba tratamiento psicológico antes del hecho?’. En cambio, en sentido contrario, había 25 preguntas destinadas a conocer la situación de salud posterior a los hechos.

Los indicadores de salud más destacados fueron: ‘Realización de estudios médicos de diagnóstico a causa de los hechos del 30–12–04’ (90%); ‘Internación a causa de los hechos del 30–12–04’ (41%, con un promedio de 11 días); con respecto a la salud psicológica, ‘Realización de tratamiento psicológico a causa de los hechos del 30–12–04’ (62% realizó tratamiento; 32% realiza actualmente); finalmente con respecto a la cuestión psiquiátrica, ‘Realización de tratamiento psiquiátrico a causa de los hechos del 30–12–04’ (31% realizó tratamiento; 13% realiza actualmente). Luego de aquella presentación plena de indicadores, cálculos, gráficos, tablas y cuadros de doble entrada, la extensión de la tragedia se hacía visible más allá de las situaciones personales e individuales de los destinatarios presentes. Considerando que una dimensión clave del poder de los indicadores es su capacidad para convertir fenómenos variables en medidas sin ambigüedades, claras, e impersonales (Engle Merry 2011), las medidas expuestas en el encuentro ofrecieron una versión de la realidad estandarizada y accesible a todos los presentes.

Si asumimos que las estadísticas son producidas por personas concretas en el marco de dinámicas institucionales que suelen verse reflejadas en las mismas (Kitsuse & Cicourel 1963), cabe preguntarse quién las produce, cómo es que las elabora y con qué fines lo hace (Best 2001). Me interesa destacar dos sentidos en los que la estadística contribuyó a fundamentar la argumentación del funcionario acerca de la necesidad de crear conocimiento sobre los damnificados y de ejecutar una política pública acorde a sus necesidades. Por un lado los indicadores expresaron la magnitud en términos de cantidad de afectados: casi 6500 personas. Pero además, debido a que el formulario indagaba acerca de la situación actual, los estadísticos dieron una idea de la extensión temporal de la tragedia ya que cada indicador mostraba que muchas personas aún al día del evento de presentación de los resultados continuaban sufriendo los padecimientos del incendio. El proceso de transformación de la magnitud de un fenómeno en sinónimo de su relevancia social y de la consecuente necesidad de la intervención estatal, es propio de la estadística (cf. Varela & González 2015), como argumenta Claudia Daniel:

‘[L]os indicadores producidos por la política pública no sólo dan existencia social a un problema, sino que también ofrecen una guía para la acción. A través de un trabajo de clasificación y enumeración, ese problema social es normalizado y estandarizado. De este modo la estadística logra dotarlo de estabilidad y establecer así los consensos básicos sobre los que discutir acciones de intervención pública’ (Daniel 2011: 74).

Fundamentar las políticas públicas sobre ese tipo de tecnologías puede ser interpretado como ha señalado Shore (2010) como un intento -no necesariamente exitoso- de clausurar el posible debate o la discusión sobre las mismas.

Los expertos de la Red UNESCO de Eco-bioética

Los siguientes oradores fueron los expertos en catástrofes que en base a los datos arrojados por el relevamiento del CINEA, habían trazado una propuesta de plan de acción ante situaciones de desastre. Se trataba del Plan Maestro de Prevención, intervención y reconstrucción de factores humanos en accidentes, siniestros y desastres.

Como orador principal, el presidente de la Red UNESCO de Eco-bioética realizó una presentación en Power Point. Allí expuso a los destinatarios presentes su currículum internacional e introdujo algunas definiciones. Para él la distinción entre víctima y damnificado estaba en la base de las intervenciones que debía realizar el Estado porteño a través de sus políticas:

‘[V]íctimas son los que murieron (…) Las ”víctimas” suelen ser el producto de comunidades dañadas, que las necesitan para garantizar el recuerdo del hecho dañino. Y los damnificados son personas que pueden recuperar su propia subjetividad’ (Camps, 2005).

Al referirse a su experiencia profesional recordó su actuación en desastres y tragedias como guerras, inundaciones, atentados terroristas, terremotos, etc. Si bien se trataba de catástrofes ocurridas en contextos nacionales diferentes, entre todas ellas había un común denominador: el padecimiento de los afectados bajo la figura del Trastorno por estrés postraumático (TEPT o PTSD su sigla en inglés). Para explicar ese término técnico al auditorio lego, Yaribein hizo referencias a que las situaciones traumáticas que son ‘algo de afuera que impacta en lo de adentro’.

Según Fassin et al. (2004) el estrés postraumático se ha constituido en un importante articulador ideológico de la producción de la noción de víctima en el mundo contemporáneo (cf. Young 1997). Esto fue posible gracias a dos cuestiones centrales: por un lado, su inclusión en el DSM III Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, y por el otro, la difusión global de esa categoría en el marco del crecimiento de las intervenciones humanitarias en todo el planeta. En este caso, el discurso del especialista definió al TEPT como una de las principales consecuencias del incendio y en base a ello expuso las líneas de intervención ya aplicadas por ellos en aquellos otros contextos catastróficos que respondían a la misma sintomatología. Su auditorio lo miraba atentamente y asentía, dando la razón sobre la similitud entre aquellas situaciones críticas y la tragedia ocurrida en Bs. As. Damnificados, políticos y expertos creían por igual que los conocimientos y mecanismos de atención aplicados por la Red UNESCO en otros contextos traumáticos podían viajar por encima de las fronteras nacionales, traspasándolas, y ser replicados en nuestro país (cf. Zenobi, 2017).

Una vez definido y caracterizado el problema, el experto habló de cual sería la función de la Red: ‘[E]star al lado de los sufrientes e informar para que los que toman decisiones, tomen las mejores, solo informamos. Somos un monitor de la situación’. Explicó que en tanto monitor que refleja la realidad a los decisores que actúan sobre ella, ellos asesorarían al Estado porteño sobre la gravedad del daño sufrido en cada caso y sobre la pertinencia de continuar cobrando (o no) el subsidio. Mientras que durante el primer Programa (de Atención a las víctimas), el subsidio había sido prorrogado año tras año como producto de una decisión política, ahora, con el nuevo programa (de Atención integral a los damnificados), la decisión final estaría fundamentada profesionalmente. Pero, aclaraba el especialista en catástrofes, la decisión final sería tomada por los políticos.

Tanto en el caso del político como en el de los expertos, asistimos a la producción de una frontera, la actualización de una distinción interesada y socialmente construida. Allí el experto aparece como ‘el agente que tiene el último recurso, la autoridad legítima para definir las categorías de clasificación de los individuos y para reconocer en estos últimos los síntomas y los indicios correspondientes a estas categorías’ (Lenoir 1993: 91), a la vez que su relación con el mundo de la política es ‘una relación de servicio: el experto no se constituye en ‘el que decide’. Él transmite un consejo’ (ibid.). Su vocación de intervención y transformación del mundo real se realiza reivindicando una cierta autonomía y diferenciación del campo de la política, y ello guarda coherencia con el hecho de que actúe desde organizaciones que son autónomas en relación a los gobiernos y Estados locales.

Como he señalado, creo que la expertise no es un dominio ‹autónomo› sino que sus agentes se encuentran imbricados en una multiplicidad de relaciones sociales, políticas, emocionales, etc., que modelan sus prácticas e intervenciones. Es desde ese lugar que ‘al mismo tiempo que orienta la acción política, económica o social, el conocimiento experto legitima y moraliza un curso de acción’ (Morresi & Vommaro 2011: 24) entre los posibles. Al respecto debe destacarse el notable hecho de que la segmentación avalada por los expertos en catástrofes de la Red-UNESCO que formaban parte del Comité sólo estaba dirigida a los sobrevivientes: no había segmentación para los familiares. Las consecuencias padecidas por la pérdida de un hijo no aparecían como cuestiones susceptibles de ser medidas a través de una escala. Como he enfatizado más arriba, en los diversos programas de atención el dolor de los familiares, su vulnerabilidad, eran consideradas como cuestiones autoevidentes. Ellos no necesitaban demostrar sus padecimientos. En cambio, sobreviviente, era considerada como una categoría que abarcaba tipos de padecimientos muy diferentes con impactos heterogéneos sobre la capacidad laboral: de ahí que para ellos existiera la segmentación. De esta manera, puede sostenerse que la segmentación, en tanto distinción al interior de la categoría sobreviviente, mostraba en realidad una segmentación o diferencia de mayor importancia al interior de la comunidad de sufrientes: aquella entre quienes eran considerados como destinatarios de la política de un modo natural y autoevidente por un lado, y por el otro quienes debían seguir un circuito burocrático cada vez más complejo y tecnificado para demostrar padecimientos, consecuencias, y ser aceptados como tales. Los expertos del comité harían evaluaciones que serían la base técnica y científica para precisar la segmentación según la gravedad de cada caso. Pero esto tendría otras consecuencias: a través de esas intervenciones ellos contribuirían a producir y reproducir representaciones sobre familiares y sobrevivientes como víctimas/damnificados de diferente tipo.

Como he mencionado, como parte de un proceso global, la producción de un cierto efecto de legibilidad (un saber sobre las poblaciones) no está limitado a los gobiernos que conducen los Estados. En cambio, actores centrales en ese proceso son los organismos multilaterales, transnacionales, las ONGs, etc. Así, si bien, como han señalado Plotkin y Zimmerman (2009), los saberes de Estado son producidos y transmitidos por elites técnicas estatales, puede haber situaciones en las que tales formas de conocimiento sean producidas por actores ajenos a su órbita. En este escenario particular al que me estoy refiriendo, la despolitización de la acción de los expertos era un valor sostenido por la normativa estatal, por el funcionario político así como por los propios especialistas. A través de la actualización de la frontera que los separaba, unos y otros mostraban su interés en legitimar la intervención del Estado en un contexto en el que el mismo estaba puesto en cuestión.

Conclusiones: Más allá de la técnica. Expertos, políticas y representaciones sociales

Como he señalado en la introducción los eventos socialmente definidos como críticos son productos humanos en tanto y en cuanto el carácter trágico de los mismos es consecuencia de un proceso colectivo de definición. Creo que las políticas públicas contribuyen fuertemente a modelar la percepción social sobre las cuestiones a las que definen como problemáticas brindando una interpretación y definiendo las soluciones posibles y, por eso mismo, he tratado a los programas de atención destinados a las víctimas del incendio como elementos activos en la producción y reproducción de representaciones sobre la tragedia de Cromañón.

Como ha señalado Lenoir, las políticas públicas tienen un carácter político sobre todo por lo que hace al ‘trabajo de reconocimiento, de unificación y de oficialización, en suma, de normalización, que define en gran parte a la acción política estatal’ (Lenoir 1993: 86). En este caso, ese proceso implicó la definición estatal en la letra del Programa de atención a las víctimas respecto de quienes eran las víctimas del incendio de Cromañón así como la diferenciación entre las mismas. En base a una valoración diferencial de la experiencia de los familiares y de los sobrevivientes la política pública, trazó caminos distintos para unos y otros. La valoración del sufrimiento de los padres de los fallecidos descansó en lo que Bourdieu llamó ‘la ley tácita (nomos) de la percepción y de la práctica’ (1997: 29) que está en el fundamento del consenso acerca del sentido que le damos a los vínculos familiares. Esa diferencia entre familiares y sobrevivientes se profundizó con la incorporación al siguiente Programa de atención integral a los damnificados, de aquellos expertos que se desempeñaban en organizaciones ajenas al gobierno local.

Estos especialistas contribuyeron de diferentes modos a la puesta en marcha de la política pública que tenía como objetivo la segmentación. Por un lado, los estadísticos mostraron a través de diversos recursos técnicos la extensión cuantitativa y temporal del incendio cuyas consecuencias aún eran padecidas por los afectados. Sin embargo, dadas las variaciones posibles, las consecuencias del incendio debían ser chequeadas y mensuradas en cada caso a través de la información recogida por el formulario de registro diseñado para el relevamiento. Esto contribuiría a realizar una segmentación adecuada a la situación real de cada sobreviviente. Los expertos en catástrofes de la Red UNESCO, que formaban parte del Comité de expertos propuesto por el programa de atención explicaron en qué sentidos estos afectados eran damnificados y avalaron la segmentación sobre la que ellos tendrían la palabra final. De esta manera, frente a la naturalización de los familiares como víctimas/damnificados, los expertos de estas instituciones contribuyeron a la especificación de los padecimientos de los jóvenes sobrevivientes y formaron parte de los circuitos de acreditación de los padecimientos que ellos debían recorrer.

A lo largo de los años, y de la mano del ingreso de los expertos, hubo una transformación de la política pública de atención a los afectados por el incendio. Las diferencias introducidas entre uno y otro programa pueden resumirse como se presentan en Tabla 1.

Tabla 1

Cuadro comparativo entre los diferentes programas de atención (cuadro realizado por el autor).

Programa de atención a las víctimas Programa de atención integral a los damnificados

‘víctimas’ ‘damnificados’
‘tareas habituales interrumpidas’ ‘afectación de la aptitud laboral’
‘decisión política’ ‘fundamento técnico/profesional/científico’
sobrevivientes: exigencias limitadas mayores exigencias, ‘segmentación’
familiares: victimas evidentes, exigencias mínimas

La naturalización de los vínculos familiares que calificaron a padres y madres de fallecidos como víctimas/damnificados autoevidentes se dio a través del trabajo conjunto entre Estado, ONGs, políticos y técnicos imparciales. La misma está inscripta al mismo tiempo en la letra legal de los diferentes programas de atención así como en el habitus de los agentes, sean estos expertos o legos. Esto es, si bien aquí estoy sugiriendo que las estructuras estructurantes (políticas públicas, normativas, documentos) fundamentan las percepciones sociales y contribuyen a producir representaciones sobre ‘lo familiar’, al mismo tiempo como categoría subjetiva estructurada, ‘la familia’ es el fundamento de las prácticas de los agentes (expertos, operadores judiciales, funcionarios, etc.) que producen y ponen en marcha aquellas estructuras objetivas. Desde lugares diferentes, los especialistas que participaron de la política de atención contribuyeron a poner en marcha el proceso de segmentación de la asistencia que tuvo como consecuencia una profundización de la brecha entre familiares y sobrevivientes como damnificados.

La eficacia instituyente de las políticas públicas y de los expertos que se desempeñan en ellas es una cuestión que debe ser analizada en cada caso. Y ello porque el trabajo colectivo de institución de ciertas clasificaciones y representaciones sociales es siempre una tarea que puede ser impugnada y contradicha. Así, por ejemplo, el hecho de que ciertas personas sean consideradas como destinatarios del programa por haber sido oficialmente reconocidas como tales, puede ser puesto en cuestión por otras víctimas que las acusan de ser simuladores y de estar falseando esa condición (cf. Zenobi 2014). También puede darse el fenómeno opuesto cuando las narrativas locales de sufrimiento social, entran en conflicto con los modos técnicos, biomédicos y oficiales de reconocimiento de los afectados: algunas personas que no han sido consideradas como víctimas destinatarias de la ayuda pueden reclamar para sí tal estatus discutiendo la clasificación oficial (Silva 2015).

En este trabajo he intentado revelar a través del análisis de un caso, que las decisiones ‘técnicas’ de los expertos consagran (e implican) una cierta normatividad. Así he enfatizado la porosidad de las fronteras trazadas entre conocimiento técnico y sentido común, con el objetivo de hacer visible que la distancia entre uno y otro está fundamentada en torno de fronteras social e interesadamente producidas en situaciones concretas.