Introducción

El debate sigue abierto en el campo historiográfico local respecto de las continuidades y rupturas desde mediados del siglo XX en materia represiva entre gobiernos de facto y gobiernos constitucionales. Mayores son los acuerdos que se han consolidado en torno a que la asunción al poder por parte de la última dictadura militar significó un punto de inflexión en la ampliación de la capacidad e intervención represiva del Estado argentino. Esta última perspectiva apuntalada por los efectos y consecuencias sociales que dejó el terrorismo de Estado, cautivó durante largo tiempo, no solo a la opinión pública sino el esfuerzo de la mayoría de las investigaciones provenientes de las ciencias sociales. Sin embargo, produjo un desbalance al situar exclusivamente bajo la lupa del análisis lo sucedido en la faz clandestina de la represión (Mignone 1981; Mignone y Conte Mc Donell 2006). El carácter a primera vista excepcional de lo sucedido invisibilizó los procesos precedentes que llevaron al establecimiento del terrorismo estatal, y sesgó, por lo tanto, el estudio de las múltiples líneas de relación existente entre la represión legal e ilegal.1

En los últimos años, sin embargo, hemos asistido a una transformación de las memorias sociales, y junto a ello, una nueva generación de investigadores ha manifestado un creciente interés por renovar las preguntas historiográficas. La posibilidad de formular nuevos interrogantes tomó cuerpo en los diferentes objetos de estudio vinculados al terrorismo estatal al enfocarse en las complejas fronteras entre lo legal y lo ilegal, las dinámicas entre ambas, y fundamentalmente, en el modo articulado en que la represión política se llevó adelante (Sarrabayrouse Oliveira 2003; Tiscornia 2004; Villalta 2005; Garaño 2008; Águila 2008; Sirimarco 2009; D’Antonio 2010; Eidelman 2010; Franco 2012).

Por otro lado, en distintos países del mundo con tradiciones jurídicas diversas se han registrado en las últimas décadas procesos de reforma de los sistemas de justicia militar. Si bien en alguno de ellos se ha limitado su ámbito de competencia por medio de normas constitucionales, en otros se ha jerarquizado el papel de los magistrados civiles en la composición de los tribunales castrenses, y en tan sólo un puñado se han suprimido los fueros militares, quedando a disposición de la justicia civil los miembros de las Fuerzas Armadas que hubiesen cometido delitos.2

Estos procesos de reforma produjeron numerosas reflexiones en los ámbitos parlamentarios y en el campo jurídico y de la ciencia política. La historiografía, sin embargo, se ha mostrado menos interesada en indagar en las áreas de la justicia militar comprometidas con la sanción de delitos contra la seguridad nacional, así como en los vínculos que estos fueros entablaron con otros instrumentos represivos de esta etapa.

En este artículo me propongo aportar al conocimiento de la represión política examinando el funcionamiento de los Consejos de Guerra o tribunales militares que actuaron en los límites legales de la última dictadura, así como su apuntalamiento de un orden jurídico autoritario.3 Si bien estos tribunales fueron concebidos hacia fines del siglo XIX como fueros diferenciados destinados a mantener la disciplina de las Fuerzas Armadas, desde comienzos de la década del sesenta, luego en los primeros setenta, y especialmente desde marzo de 1976, desafiando a las leyes constitucionales, se convirtieron en cuerpos extrajudiciales concentrados en acusar y enjuiciar a civiles por medio de la figura del delito político. Es sabido que el Estado nacional incluyó históricamente dentro de su agenda de tareas, la represión a la actividad política opositora (Ruibal 1993; Aguirre y Salvatore 1996; Caimari 2004; Di Liscia y Bohoslavsky, 2005). Sin embargo, lo que se convirtió en una novedad desde fines de la década de los sesenta, ya en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, fue la relación que se articuló entre el delito político y la figura del enemigo interno. Si en una primera versión este se materializó en las fuerzas políticas organizadas de la izquierda marxista o peronista, en los años de la última dictadura se amplió hasta alcanzar a cualquier sujeto o grupo que tuviese ideas contrarias al programa defendido por las Fuerzas Armadas.

Me interesa demostrar además que en los primeros años del Proceso de Reorganización Nacional, entre 1976 y 1979, la junta que administró al país le dio al poder judicial castrense un especial protagonismo. Y si bien no debemos soslayar la particular gravitación que tuvo la represión extralegal y clandestina en el disciplinamiento del activismo político y social, es posible afirmar, que los tribunales militares cumplieron un rol significativo al contribuir con la judicialización de la represión política, con la redefinición de una legalidad autoritaria y con una nueva racionalidad política.

En una primera sección presento algunos aspectos básicos de la justicia militar, el rol de los tribunales militares y sus atribuciones con el propósito de acercar a los lectores y a las lectoras a un encuadre de su funcionamiento. En la siguiente sección pondero los antecedentes históricos del uso de comisiones militares ad hoc para procesar a civiles inculpados de infringir la seguridad nacional desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. En un tercer apartado ordeno y jerarquizo los elementos jurídicos que favorecieron el armazón legal que permitió que en los años de la última dictadura militar, las autoridades judiciales civiles cedieran el control casi completo de la judicialización de la represión política a las Fuerzas Armadas. Luego me detengo en la caracterización y funcionamiento de estos tribunales durante este período y recorro sucintamente los elementos recursivos que la defensa oficial o los abogados defensores de los presos y presas políticos presentaron ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) en busca de resquicios de legalidad y espacios de negociación política.4 En una última sección expongo algunos datos cuantitativos que permiten conmensurar la actividad de estos consejos, y a modo de cierre, ordeno y jerarquizo los argumentos desarrollados a lo largo del artículo.

Las fuentes reservadas del fondo documental CONSUFA no son concebidas como simples depositarias de la verdad porque entre otras cuestiones fueron generadas por los propios agentes de la represión (Da Silva Catela, 2007: 203–4). Consecuente con ello y en el marco de una observancia epistemológica, he contrastado estos documentos con otros originados en la actividad de los organismos de derechos humanos locales, en las instituciones veedoras internacionales en esta materia, en diferentes publicaciones periódicas y en los fallos de la justicia ordinaria.

Derecho penal militar y tribunales militares

La justicia militar se organizó hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX en la Argentina por medio de diferentes códigos que contienen normas administrativas, disciplinarias, penales y procesales aplicables al conjunto de las Fuerzas Armadas.5 Esta modernización y especialización se llevó a cabo en el marco de un Estado nacional que tenía unas pocas décadas de existencia y que tuvo por finalidad tanto apuntalar un espacio de legitimación corporativo como mantener el orden y la disciplina de una institución que comenzaba a percibirse a sí misma como apartada del resto de la sociedad.6

Dentro del conjunto de medidas que impulsó el Estado nacional en esta etapa se destacó la implementación de un sistema particular de justicia devenido del derecho penal castrense que organizaba el castigo a través de las figuras surgidas del Código de Justicia Militar (CJM) y de otras leyes o bandos de la misma institución.

Los delitos militares, a diferencia de cualquier falta reglamentaria, se arbitraban únicamente en tribunales castrenses con procedimientos judiciales específicos. Estos tribunales tuvieron un protocolo y una actuación diferenciada según fuesen organizados en tiempos de paz o en tiempos de guerra. Los tribunales en tiempos de paz se conformaban por consejos permanentes y no permanentes. Mientras los primeros eran para oficiales y suboficiales; los segundos incluían a oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales y tropas, y se constituían únicamente en situaciones puntuales descriptas en el Art. 45 del CJM.7 Los Consejos de Guerra en tiempos de paz funcionaban en tanto como tribunales en primera instancia y el procedimiento preveía una etapa de investigación y otra de juicio. En la primera se incluían: La instrucción, las declaraciones indagatorias y de testigos, la presentación de pruebas documentales y una fase de finalización por medio del sobreseimiento o la elevación a juicio. La segunda etapa de juicio plenario conllevaba: La acusación; la defensa; la sentencia; los recursos procesales interpuestos, la apelación ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y finalmente la ejecución de la sentencia.

La organización de los tribunales militares en tiempos de convulsión o guerra no variaba sustancialmente a la de los tiempos de paz, por cuanto el CJM sólo contemplaba la constitución de estos consejos especiales, únicamente en el caso de que no preexistiesen los permanentes. Este consejo especial podían instalarse en plazas de guerra, puestos militares o bases aéreas y tenía competencia ante las fuerzas de operaciones (unidad militar entrenada para llevar a cabo misiones de combate de acción directa e indirecta) que era ejercida por los comandantes en jefe o jefes de fuerza. Sin embargo, en el territorio donde se desarrollaban las acciones bélicas o teatro de operaciones, la autoridad era practicada por gobernadores, jefes militares o comisarios de policía de las Fuerzas Armadas.

La diferencia sustancial respecto del tribunal militar en tiempos de paz resultaba del procedimiento judicial, pues si bien se mantenía la etapa de investigación, el juicio se desarrollaba de manera oral a veces hasta en el mismo escenario del conflicto con el objeto de acelerar los tiempos procesales y brindar a los tribunales de cada una de las fuerzas una mayor autonomía. La particularidad de un tribunal castrense residía además, como veremos más adelante, en la severidad de las penas aplicadas.

¿Quienes podían ser juzgados por los tribunales castrenses? En tiempos de paz estaban involucrados aquellos que voluntariamente formaban parte de la fuerza militar; los que estaban obligados por la ley de defensa nacional como los conscriptos o los que eran llamados de urgencia por eventuales conflictos bélicos o de conmoción interior;8 también los alumnos de institutos y escuelas militares; los que cumplían condenas en dependencias de las Fuerzas Armadas como puede ser el caso de los militares destituidos, y finalmente los militares retirados. Sin embargo, en tiempos de guerra esta jurisdicción se ampliaba hasta alcanzar al ciudadano común como es el caso sin distinción de sexo de los empleados de mantenimiento de las distintas dependencias de las Fuerzas Armadas; los prisioneros de guerra; las personas que acompañaban a las Fuerzas Armadas a la “zona de operaciones” como puede ser un corresponsal de guerra; y los particulares, que en las bases navales y aéreas, puerto, estaciones ferroviarias, establecimientos industriales, talleres o depósitos aplicados a la producción de materiales de guerra, hubiesen cometido cualquier delito previsto en el CJM, como el ataque a un cuartel o que en cualquier otro lugar declarado zona de guerra, donde se hubiese perpetrado un acto de violencia contra un centinela (González Ramírez y Fernández 1986).

Lo primero que surge de esta descripción es que en el CJM estaba prevista la posibilidad de que los tribunales militares juzgasen a la población civil. Sin embargo, esta actuación no ocurría en cualquier momento, nos preguntamos entonces: ¿En qué circunstancias podía suceder? Principalmente en los períodos de fuerte conflictividad social cuando era apremiante contener a la población civil con instrumentos propios de la represión política y cuando se aplicaba una legislación de carácter “excepcional” que tenía por finalidad resolver con celeridad los hechos penales, como por ejemplo, bajo un Estado de sitio o un gobierno militar.9

El uso recurrente de la justicia militar para penalizar a la población civil ha dejado planteados en los debates jurídicos y políticos abocados a tratar el tema, al menos dos interrogantes centrales. El primero nos remite a la discusión de si los fueros militares reúnen o no las condiciones de independencia, imparcialidad y competencia que al menos en teoría poseen los fueros de la justicia civil. El segundo gira en torno a la legitimidad de que se penalice un bien jurídico propio del CJM pero transgredido en este caso por personas que no poseen estado militar. Algunos especialistas en materia jurídica han señalado que la mera existencia de un fuero militar supone en sí mismo un alto grado de autonomización de las Fuerzas Armadas respecto del resto de la sociedad. Siguiendo en este punto al penalista Eugenio Zaffaroni, al surgir un sub sistema penal que apela a distintas medidas extraordinarias como los decretos de Estado de sitio, leyes de seguridad nacional o comisiones especiales, la autonomización de las Fuerzas Armadas se refuerza aún más (Zaffaroni, 2001). Este autor explica además que “en la práctica ninguna banda criminal de las que usurpó el poder estatal en momentos de euforia del estado de policía, prescindió totalmente del poder judicial, porque no sería concebible, dado que sería una situación de completa ingobernabilidad” (Zaffaroni 2001: 51). Resulta imperioso para el Estado en estas circunstancias recurrir a una instancia que legitime ciertas prácticas aunque estas sean anómalas per se.

El proceso histórico y social específico en el que se desarrolló la justicia militar implicó un campo de confluencias de procedimientos, recursos y actores e incluso de la superposición e imbricación contradictoria con los poderes de la jurisdicción civil a lo largo del tiempo. Veamos estas relaciones en el próximo apartado.

La extensión de la jurisdicción militar al ámbito civil antes del golpe de 1976

La existencia de un fuero militar que invista la prerrogativa de juzgar a la población civil generó en la Argentina, desde tiempos muy antiguos, numerosas polémicas. Esto ha sido así a pesar de que en la Constitución Nacional se prohíbe explícitamente la extensión de la jurisdicción militar a la población civil, siendo los Consejos de Guerra encuadrados sólo como comisiones especiales, designadas únicamente por el presidente de la Nación, en tanto comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.10

Hacia finales del siglo XIX en las sesiones parlamentarias que precedieron a la sanción de la ley de códigos militares, la discusión entre los legisladores se centró en que, la mera existencia de los tribunales castrenses colocaba en entredicho a la separación de poderes y al Estado de derecho mismo. Se sostuvo también, invocando a la carta magna, que en la Argentina no había órganos dependientes del poder ejecutivo que pudiesen llevar adelante funciones judiciales ni comisiones especiales que juzgasen a los ciudadanos comunes, porque estos sólo se debían a sus jueces naturales e inamovibles. Otras argumentaciones dentro del recinto pusieron en tensión, además, la legitimidad de que el fuero castrense juzgase a los militares que hubiesen cometido tanto delitos comunes como delitos políticos por ser tipologías penales no incluidas en el CJM (Fazio 2005: 7–8).

Una extensa bibliografía jurídica producida en los últimos cincuenta años retoma algunas de estas ideas y propone otras con el propósito de cuestionar la validez o la vigencia de los tribunales castrenses.11 Ejemplo de ello son algunos de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en donde los altos magistrados dejaron en claro que estos tribunales no formaban parte del poder judicial, debiendo circunscribirse solamente a juzgar a aquellas personas que infringiesen delitos previstos por el Código Justicia Militar. En otras etapas históricas del país, la misma institución, sin embargo, dio lugar a fallos en donde aceptaba la extensión de la jurisdicción militar a la población civil en tanto estuviese en peligro la preservación del Estado mismo.12 Algunos juristas han considerado a los tribunales militares como órganos del poder ejecutivo que ejercen funciones por delegación y otros los han encuadrado como simples tribunales administrativos. Finalmente, están quienes han expresado una perspectiva menos técnica y más acentuadamente política al afirmar que estos tribunales ejercen la jurisdicción penal no como una simple actuación disciplinaria sino como ejercicio de “una justicia con atributos de plenitud cuyas sentencias adquieren vigor de cosa juzgada…”, marcando el nivel de soberanía y de tensión del fuero militar respecto del derecho penal civil y su consecuente contradicción con el Estado de derecho (Sagués 1984: 112). En la palestra internacional, por su parte, la Corte Interamericana también insistió en la necesidad de limitar la actuación de la justicia militar en la esfera civil, con el argumento de que “en un Estado de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional [debiendo] estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares”.13

A pesar de los desajustes entre los textos doctrinales y las comunicaciones teóricas de reputados juristas, la fuerza alcanzada por las Fuerzas Armadas en los asuntos políticos desde los años treinta y más particularmente desde mediados de los cincuenta, llevó en diferentes oportunidades a la instauración de fueros militares para juzgar a ciertos sectores de la población civil.

Un breve recorrido histórico sobre la incidencia de los tribunales militares desde mediados del siglo XX dará una idea sobre esta recurrencia. El primer antecedente de extensión de la jurisdicción militar al ámbito civil fue en el año 1948, cuando bajo el gobierno de Juan Domingo Perón (1946–1955), se sancionó la ley sobre “Organización general de la Nación en tiempo de guerra”.14 Esta legislación se aplicó muy especialmente durante la huelga de los ferroviarios de los años 1950–1951 en la que Perón instigó a los trabajadores al decirles que: “el que vaya a trabajar, estará movilizado, y el que no vaya será procesado e irá a los cuarteles para ser juzgado por la justicia militar, de acuerdo con el código de justicia militar”. El saldo de estos episodios fue la detención y el procesamiento de 300 activistas (Gambini 1999).

El siguiente hito fue en el año 1958, durante el gobierno de Arturo Frondizi (1958–1962), cuando en el marco de la puesta en marcha de la Doctrina de Seguridad Nacional, el primer mandatario estableció el Estado de sitio y la intervención militar a distintos gremios y numerosas detenciones a dirigentes obreros petroleros, ferroviarios, madereros, textiles, químicos, bancarios y de la carne.15 A este instrumento represivo se le sumó una ley que agravaría ciertas figuras del Código Penal (especialmente los artículos Nº 211 y 212) como por ejemplo el castigo por el empleo de armas de fuego y el acopio y tráfico de explosivos.16 Bajo esta misma presidencia, el 13 de marzo de 1960, se ejecutó el Plan de Conmoción Interior del Estado (CONINTES) declarando zona militar a los cordones industriales del Gran Buenos Aires y a otros emplazamientos del interior del país. Por medio del CONINTES se le otorgó a las Fuerzas Armadas la facultad para allanar lugares de trabajo, detener activistas e instalar Consejos de Guerra.17 Tan sólo dos días después, y con la excusa de un acto perpetrado por el grupo guerrillero de nombre Uturuncos que operaba en el norte del país, se declaró la situación de emergencia, castigando a todos los presuntos autores de delitos de intimidación pública y algunas otras formas de seguridad común como la rebelión, la sedición y el espionaje.18 El resultado en este caso fue la detención de 2.000 trabajadores y el procesamiento y condena a altas penas de prisión de 111 de ellos.19 El Plan CONINTES operó como una maquinaria jurídico-militar encargada de encarcelar a militantes políticos, desarticular organizaciones de base, y dejar cesantes a los obreros activistas. El propósito de darle injerencia a las Fuerzas Armadas era frenar la actividad política y sindical irreverente de trabajadores tanto comunistas como peronistas. Si bien los militares tuvieron en este momento el control de la represión interior no alcanzó a tener el carácter generalizado que tendría tan solo unos pocos años después.20

En congruencia con este decreto, pero ahora en el marco de la justicia federal, se aplicó al poco tiempo una ley penal especial de “Represión de las actividades terroristas” que no pretendía reprimir delitos aislados sino eliminar una lógica sediciosa de carácter integral.21 Con esta norma se estableció, por un lado, el sometimiento de los infractores a la justicia federal bajo procedimiento sumario, y por otro, la disposición de que las causas originadas en los Consejos de Guerra se tramiten y fallen según la situación de emergencia. El propósito de esta normativa era penalizar el ataque a la seguridad común tanto en la forma de proposición como de conspiración, incrementando además los castigos respecto del código penal vigente.

Posteriormente bajo la dictadura del general Juan Carlos Onganía (1966–1970), se aplicó la ley de Defensa Nacional que creaba un Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para la Seguridad.22 Esta ley que fue la piedra angular del sistema represivo del Estado argentino por más de dos décadas, no admitía la extensión en forma directa de la justicia militar a la población civil. En su texto se explicita que en caso de guerra o conmoción interior, habiéndose definido un teatro de operaciones, los jueces civiles debían mantener su competencia y los jueces militares “limitar su acción a restablecer el orden, prestar auxilios e intervenir en la coordinación de esfuerzos”. Sin embargo, dejaba una puerta abierta al contemplar la existencia de un servicio de defensa civil en el que los ciudadanos podrían asumir obligatoriamente un estado militar si la defensa nacional estuviese en riesgo.23

No obstante cuando se intensificó la lucha de clases por las rebeliones obreras y populares de mayo del 1969 que desafiaron gravemente a la dictadura militar en las ciudades de Corrientes, Rosario y Córdoba, se volvieron a implementar los tribunales militares con el fin de detener, juzgar y condenar a numerosos dirigentes obreros a severas condenas.24 Como en una suerte de marcha y contramarcha, una vez establecida esta política de shock, en junio del mismo año el gobierno ordenó el cese de la actividad de todos aquellos tribunales que no hubiesen emitido aún sus fallos.25 Esta revocación estuvo vinculada a la debilidad relativa a la que quedó sometido el gobierno del general Juan Carlos Onganía luego de los estallidos populares provinciales. Por lo que un nuevo reparto de responsabilidades respecto del tratamiento de los acusados de delitos contra la seguridad nacional fue lo que determinó el pase de manos de los tribunales militares a la competencia federal. Así en mayo de 1970 se instauró una instancia única para juzgar delitos cometidos contra establecimientos o instalaciones de utilidad nacional, sobre todo aquellos instigados por provocar un alzamiento o resistencia a la autoridad y los efectuados durante las huelgas generales o paros parciales.26

Luego de otra protesta social masiva ocurrida en marzo de 1971 en la ciudad de Córdoba, conocida con el nombre de segundo Cordobazo o Viborazo, se creó la Cámara Federal en lo Penal de la Nación que tuvo una duración de dos años y estableció una instancia única para juzgar a los delitos de subversión bajo la modalidad del juicio oral sumario.27

Por último, ya durante el gobierno de origen constitucional de María Estela Martínez de Perón (1974–1976) fue la ley de “Seguridad Nacional y Actividades Subversivas”, más que los tribunales militares, el instrumento jurídico que se erigió como una amenaza contra ciudadanos acusados de intentar o exaltar por cualquier medio, la alteración o supresión del orden institucional y la paz social de la nación.28

En síntesis, el repaso por las diferentes experiencias históricas desde los años cincuenta y hasta los comienzos de la última dictadura militar a mediados de los años setenta, permite afirmar que el marco legal para desalentar o para perseguir directamente el delito político fue en esta etapa todavía mixto pues gobiernos constitucionales y castrenses utilizaron indistintamente instrumentos de la justicia militar y de la justicia federal. Si bien en todos los casos la apelación a la justicia militar significó la disminución de las garantías constitucionales, los tribunales militares de los años 1960 y 1969, comparados con los que se implementarán a partir del golpe de Estado de 1976, tuvieron competencias limitadas y se circunscribieron, como ya se ha sugerido, a episodios puntuales de alza en la lucha de clases.

Es preciso señalar también que el gobierno que se erigió en marzo de 1976 lo hizo como el máximo órgano político del Estado por lo que no sólo suspendió la Constitución Nacional e interpuso una serie de objetivos supra constitucionales plasmados en un estatuto y una serie de actas de gobierno, sino que además reemplazó al parlamento con una activa comisión asesora en materia legal (CAL). Este organismo promovió un cúmulo de decretos leyes sustantivos en materia penal y una reforma del código que junto a la importancia concedida en esta etapa a los Consejos de Guerra, reformularon en conjunto el manejo de la represión penal legal.29

La construcción de un nuevo orden jurídico a partir de 1976

El gobierno militar desde el mismo día del golpe de Estado, recuperando la reglamentación previa, asignó formalmente a la justicia militar la persecución y sanción de los delitos contra la seguridad del Estado por medio de la instauración de los Consejos de Guerra Especiales en todo el territorio nacional.30 Estos consejos fueron utilizados para legalizar procedimientos que promovían condenas extraordinarias para quienes “incitaren a la violencia y/o alterasen el orden público”, y reclusión perpetua o pena de muerte para quien “mediante incendio, explosión u otro medio análogo creare un peligro común para personas y bienes”. Las penas se elevaban aún más si se producían incendios u explosiones intencionales llegando a aplicarse la reclusión perpetua o la pena de muerte de conformidad con el CJM. En su artículo N.° 5, este código reglamentaba y autorizaba al personal de las fuerzas de seguridad a reprimir de manera directa con armas de fuego toda resistencia a la autoridad. Se sostenía, asimismo, por medio del artículo N.° 9, que el juicio sumario en tiempos de paz, solo podría tener lugar:

“cuando sea necesaria la represión inmediata de un delito para mantener la moral, la disciplina y el espíritu militar de las Fuerzas Armadas y cuando se trate de delitos graves como traición, sublevación, motín, saqueo, vías de hecho contra superiores, ataque a guardia y asesinato de centinela” (Reynoso et al 1982: 12).

Si bien se dotaba al presidente de la Nación de la potestad de autorizar la organización de estos tribunales especiales en tiempos de guerra mientras no existiese previamente un consejo permanente, estos sólo podían funcionar con las prerrogativas y los requerimientos de un consejo en tiempos de paz. Pero lo cierto es que los tribunales especiales de esta etapa histórica se desarrollaron en todos los casos con la premura de una situación de excepción. En una entrevista ofrecida por el general Tomás Sánchez de Bustamante y publicada por el diario La Capital de la ciudad de Rosario, se sintetiza su concepción práctica de la lucha contra la subversión, subrayando la necesidad de apoyarse justamente en la experticia de los Consejos de Guerra. Dijo lo siguiente:

“el terrorismo es un hecho de excepción…. [y que] hay normas y pautas jurídicas que no son de aplicación [como], por ejemplo, el derecho al ‘hábeas corpus’. En este tipo de lucha, el secreto que deben envolver las operaciones especiales hace que no deba divulgarse a quién se ha capturado y a quién se debe capturar; debe existir una nube de silencio que rodee todo y esto no es compatible con la ‘libertad de prensa’”. 31

Añadió además que “el estilo de la justicia ordinaria tampoco es compatible con la celeridad y la gravedad con que deben ser juzgados estos casos […] y se requieren remedios de emergencia”.32 Las palabras de Sánchez de Bustamante dejaban en claro cuáles eran las características centrales que debía tener el accionar militar en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional: El secreto riguroso en las líneas de investigación, los métodos irregulares para obtener información y la necesidad de una justicia sumaria para con los acusados.

El agravamiento de los procedimientos judiciales también estuvo presente en una batería de decretos-leyes anunciada en los primeros días después del golpe de marzo de 1976. Si unos exigían aplicar penas más inclementes que las ya existentes en el Código Penal (CP) para los casos de tenencias de arma y pólvora, fabricación o transporte de estas,33 otros aumentaban directamente la reclusión hasta 15 años en caso de que se ejerciese violencia contra cualquier miembro de las fuerzas de seguridad. También se podía fijar la pena de muerte si la acción incluía el ataque a un cuartel, a una base naval o a cualquier dependencia de las Fuerzas Armadas donde hubiese bajas.34

Los cambios introducidos al CP por decreto ley del 1 de julio de 1976 tuvieron como objetivo recuperar y profundizar el espíritu de la reforma penal del año 1968.35 Lo que implicó básicamente un nuevo aumento de los castigos y el sobredimensionamiento, una vez más, de las figuras delictivas.36 Observa Raúl Escobar, comisario retirado de la Policía Federal y oficial de inteligencia, que lo más relevante de esta reglamentación fue la modificación de la figura de la asociación ilícita ya que no era determinante haber cometido el delito sino haberse asociado con otros para intentar hacerlo. Pasaba a ser punible la “intencionalidad preparatoria” con independencia de la ejecución de los hechos (Escobar 1984: 106). En la misma línea señala el jurista David Baigún, que de todas las normativas aprobadas prontamente por el nuevo gobierno de facto, ésta fue la que exhibió con claridad los términos amplificados de sus penas y una laxitud superior en el encuadre de la tipología del delito (Baigún 1977: 8–10).

El conjunto de estos decretos se caracterizó por un lado, en el aumento del rigor penal y por el otro, la expansión de la aplicabilidad del Código de Justicia Militar (CJM) sobre la jurisdicción del poder judicial ordinario. Aún más, en noviembre de 1976, se dispuso que los delitos subversivos quedaran bajo la competencia de los Consejos de Guerra Especiales Estables apuntando a crear una suerte de sistema jurisdiccional castrense en paralelo al de la justicia federal.37 Se sostuvo en efecto que lo que se esperaba era una mayor rapidez y severidad en los juicios a civiles que incurrieran en “actividades subversivas”. Un diario bonaerense así lo relataba:

“Se crearon los Consejos de Guerra Especiales Estables que tendrán a su cargo el conocimiento y juzgamiento de los delitos guerrilleros y los actos relacionados con ellos (…) serán puestos en funcionamiento en la medida en que resultare necesario por los comandantes de zona y subzona del Ejército o sus equivalentes de la Armada y la Fuerza Aérea (…) son casos de competencia de estos tribunales los delitos comprendidos en dos tipos de supuestos: aquellos que se cometen en lugar militar, por una parte y aquellos que se cometan contra la persona, libertad e integridad física de personal militar, de seguridad, policial, penitenciario, cualquiera fuese su situación de revista, se hallaren o no cumpliendo actos o comisiones de servicio y fueran realizados con motivaciones o fines subversivos”.38

En este decreto se definió en su artículo Nº 1 el alcance de las personas que quedarían sujetas a juzgamiento de tribunales militares por incurrir en hechos o situaciones ilícitas previstas en el CJM. La competencia de los Consejos de Guerra incluía ahora nuevos delitos ya previstos en el CJM como el de rebelión (N.° 647), insubordinación (N.° 669), insulto a miembros de las FF. AA. (N.° 671), motín (N.° 693), etc., y algunos otros del Código Penal, tal como el asesinato con alevosía (N.° 80). Al mismo tiempo, su capacidad abarcaba los actos delictivos sucedidos en instalaciones militares o de las fuerzas de seguridad o contra su personal o bienes patrimoniales.39 Por medio de esta norma se facultaba a los comandantes de zona y sub zona a poner en funcionamiento a todos aquellos Consejos de Guerra que resultasen necesarios, así como a designar a los miembros pertinentes para su conformación (Rivas y Lopes 2007).

Este decreto fue reforzado con otro, que modifica parcialmente la ley Nº 20.840 de Seguridad Nacional ya citada, que reprime severamente con penas que van desde la pérdida de la ciudadanía en el caso de extranjeros hasta la prisión inmediata para activistas de huelgas declaradas ilegales o para quienes hubiesen saboteado servicios esenciales para la comunidad.40 El mismo día se redactó otra normativa que “faculta la investigación de los delitos de carácter subversivo por la Policía Federal, policías provinciales, gendarmería nacional, prefectura naval o Fuerzas Armadas”, como autoridades preventoras (Reynoso et al 1982: 8).41 Por medio de esta disposición se sometía además a juicio del tribunal, a aquellas personas que introdujesen indebidamente material explosivo en buques o aeronaves y también las infracciones cometidas por personal civil en aeronaves o buques que estuviesen bajo órdenes militares. Es importante destacar que en el cuerpo reglamentario de este decreto se explicaba que si un mismo delito fuese penado por distintos códigos o leyes se debía aplicar siempre el que contuviere la pena más gravosa de todas.

Como se puede observar, en un tiempo perentorio, la Junta Militar diseñó un dispositivo represivo en el que puso en funcionamiento una serie de instrumentos en donde la justicia militar ocupó un lugar cada vez más central. En esta nueva fase de la historia argentina, y en el marco de un gobierno que tenía en la mira una contraofensiva ideológica sin precedentes, la consolidación de la jurisdicción militar para el castigo del delito político y el retiro a primera vista de los jueces civiles, acarreó una reestructuración de lo legal. Esto estaba en congruencia con una nueva concepción del mundo que se pretendía tanto imponer como difundir y que no fue un mero impulso restaurador de un orden perdido sino creador de uno nuevo.

Lecturas sobre el funcionamiento de los Consejos de Guerra

Desde el año 2007 luego de que se anularan las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida se desarrollaron en la Argentina distintos juicios por violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.42 En este marco se investigó –y se sigue investigando- el desempeño que durante la última dictadura tuvo el personal militar que participó en los Consejos de Guerra.

Distintos representantes de la escena judicial han explicado que los tribunales que funcionaron desde el año 1976 oficiaron como instrumentos paródicos del acto de juzgar con el propósito de “blanquear” detenciones originadas en los centros clandestinos de detención. Esta posición se pronunció por ejemplo en el juicio oral que comenzó en la ciudad de Bahía Blanca contra ocho miembros de las Fuerzas Armadas por su participación en junio de 1977 en el Consejo de Guerra Especial Estable de la sub zona de defensa del V Cuerpo del Ejército a cargo del general Abel Catuzzi. Los fiscales a cargo de la investigación sostuvieron que con los tribunales castrenses el régimen militar “garantizó el ocultamiento del secuestro y las torturas y la continuidad del cautiverio por medio de la teatralización de un procedimiento judicial”.43 Una visión análoga manifestaron los agentes estatales que llevaron adelante el ejercicio de la acción penal pública en torno a la detención, maltrato y tortura de dos presos políticos que permanecieron detenidos en la Brigada de Investigaciones y en la Alcaidía del Chaco.44 Este tribunal militar fue para los miembros del Ministerio Público Fiscal “un instrumento utilizado para trastocar lo ilegal en una aparente legalidad, resultando una variante más de la última fase en la secuencia delictiva del modus operandi desplegado por las Fuerzas Armadas y de seguridad en la alegada lucha contra la subversión”.45 Una posición similar sostuvo el Dr. Daniel Rafecas a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 que investiga desde el año 2013 el accionar del Consejo de Guerra Especial Estable (CGEE) No 1 con jurisdicción en todo el I Cuerpo del Ejército y sostiene que estos tribunales sólo sirvieron para congelar o desviar las denuncias en curso y para encubrir los hechos ilegales cometidos por las distintas áreas del aparato clandestino de la represión ilegal. 46 Este juez complementa su argumentación diciendo que los “CGEE fueron una estructura creada e integrada para eludir la actuación de jueces y fiscales de instrucción que el 24 de marzo heredaban del gobierno depuesto y que, por regla dice, supuestamente no eran lo suficientemente confiables para lo que se venía”,47 separando tajantemente por medio de una legalidad aparente, los mecanismos de la justicia civil de los de la justicia militar.

¿Por qué en la actualidad estos procedimientos son interpretados por diversos protagonistas del ámbito contencioso como paródicos en tanto imitan los verdaderos procedimientos judiciales? Lo primero que debemos señalar es que estas interpretaciones adquieren sustento en el histórico funcionamiento de los Consejos de Guerra en tanto estos no asumen como propios los tiempos ni los modos de la acusación, la defensa, la prueba y la sentencia característicos de la justicia civil. Por ejemplo, estos tribunales no contemplan el informe previo sobre la prueba en contra del acusado y sólo les ofrecen a sus imputados un defensor de oficio que se encuentra subordinado a la cadena de mando jerárquica, y que en general no es un letrado sino un oficial activo o retirado. En este marco, el juicio suele realizarse con un sumario secreto en el que no se admiten debates, invirtiendo una norma consuetudinaria de la justicia ordinaria aquella de que los delitos presumidos pero no probados no pueden ser juzgados por leyes posteriores a su comisión (Reynoso et al 1982). Una vez que se hubiese dictado la sentencia el defensor tenía la posibilidad de presentar un recurso de revisión a favor de su defendido antes de las 24 horas posteriores al veredicto, podía también apelar ante el Consejo Superior de Guerra en un período no mayor al de las 48 horas o llevar su reclamo a la Corte Suprema de Justicia.48

Con este panorama es necesario zanjar ciertos interrogantes: ¿por qué estas restricciones no disuadieron a los abogados allegados a los familiares, a los familiares o a los mismos presos o presas políticos, que muchas veces en condiciones precarias, presentaron, de igual forma, distintos instrumentos legales para alivianar sus condenas?; ¿por qué los abogados de oficio que no comulgaban ideológicamente con sus defendidos interpusieron de igual modo las herramientas recursivas posibles? O, ¿por qué los familiares que colocaban en el centro de sus denuncias las limitaciones que tenían los procedimientos sumarios, y que decían no disponer de oportunidades procesales para formular sus peticiones y presentar los elementos probatorios, sin embargo, pudieron llevar y llevaron a cabo, diversas gestiones para interceder en favor de sus seres queridos?

Numerosos son los ejemplos que podríamos proporcionar para mostrar cómo a pesar de los escenarios controversiales que ofrecían los tribunales militares: los familiares, los abogados o los mismos detenidos no se amedrentaron y avanzaron con distintos tipos de solicitudes en su favor. Así lo revela por ejemplo uno de los Recursos de Queja presentado ante un tribunal militar por un familiar de un preso político. En el mismo descargo se narran las limitaciones del proceso judicial con especial énfasis en los apremios ilegales por los que pasan los procesados y en las rigurosas condenas:

“no hay posibilidad de cargo, valen como pruebas absolutas las declaraciones policiales, arrancadas con apremios o torturas. La defensa en juicio no existe; el defensor no es idóneo ni imparcial. Es más, conmina al imputado a reconocer los hechos que se le imputan, incita a la delación y su defensa se limita a solicitar la pena mínima. En pocos minutos, el procesado llega a la condena severísima sin fundamentos válidos, sin pruebas objetivas”.49

También se expresa esta cuestión en otro Recurso de Queja, que presentó en enero de 1979 la esposa de Alberto Omar Diessler, un militante detenido en la unidad carcelaria No 9 de la ciudad de La Plata, condenado por el Consejo de Guerra Estable Nº 1 a la pena de seis años de prisión.50 Con total desidia el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se expidió sobre esta petición recién dos años más tarde, argumentando que el escrito presentado por Mignone “no se hace cargo de la doctrina por la cual la corte ha establecido que la facultad de auto preservación del Estado, en circunstancias extraordinarias y en la medida requerida por ellas, legitima el recurso de las Fuerzas Armadas para dominar la insurrección”51 y exhorta a que la parte recurrente deposite la suma de 238.500 pesos en concepto de costos del caso. A pesar de los múltiples rechazos, ni Omar Diessler ni su familia se dieron por vencidos y al poco tiempo, una vez reunidos los requisitos legales, volvieron a solicitar la libertad condicional que les fue denegada.52

Otro caso emblemático es el de los miembros de la familia Graiver (dueños de la empresa Papel Prensa) que dispusieron de los medios necesarios para intentar revertir el fallo del CONSUFA en el que se condenó a Silvia Fanjul a la pena de cinco años de reclusión por encubrimiento; a Isidoro Graiver, Lidia Papaleo y Juan Graiver a la pena de 12 años de reclusión por asociación ilícita calificada; a Lidia Gesualdi a cinco años y a Eva Gitnacht de Graiver y a Lidia Brodsky de Graiver a tres años de reclusión. Mientras los abogados de unos interpusieron ante el tribunal castrense un recurso extraordinario, el de los otros presentó un escrito que cuestionaba la competencia de estos tribunales para juzgar a cualquier civil. Ambos grupos de letrados se animaron además a impugnar el conjunto del procedimiento judicial por considerarlo violatorio de las garantías constitucionales y por ser absolutamente arbitraria su interpretación tanto de las normas de fondo como del material probatorio.53 A pesar los esfuerzos de la familia Graiver y de sus abogados defensores, uno a uno los recursos reglamentarios fueron rechazados, primero por el tribunal en primera instancia y luego por el CONSUFA.

Justamente por las frecuentes apelaciones que presentaban los defensores, el CONSUFA tuvo una intensa actividad durante estos años.54 A esto hay que añadirle que muchas de estas apelaciones fueron rechazadas por este tribunal superior y devueltas a los tribunales inferiores por contar con errores procedimentales.55 Este asunto estuvo presente en varios de los testimoniantes afectados por la justicia militar como en el caso de Juan Argañaraz, un militante de la Juventud Peronista, que relató en el juicio sobre los Consejos de Guerra del Chaco, que si bien tuvo sentencia en dos de ellos y en el primero lo condenaron a 24 años y 11 meses, al demostrarse errores en el procedimiento, el CONSUFA debió revisar el conjunto del proceso judicial. También pasaron a revisión, y finalmente fueron anuladas por errores en la presentación judicial, las condenas de cada uno de los imputados en el Consejo de Guerra del año 1976 por tenencia de arma y explosivos de varios integrantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) mendocina: Carlos Mendoza, Pedro Ontiveros, Rubén Navarro, Carlos Campanini y Ricardo García.56 En la causa del Consejo de Guerra por tenencia de armas de fuego contra el “Comando Paraná” integrado por Enrique Cresto y Eduardo Romero, Juan Carlos Torales, Luis Lenzi, Gerardo González, Carlos Igarza, Carlos Balla, José Acevedo, el CONSUFA devolvió los expedientes a los tribunales inferiores por distintos errores en el modo de presentación de las pruebas.57 Otro caso fue el del Consejo de Guerra Especial Estable del Comando de la subzona de Defensa Nº 51 que condenó a los militantes Julio Alberto Ruiz y a Pablo Bohoslavsky a la pena de un año y seis meses de reclusión como autores responsables de los delitos de tenencia de armas y explosivos e incitación a la alteración del orden público. En este procedimiento, el fiscal recurrió el fallo argumentando que la causa se instruyó cuando aún no estaban vigentes las leyes Nº 21.264 y Nº 21.268, por lo que el CONSUFA debió anular la sentencia y revisar de conjunto todo el proceso judicial. El resultado en este caso no alivió la situación de los imputados pues la revisión de las diligencias del juicio terminó con una significativa elevación de las condenas.58 Un último ejemplo es el del Consejo de Guerra Especial Estable No 1 que falló condenando a los ciudadanos David Ricardo Mazal y Jorge Segundo Uñates a la pena de diez años de reclusión como autores responsables del delito de atentar contra los medios de comunicación, tenencia ilegítima de armas e incitación a la violencia y alteración del orden público. La defensa presentó una recusación que tuvo distintas aristas argumentativas y que derivó en que el tribunal superior tuviese que intervenir. Luego de revisar largamente el caso, la corte ratificó que el tribunal militar inferior tenía plena vigencia con el amparo de las leyes Nº 21.264, 21.268 y 21.463, y explicó además, que la condena era “adecuada a los delitos cometidos y a la peligrosidad evidenciada por los autores de los hechos que han dado lugar a esta causa”.59

Este puñado de ejemplos nos muestra que los procesos que se dirimían en el CONSUFA eran, por un lado, las apelaciones que llegaban como parte de la actividad ordinaria de la defensa de los imputados; y por otro, las impugnaciones o directamente anulaciones por mal procedimiento y su consiguiente devolución a los tribunales inferiores promovidas por el propio tribunal superior.60 Es así que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas dio lugar a las apelaciones interpuestas por los abogados defensores y dispuso posteriormente sobre ellas. Si en oportunidades remitió las causas por errores en la presentación, en otras, luego de evaluar las apelaciones y los escritos judiciales, reprodujo la sentencia en primera instancia emitida por los tribunales inferiores. Al revisar las sentencias producidas año a año durante el último gobierno militar se puede advertir que si bien hubo pocas situaciones en las que se elevó la pena tampoco hubo muchos casos en que esta se redujera. Cabe entonces preguntarse también: ¿por qué se utilizaron una batería de recursos humanos y copiosos fondos del erario público si la tendencia general del CONSUFA era la de mantener el statu quo en la calificación de la pena emitida inicialmente por los tribunales inferiores?

El CONSUFA como tribunal superior era el último garante de la justicia militar. Como toda burocracia desarrollaba su rol preestablecido y defendía una serie de prácticas, instrucciones y rutinas propias de su accionar, ofreciendo a la vez un marco de normatividad y de legitimidad al régimen. De este modo, la extensión de la jurisdicción militar a la población civil en los años del terrorismo de Estado se ajustaba a la ley por medio de determinados procedimientos. Y aunque las condenas fuesen extremas y no se respetase el debido proceso al menos en contraste con la justicia ordinaria, ciertos elementos jurídicos estuvieron presentes y permitieron interponer un tercero de la ley. Por el contrario, en los distintos centros clandestinos de detención que oficiaron como la médula represiva de esta etapa, no existía para los detenidos y detenidas un sistema de referencias al cual acudir, estableciéndose una separación definitiva entre la ley y el sujeto. En otras palabras, no había un tercero que pudiese inscribir una relación de referencia y de legalidad entre las partes y establecer por lo tanto una ruptura radical entre el captor y los cautivos.

El tratamiento para la represión política bajo los procedimientos de la justicia militar tuvo como hemos señalado sustanciales limitaciones, sin embargo, existió una economía jurídica de roles (el acusado, el o los abogados defensores, el fiscal y los miembros del tribunal superior) que propició que los familiares y los abogados recurriesen a ella en búsqueda de algún tipo de resquicio legal. Aunque de modo restringido y elemental ofrecía ciertas garantías a quienes se encontraban en una situación de encierro muchas veces indeterminado. Si bien el uso de las recusaciones procesales no se tradujo necesariamente en una transferencia de legitimidad a los fueros militares por parte de los familiares y abogados defensores es indudable que la justicia militar fue aprovechada como un terreno factible para apuntalar, aunque defensivamente, una instancia de negociación jurídico- política.

Las desigualdades existentes entre los procedimientos de la jurisdicción militar y los de la justicia ordinaria no deben soslayar que los primeros operaron, al menos respecto de la desaparición forzada de personas, como un vehículo de amparo jurídico al ofrecer una relación de referencia y de legalidad entre las partes.

Por ello encuadrar a los tribunales de guerra como meras parodias de juicios no problematiza lo suficiente la relación entre la esfera legal y la clandestina, las proximidades entre unas y otras, y la división del trabajo entre los distintos poderes en el marco de una estrategia represiva compleja. La conceptualización de estos tribunales militares como pura escenificación oscurece a la vez la idea de que en toda institución se teatralizan prácticas con el propósito de fundar y definir marcos normativos. Es así que la justicia federal también ostenta ritos y discursos míticos simbolizados en el uso de la toga, insignias y condecoraciones en los actos solemnes, así como el martillo, la balanza, el carácter formalista de los procesos según los fueros o las propias rutinas de instrucción.61

Anthony Pereira, especialista en represión de los países del Cono Sur latinoamericano, señaló que el desbalance entre desaparecidos y presos políticos, 30.000 contra 10.000 personas, supone por parte de la última dictadura militar argentina, un completo desprecio a todo tipo de convención legal. Esta afirmación es cierta, pero parcial, puesto que en ella se desestima el rol que cumplieron los tribunales militares al reasegurar, con otros métodos, una legalidad al conjunto de la lógica represiva estatal. Dicho de otro modo, el análisis de la relación entre las prácticas represivas legales e ilegales por parte del Estado permite poner en valor el manejo que del conflicto político hizo la justicia militar en esta etapa. Pero a la vez permite encuadrar a lo jurídico como parte de los efectos de los procesos sociales e históricos e incluso articular, en mejor grado, por qué estos tribunales denegaron a abogados y familiares el recurso de habeas corpus, ofreciéndole carnadura a las prácticas de desaparición (Pereira 2005: 4).

Desde un punto de vista histórico los tribunales militares definieron una forma específica de judicialización de la represión política propia de los primeros tiempos de la última dictadura militar argentina en la que se buscaban modos ejemplares del castigo. Que en los juicios en curso se enfatice una lectura sobre los Consejos de Guerra centrada en su carácter paródico se debe a que prima en las víctimas, en sus familiares y en los agentes fiscales una construcción memorial. Esta al centrarse en la búsqueda de justicia tiende a borrar las diferencias específicas que existieron durante los años del Estado Terrorista entre la represión “legal” y la “ilegal” y los vasos comunicantes que se desarrollaron entre ambas.

La actividad de los Consejos de Guerra en números

Hacia 1982, casi al término de la dictadura militar, con la colaboración de la COSOFAM (Comisión de Solidaridad con los Familiares de Desaparecidos), de los exiliados en Suiza y en Francia, del Grupo de Lectores en Suecia, del Centro de Investigaciones Económicas Sociales de Holanda y de abogados de distintos organismos internacionales de derechos humanos, se pudo reconstruir en una primera aproximación el número de personas detenidas, procesadas y condenadas bajo la figura de los Consejos de Guerra. La cifra inicial fue de 300. Sin embargo, este número se modificó a partir de la histórica labor de investigación que llevó adelante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), durante el año 1984. Hay que agregar aquí los datos que aportaron distintos organismos de derechos humanos tanto gubernamentales como no gubernamentales en años posteriores; y las presentaciones realizadas por las mismas personas que estuvieron detenidas bajo jurisdicción militar o por sus deudos, al momento de requerir el subsidio previsto en las leyes nacionales reparatorias, sancionadas en los años 90.62

Por todos estos elementos, el número de personas afectadas por la justicia militar se modificó hasta alcanzar las 800, cantidad que casi triplica aquella inicial. No obstante todavía los datos no son aún definitivos y los listados se siguen actualizando. Varios son los motivos para que esto ocurra: Por un lado, existen familiares que por desconocimiento de sus derechos o falta de accesibilidad a organismos del Estado no se han presentado aún a realizar las denuncias correspondientes por la detención bajo la figura del Consejo de Guerra de sus seres queridos. Por otro lado, es importante destacar que al finalizar la dictadura, los tribunales militares se declararon incompetentes y pasaron las causas de su jurisdicción a la justicia civil. Por efecto de esta decisión, se mantienen invisibilizadas todavía las razones por las cuales las personas fueron detenidas, procesadas y juzgadas por la justicia militar perdiéndose en un gran laberinto que dificulta rastrear las huellas de dicho desplazamiento. Por último, otro elemento que también entorpece la obtención de un número final de civiles procesados y/o condenados por tribunales de guerra resulta de la dispersión de las causas que provocaron el encierro, ya que hubo quienes fueron condenados por estos tribunales pero a la vez combinaron procesos originados en la justicia ordinaria en funcionamiento todavía en los años inmediatamente anteriores al golpe de Estado. También hubo quienes fueron confinados a fines de 1975 por las prerrogativas del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) durante el Estado de sitio y luego les abrieron una causa en la justicia militar. Algunos otros concentraron junto con la detención del PEN un proceso suscitado en la justicia federal y otro emitido por un Consejo de Guerra.

La cifra de 800 personas procesadas por la justicia militar, según los datos que maneja la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representa el 8 por ciento del total de 10.000 presos políticos que estuvieron detenidos en cárceles federales, provinciales y militares entre los años 1975 y 198363. Podría resultar pequeño este número si los comparamos con el uso que de este instrumento jurídico hicieron otras dictaduras de la región, considerando que en Chile estuvieron a disposición de la justicia militar unas 6.000 personas (Barros 2010; Pereira 2005) y en Uruguay unas 4.000 (Rial 2000). Ahora bien, sin olvidarnos que la metodología represiva principal en la Argentina fue la secuencia de secuestro – tortura – desaparición – asesinato, aquella cifra nos muestra que este régimen militar fue el que más audazmente combinó la represión legal con la ilegal, con la justicia militar ocupado un lugar específico en esta articulación.

El análisis de la documentación permite afirmar además que la mayoría de los procesos contra civiles se originaron entre los años 1976 y 1978, y se terminó con una sentencia en los dos años posteriores, aplicando condenas que variaron según la jurisdicción militar entre los 8 a los 25 años, con un promedio de alrededor de 16 años. Que buena parte de los procesos se originaran en los dos primeros años del régimen militar se debe fundamentalmente a la pérdida de legitimidad que comenzó a experimentar éste a partir del arribo al país en el año 1979 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este organismo, que recibió en tan sólo una semana más de cinco mil denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, abrió un proceso de erosión de los atributos del poder militar vinculados con el régimen de terror, a la vez que produjo una resistencia cada vez más abierta de los actores sociales afectados. Es importante señalar que la mera actuación de este organismo internacional no hubiese generado mayores cambios en el accionar represivo estatal, sin las presencias y experiencias de los familiares y organismos de derechos humanos que lo interpelaron.

Es posible asegurar también, a partir de los alegatos registrados en las sentencias, que un buen número de personas juzgadas posteriormente por tribunales militares comenzaron su detención de modo ilegal. La documentación pone además blanco sobre negro (Cuadro 1) que la mayoría de los presos y presas políticos procesados y/o condenados por los Consejos de Guerra fueron recluidos en las unidades federales de la Plata, Resistencia y Rawson y en el penal provincial de la ciudad de Córdoba. La concentración de una importante cantidad de detenidos por la justicia militar en la jurisdicción del II Cuerpo de Ejército (Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes y Entre Ríos) bajo la comandancia del general Genaro Díaz Bessone, hace ostensible también la autonomía y la especificidad con la que cada región militar manejó los dispositivos represivos.64

Cuadro 1

Datos de los Distintos Cuerpos del Ejército.

Cuadro de confección propia con datos de informe original COSOFAM (Archivo CELS).

Jurisdicción militar Año de mayor cantidad de inicio de procesos Lugar de detención predominante Promedio en años de las condenas Total de detenidos y detenidas por la justicia militar

I Cuerpo de Ejército 77 Penal Federal de La Plata 10 46
II Cuerpo de Ejército 76 Penal Federal de Resistencia 19 175
III Cuerpo de Ejército 76 Penal Provincial de Córdoba 11 54
V Cuerpo de Ejército 76 Penal Federal de Rawson 10 6
Cuerpo de Ejército desconocido S/D S/D S/D 66
Total general ------ ------ ------ 347

Según datos proporcionados por los informes confidenciales de las visitas de los veedores del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a distintos penales del país durante el año 1977, también hubo, aunque en menor medida, procesados y condenados por Consejos de Guerra en otros penales del litoral (Cuadro 2). Este el caso por ejemplo de la Unidad Nº 17 del Servicio Penitenciario Federal de Colonia Candelaria en la provincia de Misiones y de la Unidad No 2 “General Francisco Ramírez” en Gualeguaychú, la Unidad No 4 “General José de Urquiza” en Concepción del Uruguay y la Unidad No 1 “Pedro Canari” en Paraná, los tres en la provincia de Entre Ríos. También hubo prisioneros civiles con procesamiento militar en Jujuy (Unidad Penitenciaria No 1 del Servicio Penitenciario de Villa Gorriti) y en Mendoza (Unidad Penitenciaria de Mendoza).

Cuadro 2

Datos de Procesados o Condenados en los Distintos Penales por los Consejos de Guerra.

Cuadro de confección propia con datos de informe de la visita del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 1977.65

Penales Cantidad de procesados y/o condenados por Consejos de Guerra, 1977

Unidad No 17, Colonia Candelaria 16
Unidad No 2 “Gral. Francisco Ramírez”, Gualeguaychú 5
Unidad No 4 “Gral. Justo José 2
De Urquiza”, Concepción del Uruguay
Unidad No 1 “Pedro Canari” en Paraná 1
Unidad Penitenciaria No 1 del Servicio Penitenciario de Villa Gorriti 4
Unidad Penitenciaria de Mendoza 7

En el Código de Justicia Militar no están representados los delitos según el género, entre otras cuestiones, porque cuando se diseñaron las tipologías penales, las mujeres no formaban parte de las Fuerzas Armadas como personal de carrera. Si para el derecho militar no fue necesario inicialmente especificar ni clasificar los delitos cometidos exclusivamente por mujeres es necesario aclarar que tampoco lo fue para el derecho común porque éstas fueron encuadradas mucho más como víctimas que como productoras de delitos, a excepción de aquellos delitos calificados como típicamente femeninos tales como el infanticidio o la prostitución.66 A pesar de que las categorías tienden a velar el lugar que las mujeres ocuparon en los Consejos de Guerra en tanto víctimas, observamos en el cuadro (Cuadro 3), que si bien muchos de los detenidos fueron varones, el universo de mujeres sentenciadas y/o condenadas por tribunales militares no fue nada despreciable, siendo la asociación ilícita el principal delito del que se las acusa.

Cuadro 3

Sexo de Procesados y Condenados por la Jurisdicción Militar.

Cuadro de confección propia con datos de informe original de COSOFAM (Archivo CELS).67

Jurisdicción militar Sexo Masculino Sexo Femenino

I Cuerpo 35 11
II Cuerpo 130 45
III Cuerpo 37 17
V Cuerpo 5 1
Desconocido 52 14
Total 259 88

Otra característica recurrente que surge de la lectura de las sentencias del CONSUFA es que muchas de las personas procesadas pertenecían a sectores de la clase trabajadora. En efecto un tribunal militar emblemático que se llevó adelante el 27 de abril de 1976 en la localidad de Comodoro Rivadavia, a pocos días de cumplirse un mes del golpe de Estado, dejó claro el carácter de castigo ejemplificador que se imputó contra seis obreros, casi todos ellos panaderos: Hugo César González (panadero), Sebastián Chichinali (panadero) Ricardo Alonso (panadero), Saturnino Siares (Inspector del Ministerio de Trabajo), Héctor Aburto (mecánico textil) y Gerónimo Fuentes (panadero). El delito del que se les acusó fue el de acopio de pistolas de distinto calibre (38, 32 y 22) en la sede local del Sindicato de Panaderos, Pasteleros y Afines, y se los condenó a uno a la pena de nueve años por instigador del delito de tenencia de armas y afines y a otro a cinco años por cómplice primario. Algunos otros tuvieron condenas menores y un puñado fue liberado.68

A diferencia del Plan Conintes o de los Consejos de Guerra del año 1969 que se centraron en la persecución y condena a dirigentes obreros, en este período, si bien hubo algunos tribunales militares paradigmáticos como el de Comodoro Rivadavia contra trabajadores, el foco estuvo puesto en los simpatizantes o militantes de las organizaciones político-militares de extracción de izquierda o peronistas.

Algunas conclusiones

Como he intentado desarrollar a lo largo de este artículo, la construcción y ampliación de una estrategia represiva hasta alcanzar su punto más alto durante el terrorismo de Estado fue una obra de ensamble de distintos poderes políticos, judiciales y militares.

Diferentes instrumentos legales e ilegales, constitucionales e inconstitucionales fueron utilizados para ampliar las posibilidades de acción de los diferentes aparatos del Estado argentino. De este modo se echó mando a la ley de Defensa Nacional, al fuero antisubversivo, a las distintas reformas del Código Penal, a la ley N.° 20.840, a las prerrogativas del Estado de sitio para que el Poder Ejecutivo pudiese detener sin enjuiciar, y finalmente, a los Consejos de Guerra, todos instrumentos erigidos bajo la égida de la Doctrina de Seguridad Nacional y que operaron como verdaderos afluentes para colmar las cárceles de presos y presas políticos.

Los Consejos de Guerra del último período de facto tuvieron por propósito no sólo acelerar la instancia de juicio sino producir condenas ejemplares para amedrentar a otros sectores de la sociedad civil. Estos tribunales auxiliaron a las dictaduras en la elaboración de un nuevo orden jurídico y en la toma de decisiones judiciales sobre los delitos relacionados con la coyuntura política. La dimensión jurídica tuvo un valor determinante para el crecimiento de esta densidad represiva y la justicia militar tuvo en ella una fuerza gravitatoria propia a la vez que fue funcional a la lógica clandestina y de desaparición de personas.

El desplazamiento de la perspectiva de estudio hacia los documentos producidos por la actividad regular de la justicia militar comprometida con la lucha contra el “delito político” contribuye con una comprensión más afinada del desarrollo de los diversos ordenamientos jurídicos a partir de los años sesenta y permite visibilizar las tensiones y complicidades entre la justicia civil y la justicia militar. A la vez, esta documentación muestra la convergencia de abogados defensores, familiares, detenidos políticos y organismos de derechos humanos con el fin de explotar, al máximo y en su favor, las estrategias jurídicas que los fueros militares reconocían.

Agradecimientos

Quiero agradecer a mis evaluadores anónimos por sus valiosas observaciones.

Este trabajo forma parte de una investigación en curso en el marco del Programa de Posdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Fuentes utilizadas

1. Archivo Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

  • – Folleto: “Doctrina de Seguridad Nacional. Conferencia organizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos”, realizada en el Hotel Savoy, el 29 de agosto de 1983.
  • – Diario La Nación, 19/06/81. Caso De la Torre, Marcelo, sentencia del 7 de febrero de 1981, carpeta recortes Consejos de Guerra.
  • – Crónica, 19/06/81, carpeta recortes periodísticos, Consejos de Guerra.
  • Carpetas recursos de queja, Consejos de Guerra.
  • Cuadernillos COSOFAM.

2. Publicaciones periódicas

  • La Ley
  • El Derecho
  • Revista Penal y Penitenciaria, tomo XXXI, 1974–1976

3. Fallos judiciales

  • CSJN, Fallo 254/116
  • CSJN, Fallos 256/348
  • CSJN, Fallos 238/252, 239/355, 240/135, 244/223, 255/91, 221/213, 222/63

4. Diarios

  • El Día
  • ADN Noticias Bahía Blanca, 04/07/2013

5. Archivo CONSUFA obrante en Archivo General de la Nación (AGN)

  • – Sentencias del año 1974. Tomo I. Sentencia No 9/21 mayo: Violación de consigna soldado dragoneante Hernán César Invernizzi. Resolución comando general Ejército 6/9/74 BPE No 369.
  • – Sentencias del año 1976. Tomo 1. Sentencia No 3/21 feb Tenencia de armas y explosivos.
  • – Sentencias del año 1976. Tomo 1. Sentencia No 2/27 abril: Tenencia de armas de fuego juzgado por el Consejo de Guerra Especial Nº 1 del Comando de la Subzona 53.
  • – Sentencias del año 1976. Tomo 1. Sentencia No 8/27 mayo: Tenencia de armas de guerra en Archivo CONSUFA y Sentencia del año 1976. Tomo II. Sentencia No 39/16 noviembre: Tenencia de armas de guerra.
  • – Sentencias del año 1976. Tomo 1. Sentencia No 22/13 julio: Tenencia de armas de guerra y explosivos ocultos.
  • – Sentencias del año 1976. Tomo II Sentencia No 36/28 octubre: Tenencia de armas y explosivos ocultos.
  • – Sentencias del año 1977. Tomo 1. Sentencia Nº 6/77: Tenencia de armas y explosivos.
  • – Sentencias del año 1977. Tomo 1. Sentencia Nº 15/77: Incitación a la violencia colectiva.
  • – Sentencias del año 1977. Tomo 1. Sentencia Nº 31/77: Apología del crimen.
  • – Sentencias del año 1977. Tomo 2. Sentencia Nº 52/77: Fabricación ilegítima de ametralladoras entre otros.

6. Archivo Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) obrante en Archivo Nacional de la Memoria

  • – Informe de la visita a la Unidad No 17 del SPF Colonia Candelaria de Misiones. Confidencial. No 1468, 21 mar de 1977. Z AMER. Latine ANM: 9/01
  • – Informe de la visita a la Unidad Penitenciaria No 1 del Servicio Penitenciario de Jujuy Villa Gorriti. Confidencial. Comité Internacional de la Cruz Roja. No 4087, 3 de ago de 1977. Z AMER. Latine ANM: 17/01.
  • – Informe de la visita a la Unidad No 2 “General Francisco Ramirez”, Gualeguaychú. Entre Ríos. Confidencial. Comité Internacional de la Cruz Roja. No 4082 3 de ago de 1977. Z AMER. Latine ANM: 19/01.
  • – Informe de la visita a la Unidad No 4 general José de Urquiza Concepción del Uruguay Entre Ríos. Confidencial. Comité Internacional de la Cruz Roja. No 4083 3 de ago de 1977. Z AMER. Latine ANM: 20/01.
  • – Informe de la visita a la Penitenciaria de Mendoza y cárcel de detenidos del SPP de Mendoza Confidencial. Comité Internacional de la Cruz Roja.No 4093 3 de ago de 1977. Z AMER. Latine ANM 22/01.
  • – Informe de la visita a la Unidad No 1 “Pedro Canari”, Paraná, Entre Ríos. Confidencial. Comité Internacional de la Cruz Roja. No 4085 3 de ago de 1977. Z AMER. Latine ANM: 24/01.

7. Otros

  • – The National Security Archive, 26 de marzo de 1976 “Junta elaborating Security Policies” (Confidencial Telegram).
  • – Boletín Oficial, 24-05-76.