Introducción

La propuesta del presente artículo es la de analizar las dinámicas del sindicalismo argentino, en particular el rol que ha tenido la Confederación General del Trabajo (CGT) a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, desde la llegada a la esfera estatal en 1943 del entonces Teniente Coronel Juan Domingo Perón (1946–1952, 1952–1955 y 1973–1974), dado que dicho acontecimiento marca un punto de inflexión en la historia de los sindicatos argentinos, hasta la irrupción de la última dictadura militar en 1976.

A partir de la recolección, selección y análisis de fuentes secundarias, y a la luz de los desarrollos producidos por la literatura especializada, fue posible realizar una división analítica de cinco momentos claves, cada uno con sus particularidades, de la historia sindical argentina: a) 1943–1951; b) 1952–1955; c) 1956–1967; d) 1968–1972 y e) 1973–1976. A partir de la identificación de esos períodos, se pusieron en juego dos categorías analíticas creadas en función de las ideologías políticas y las dinámicas propias del sindicalismo argentino: diálogo y confrontación. Las investigaciones nacionales e internacionales que, con aristas y perspectivas diferentes, se constituyeron en clásicos ineludibles para pensar la especificidad del sindicalismo en Argentina, fueron articuladas con dichas categorías para así poner en tensión un tipo de sindicalismo de tipo “peronista”, caracterizado en líneas generales, por una concepción de alianza o conciliación de clases (diálogo) y un sindicalismo de oposición (confrontación) con tendencia a la lucha de clases sustentado en concepciones ideológicas y políticas de izquierda, típico de las corrientes sindicales obreras pre-peronistas. En efecto, la irrupción de la corriente sindical vinculada a Perón, ha marcado un punto de inflexión en la historia de los sindicatos argentinos, ya que provocó la reconfiguración de su rol en su relación con el gobierno, con el capital y con la clase trabajadora que, a partir de entonces, se constituyó en un factor de apoyo fundamental del movimiento peronista. Por esta razón, la pregunta que guía este estudio es ¿De qué modo se fueron configurando las tendencias de diálogo y de confrontación en la historia del sindicalismo argentino, desde la llegada del peronismo?

1. Sindicatos peronistas y la reconfiguración de la izquierda obrera (1943–1951)

Situar los orígenes del sindicalismo peronista con la llegada de Perón al ámbito del Estado (1943) y en el fuerte desarrollo de dicho vínculo bajo su primera presidencia, iniciada en 1946, no implica desconocer que el sindicalismo argentino tuvo sus primeras discusiones a fines del siglo XIX y que sus primeras organizaciones datan de aquella época.1 Fue hacia 1930 que se creó la principal organización sindical que aún perdura en la actualidad, la CGT, como resultado de la fusión de la Unión Sindical Argentina (USA) de tendencia sindicalista y la Confederación Obrera Argentina (COA) de tendencia socialista.2

Hacia 1943, se produce la toma del poder por parte de un grupo de militares, encabezados por Arturo Rawson, del que formaría parte el coronel Juan Domingo Perón, y que luego daría inicio al primer gobierno peronista con las elecciones de 1946.3 Tal como afirma Schiavi (2013: 2) “en apenas tres años, el proceso abierto en 1943 terminó ubicando al movimiento sindical en un lugar de poder que nadie se había atrevido a imaginar un tiempo antes, ni siquiera sus mismos dirigentes”. Así, el espectro sindical quedaba dividido en cuatro confederaciones sindicales: La Federación Obrera Regional Argentina (FORA) de origen anarquista, la USA, CGT(1) y CGT(2).4 Las dos CGTs reunían la mayor cantidad de afiliados. La CGT (1) era la más cercana y leal al peronismo, compartía con el gobierno el anticomunismo y procuró organizar gremios paralelos en diversos sectores. Así nacieron, por ejemplo, en abril de 1943, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y en septiembre del mismo año la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA). La CGT (2) agrupaba a dirigentes comunistas y socialistas y era, potencialmente, la más combativa.

El ingreso de Perón en el área de las relaciones laborales desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, entre 1943 y 1945, sentó los lineamientos de la que sería su política de bienestar hacia los trabajadores, con medidas de inclusión social y un modelo de estado interventor.5 En el plano de la institucionalización sindical, se asistió a la disolución de la CGT (2) a mediados de julio de 1943, se intervinieron los sindicatos más poderosos y se dejó fuera del marco legal a los sindicatos comunistas. Como señaló Matsushita (1986: 276), “con el fuerte control sobre los dirigentes obreros comunistas iniciado en 1943 y la intervención de la UOM en 1944 la línea que acentuaba la politización del movimiento obrero –sea el comunismo o el socialismo- fue prácticamente aplastada”.

En efecto, el decreto 23852/45 que dotó de marco jurídico a las asociaciones profesionales, definió el status de los sindicatos argentinos al otorgarle al sindicato con mayor número de afiliados la personería gremial y, por ende, el monopolio de la representación.

En este escenario, muchos dirigentes sindicales socialistas y comunistas sufrieron persecuciones, encarcelaciones y la CGT(1) colaboró con el gobierno para diluir y “vaciar” a los sindicatos no peronistas a los confrontativos y constituirse como la única CGT válida para negociar en el espectro sindical.6 De este modo, se allanaba el camino para el diálogo entre gobierno y sindicatos. En términos de James (2006), el peronismo actuó como garantía contra la toma de los gremios por parte de la izquierda, al tiempo que, como señaló Zorrilla (1974), Perón disolvió, creó e intervino sindicatos y declaró ilegales casi todas las huelgas, excepto las organizadas por la CGT aliada.

No obstante, y más allá de estas miradas sobre la cuestión, lo cierto es que aunque los sindicatos peronistas contaron con el apoyo inicial del gobierno, dicho apoyo no estuvo siempre garantizado, en particular hacia 1947–1949.7 Esta situación es crucial para pensar la importancia de la autonomía en la dinámica sindical y las relaciones de diálogo y de confrontación entre sindicatos y gobierno, y entre sindicatos y otros actores sociales en el marco del avance y consolidación de ciertas ideologías políticas hegemónicas al interior del campo sindical, el retroceso de otras y el complejo vínculo que se fue tejiendo entre ellas.8

Doyon (1975) afirma que Perón legitimó e impulsó el rol económico y político de los sindicatos para mantener el orden social armonizando los intereses conflictivos. Como señala James (2006: 51), para el período que comprende a los dos primeros gobiernos peronistas, “en la situación peronista ideal los sindicatos debían actuar en gran medida como instrumentos del Estado para movilizar y controlar a los trabajadores”. Esta idea de movilización y control social marca una dimensión central para reflexionar sobre los modos en que las estrategias de cooptación y conciliación fueron configurando la relación entre gobierno peronista y sindicalismo tradicional en la historia argentina.

Es importante resaltar que durante el primer gobierno peronista, muchos dirigentes sindicales –socialistas, comunistas- matizaron sus posiciones políticas, se acercaron al peronismo y su trabajo previo con los trabajadores también posibilitó, en parte, el crecimiento y consolidación de una fuerte dirigencia sindical acompañada por una clase obrera dispuesta a dar pelea en cada lugar de trabajo. Si bien los comunistas nunca pudieron desafiar la hegemonía política del peronismo en el área sindical, muchos de sus militantes se incorporaron, por aquellos años, a la CGT.9

Como señalan Murmis y Portantiero (1971), la relación entre el movimiento sindical preexistente y las nuevas organizaciones obreras es un punto fundamental para entender el desarrollo y consolidación de los sindicatos en Argentina durante el primer peronismo. La capacidad organizativa de los viejos líderes socialistas y sindicalistas para la movilización obrera jugó un papel central, aunque debe reconocerse que fue el peronismo quien proporcionó el encuadre político y jurídico básico a los sindicatos para poder articular las necesidades de los trabajadores. Sobre todo hacia 1947–1948 la clase obrera procuró fortalecer y extender los derechos económicos y políticos conseguidos, con la firma de convenios colectivos amplios y la creación de las primeras comisiones internas. Según Doyon (1977), esto fortaleció el poder de las organizaciones obreras ya que por un lado, aseguró la implementación de los acuerdos colectivos en los lugares de trabajo y, por el otro, promovió un estrecho vínculo entre sindicato y trabajadores.

En el plano económico, durante 1946 y 1949, se llegó a un nivel histórico en la distribución del ingreso en Argentina: los salarios reales de los trabajadores industriales aumentaron un 53% y la parte de los salarios en la renta nacional alcanzó un 49% según datos de la CEPAL.10 Esto fue acompañado de una alta tasa de sindicalización que experimentó un salto en este período, respecto de los años anteriores.11 Hacia fines de 1948 se evidenciaron dificultades financieras que se sumaron a la disminución de reservas y a los compromisos contraídos por el Estado en los tres primeros años de gobierno peronista. Esto se tradujo en medidas que intentaron frenar la proliferación de conflictos obreros a través de sanciones y represiones a dirigentes sindicales y a gremios peronistas.12 Asimismo, el reemplazo de algunos dirigentes combativos por otros que aceptaron la línea oficial facilitó también la reducción del número de huelgas después de 1948. En este sentido interesa retomar la centralidad de la cuestión de la conflictividad laboral, a la cual se intentaba regular y contener, ya sea de un modo coercitivo, disciplinando a los gremios y a los dirigentes que propugnaban conflictos gremiales, o a través de las alianzas establecidas entre el peronismo y dirigentes sindicales de la misma línea política.

2. Segundo peronismo, caída y orígenes de “la resistencia” (1952–1955)

La literatura especializada coincide en señalar que la evolución histórica del sindicalismo peronista comprende dos etapas bien delimitadas: la primera desde 1943 hasta 1951 y la segunda de 1952 a 1955.

Como característica general, hacia 1951 el peronismo ya había establecido un mayor control sobre el movimiento obrero y la CGT se había subordinado, en gran medida, a sus lineamientos. A partir de entonces, según James (2006: 40), en términos político-institucionales es posible resaltar tres factores que evidencian la incorporación del sindicalismo a la esfera del poder político: a) la relación íntima entre gobierno y sindicalismo, b) la masiva ampliación del gremialismo y c) el aumento en el número de parlamentarios de extracción gremial. Así, los sindicatos conducidos por peronistas se instituyeron simultáneamente “como órganos de control social y como canales de expresión de las masas trabajadoras” y, de esta manera, también impidieron que comunistas o socialistas controlaran el movimiento sindical (op.cit: 75). En este sentido, al tiempo que los sindicatos peronistas regulaban la protesta social, actuaban como “barreras” a la presencia de participantes con concepciones políticas de izquierda en el terreno sindical institucionalizado.

En este misma línea de pensamiento, Correa afirma, a partir de su relectura sobre las modificaciones al estatuto de la CGT en su congreso de 1950, que “se le podan todos los párrafos que pudieran ‘oler a marxismo’ como el que se refería a la aspiración de una sociedad sin clases y se los reemplaza por una expresa adhesión incondicional al presidente Perón y su esposa” (Correa 1972: 31). Al Estatuto entonces se incorpora una resolución especial del congreso insertada como Artículo 4 que dispone: “Encomendar a las organizaciones afiliadas y a los trabajadores en general la eliminación de los elementos comunistas, francos o encubiertos, y de todos aquellos que se solidaricen con su acción, eliminándolos de los puestos de dirección e impidiendo que puedan ejercer su perniciosa influencia en los medios obreros” (op.cit.). La misma disposición es trasladada a los Estatutos de los principales sindicatos que se crearon en paralelo en los primeros años del peronismo: la UOM (en su artículo 5 del estatuto) y la Asociación Obrera Textil (en su artículo 4) la repiten en forma idéntica: “Todos aquellos que respondan a las ideas o directivas del Partido Comunista no podrán ocupar cargos representativos en la Organización, sean directos o indirectos, que comprendan desde el delegado hasta el miembro directivo.” (op.cit: 32). De esta manera, según los análisis de Correa aquí reportados, se les facilitaba a las empresas y a los monopolios extranjeros el despido de todos los obreros de ideología comunista y su inclusión en ‘listas negras’ para que no volvieran a ‘infiltrarse’.

Mainwaring (1982: 521) resalta que el gobierno peronista reprimió entre 1952 y 1954 todas las movilizaciones por reclamos salariales. Preocupado por la estabilidad económica y por sus relaciones con la industria, para mediados de 1953 “el gobierno era incapaz de ofrecer a los obreros mayores beneficios materiales. Sólo podía proporcionar mejoras simbólicas”. Específicamente en el plano económico, el aumento de la inflación redujo los salarios reales de los trabajadores y esto derivó hacia 1954 en un resurgimiento de los conflictos laborales centrados en la renovación de los convenios colectivos. A partir de ello, comenzó un resquebrajamiento de la alianza establecida en 1946 entre el peronismo y el movimiento obrero aunque, como evidencia la historia, esto no haya significado una ruptura definitiva (Doyon 1977; Doyon 2006).

Luego de 1949, el rol asignado a los sindicatos como vehículos de movilización política en apoyo al peronismo puede entenderse por el aumento de control del gobierno al movimiento sindical. Con ello, a partir de los años ‘50 se empieza a tejer, más firmemente, la trama de sentido que gira en torno a la noción de legitimidad de los sindicatos y de sus dirigentes en función de la autonomía o no respecto del gobierno. En coincidencia con la distinción que hacen Doyon (1977) y Abós (1986), en este estudio se toma distancia de las tesis de Germani (1973) que señalan que desde los inicios del peronismo los sindicatos fueron dóciles instrumentos creados y manipulados por el Estado. Se considera que esto supone no sólo asignar un papel de pasividad a la clase obrera sino desconocer la supervivencia del poder de las organizaciones sindicales con la derrota del peronismo.

Paralelamente, en estos años, la CGT gradualmente comenzó a responder menos a las bases y no apoyó abiertamente las huelgas. Según Mainwairing (1982: 524), “atrapada entre su dependencia hacia Perón y la demanda de sus bases la CGT fue incapaz de articular una posición coherente”. En este punto, el autor plantea que la posición de la CGT –como representantes de la clase obrera- en esta coyuntura estaba seriamente cuestionada ya que, “en contraste con el primer período (1946–1951), los líderes de la CGT y de los principales sindicatos hacia 1952 eran sumisos y conformistas”.

La función dialoguista de la CGT en tanto “enlace institucionalizado entre los trabajadores y el gobierno” (Mainwairing 1982: 522), posición ambigua que la coloca como representante de los trabajadores pero también como mediadora de sus demandas, creó grandes conflictos a los dirigentes de la CGT durante todo el año 1954.

Con la denominada ‘revolución libertadora’, en 1955, llegó la proscripción del peronismo y el desmantelamiento de muchas conquistas laborales del período anterior: disolución de comisiones internas, intervención de la CGT, persecución a dirigentes peronistas, militares en puestos de dirigencia sindical, flexibilización de tareas laborales en función del aumento de la productividad.

Esto derivó en la gestación de un proceso de reorganización obrera en los lugares de trabajo denominado “resistencia peronista” que apuntaba a mantener los beneficios conseguidos durante el gobierno de Perón (James 2006). En términos de Correa (1972), la proscripción y la clandestinidad acortaron las distancias entre peronistas, comunistas y socialistas de izquierda, con lo cual se fortalecía el “frente” dispuesto a dar pelea al nuevo gobierno militar. Comenzaba, así, parafraseando a Carri (1967), una nueva etapa de “florecimiento” sindical en la que, incipientemente, surgía una nueva generación de sindicalistas que agitaban a los trabajadores pero esta vez sin contar con el apoyo decidido del gobierno como en las etapas anteriores.

Por otro lado, debe señalarse que la relación entre sindicatos y poder militar siempre fue compleja. Correa señala que en 1955 un grupo de dirigentes de la CGT se acercó al entonces comandante en jefe del Ejército, Toranzo Montero, para manifestarle la conveniencia de que les fuera devuelta dicha organización sindical, por cuanto ellos – la CGT- eran en el país el “dique de contención” al comunismo (Correa 1972: 36), o en otra palabras, al sindicalismo de confrontación.

3. El “vandorismo”: pragmatismo y diálogo sindical (1956–1967)

Hacia 1956 se produjeron algunas huelgas en establecimientos metalúrgicos que pusieron en escena las primeras acciones del dirigente sindical que luego lideraría la UOM, Augusto Vandor; exponente de una nueva generación de sindicalistas que adquirieron visibilidad en 1958, bajo el gobierno de Arturo Frondizi (1958–1962). El “vandorismo”, como corriente político-sindical, se convirtió parafraseando a James (2006) en sinónimo de diálogo, pragmatismo y oportunismo político.

Si bien muchos son los trabajos que analizaron la figura y las acciones de Vandor en la compleja trama política que se gestó después de 1955 (James 2006; Senén González y Bosoer 2009; Fernández 1986), interesa destacar aquí que en este período se fue configurando la noción de “negociación”, de diálogo, teniendo en cuenta la fórmula “golpear primero para negociar después”, característica del “vandorismo”. Según Fernández (1986), si bien el vandorismo predicaba una actitud de diálogo y, a la vez, de confrontación, en la práctica se fue inclinando hacia una posición más bien dialoguista, antes que confrontativa. En este mismo sentido, James (2006: 137) señala que a principios de los ‘60, esta corriente “representó el pasaje de una postura de resistencia y confrontación a una actitud de aceptación, de la necesidad de acomodarse al status quo y encontrar un espacio dentro de sus límites”.

Los discursos predominantes en la literatura especializada sobre el “vandorismo” lo definen como una corriente cuya cúpula sindical tendió a sacar beneficios personales para sus dirigentes en las negociaciones, sin promover la democracia sindical a través de la perpetuación de cargos en los puestos de mando y el uso de matones para intimidar a la oposición gremial en los lugares de trabajo; “Matonismo, pistolerismo, corrupción, fraude, colaboración con los empleadores, negociación con el Estado, pactos con las fuerzas armadas: todo fue estrechamente relacionado como si correspondiera intrínsecamente tanto a la imagen de Vandor como a la interpretación de su liderazgo” (James 2006: 331).

Hacia 1960 comenzó el proceso que culminaría con la devolución de la CGT, intervenida por la revolución libertadora, a los trabajadores. Según Carri (1967: 96) dicha devolución, que puso en marcha el gobierno de Frondizi, a pesar de haber significado un triunfo para los sindicatos, “fue también una forma de institucionalizar la rebelión de los trabajadores dentro de los marcos de la confederación, confiando en que ésta impediría los desbordes obreros que tuvieron su pico hacia 1959”. Por ello, según la literatura, la relación entre Frondizi y los sindicatos se basó en la amenaza de que si los gremios presionaban o atacaban con demasiada frecuencia se corría el riesgo de que viniera otro gobierno menos tolerante a la presión sindical. De esta forma, Correa (1972) señaló que el pacto Frondizi-Perón tenía por fin renovar las direcciones obreras y entregarlas exclusivamente a la fracción peronista, excluyendo a los comunistas de su conducción.

4. CGT de los Argentinos (CGTA): antiburocracia y clasismo (1968–1972)

En 1968 se produjo una ruptura entre los sindicatos tradicionales y la CGT se dividió, conformándose por un lado, la CGT Azopardo, liderada por las corrientes más tradicionales del peronismo sindical, cercanas al vandorismo y nucleadas en las “62 Organizaciones”;13 y por otro lado, una corriente de tendencia confrontativa, de oposición, que se concentraría en la denominada Confederación General del Trabajo de los Argentinos (CGTA). Esta última será liderada por el dirigente gráfico Raymundo Ongaro, representante de los sectores más combativos del sindicalismo peronista. Si bien la CGTA, de efímera existencia, no pudo arrebatarle la conducción del movimiento obrero a la CGT Azopardo se convirtió en un polo de referencia para las corrientes sindicales anti-burocráticas y la protesta anti-dictatorial.14 Empezó a gestarse, en forma paralela a la tendencia del pragmatismo y la negociación de tipo vandorista, esta nueva corriente sindical que conjugó las concepciones del clasismo de izquierda, el peronismo combativo y la antiburocracia.

Desde 1955, se fueron conformando sectores de lucha en los lugares de trabajo junto a dirigentes sindicales que adquirirán protagonismo hacia 1968 como es el caso de Agustín Tosco, del sector de la energía eléctrica, en el Sindicato de Luz y Fuerza de la provincia de Córdoba. Tosco formará parte de una tendencia sindical de confrontación, cercana al socialismo y por fuera del peronismo clásico, aunque aliado a los sectores peronistas combativos. Interesa aquí rescatar su figura en tanto líder gremial “honesto y trabajador”, por un lado, y en tanto parte de una estrategia de acción sindical de confrontación, “antiburocrática” que propugnaba el uso de la acción directa como herramienta de lucha, en oposición a las fórmulas dialoguistas y negociadoras hasta aquí descriptas como típicas del modelo sindical peronista.15 Además, Tosco postulaba que el sindicalismo debía asumir un rol político junto con el reivindicativo, aunque con autonomía de las estructuras partidarias. Esto permitía albergar bajo esta tendencia a dirigentes y corrientes político-ideológicas distintas. En sus palabras, “la clase obrera de Córdoba no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político; quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda, con unidad en la lucha y con unidad orgánica, los derechos de los trabajadores”.16

Estas “nuevas” fuerzas gremiales surgieron hacia finales de los ‘60. El foco de estas formaciones residía, según James (2006), en las industrias establecidas por el ex presidente Frondizi: automotriz, siderurgia y petroquímica. Este momento coincidió con un aumento de la estabilidad laboral y estas fuerzas sindicales se concentraron en sectores de salarios más altos que la media. Esto último se debió a dos innovaciones que se dieron en estos años en lo que refiere a la estructura gremial peronista tradicional y a la negociación colectiva: nacieron los sindicatos por empresa y se implementaron los convenios colectivos por fábrica o empresa.

Hacia 1969, y como reacción a la política del gobierno militar de Juan Carlos Onganía (1966–1970) y al estricto control salarial de su ministro de economía, Krieger Vasena, estas fuerzas gremiales de confrontación –aglutinadas en la CGTA-, junto a estudiantes universitarios y a otros sectores sociales impulsaron huelgas y protestas en todo el país, que dieron lugar, entre otras protestas colectivas, al denominado “Cordobazo”.17 Esta protesta marcó un punto de inflexión en la historia sindical argentina al presentarse como una estrategia alternativa al modelo sindical peronista tradicional y a su aparato centralizado. El sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba–con Tosco-, SMATA Córdoba –con René Salamanca- y Sindicato de Trabajadores Concord (SITRAC) junto al Sindicato de Trabajadores Materfer (SITRAM)- con Carlos Masera y Gregorio Flores- convirtieron a la provincia de Córdoba en principal centro de confrontación y militancia.18

James (2006) señaló que estas formaciones opositoras, con frecuencia, apelaban a la acción directa y a la adopción de tácticas no convencionales de movilización laboral como la ocupación de plantas con toma de rehenes, las manifestaciones callejeras para llevar la protesta a la comunidad y los paros “activos” que rompían con la pasividad asociada a las tradicionales protestas obreras.

Desde los análisis de la literatura especializada en el tema, citados hasta el momento, es posible resaltar que estos nuevos militantes “antiburocráticos” se caracterizaban por una forma de militancia opuesta a los modelos existentes, con dirigentes “honestos” y con un alto compromiso con la democracia sindical interna: rotación de cargos sindicales, respuesta rápida a las necesidades de las bases, no utilizo de cargos para una satisfacción personal ni para beneficios propios.

Por otro lado, en los ‘70 –y a diferencia de la década anterior cuando los sindicatos se centraron más que nada en la protección del salario y los dirigentes gremiales cumplieron su papel de reguladores del conflicto social- estas “nuevas” dirigencias superaban el aspecto reivindicativo y ponían en primer plano la lucha, la confrontación, el conflicto político por sobre el diálogo y por sobre la negociación con otros sectores sociales.19

Esta corriente sindical “combativa” que intentó redefinir el papel de los sindicatos y se distanció del sindicalismo peronista tradicional, si bien no llegó a ser hegemónico y no pudo convertirse en fuerza nacional (fue solo una brecha parcial en el monopolio peronista), preocupó, por esos años, al gobierno, a los empresarios y a los gremios tradicionales de entonces.20 Se trató de una corriente política-sindical no dominada por el sindicalismo peronista tradicional que, nucleada principalmente en la CGTA, aglutinaba militantes de izquierda, peronistas combativos, comunistas, socialistas y que, con dirigencias “honestas” y alta capacidad de movilización de sus bases, intentó una redefinición de los significados sobre lo que debía ser y las funciones que debían cumplir los sindicatos en esa coyuntura histórica.

No obstante, es importante señalar que los análisis de James (2006), Zorrilla (1974) y Carri (1967) coinciden en enfatizar que los sindicatos tendieron, en general e históricamente, a ser reformistas más que revolucionarios y hasta muchas veces, conservadores: “la atribución al movimiento sindical de fines revolucionarios que no tiene, es el primer paso para que, cuando no cumple con lo que creemos que debe ser, se orienten contra el sindicalismo todas las baterías de la crítica en repudio de los dirigentes ‘complacientes y vendidos’” (Carri, 1967: 13).

Al respecto, James (2006: 342) argumenta que en los modos de pensar la difícil relación entre dirigencias y bases se suele esquematizar y simplificar el debate: “se crean dos abstracciones metafísicas, aparentemente polares pero en rigor corolario una de la otra: una clase trabajadora que siempre lucha y aspira a la acción colectiva independiente y con prescindencia del contexto y la experiencia. Y una burocracia que siempre traiciona y reprime esas luchas y aspiraciones”. Según dicho autor, la debilidad fundamental de aquel movimiento clasista tenía que ver con el proyecto político y las exigencias de carácter más amplio que perseguían sus dirigentes, como la adhesión a la teoría del “sindicalismo de liberación” y la meta de la sociedad socialista, propósito que no necesariamente sus bases compartían. Los trabajadores rescataban la combatividad del sindicato y una dirección gremial honesta que pudiera impulsar cambios reales en sus condiciones laborales.

Luego de la intervención y disolución de la CGTA, en 1969, la CGT volvió a ser la única en el espectro sindical tradicional y José Ignacio Rucci estaría a la cabeza, como secretario general, hasta su asesinato en 1973. El regreso de Perón por aquel entonces, disuelta ya la CGTA y los sindicatos de SITRAC-SITRAM, sumado a la encarcelación de sus dirigentes, acalló muchas de las ideas combativas y posibilidades de renovación clasistas derivando, una vez más, en el reforzamiento de la hegemonía gremial peronista en el terreno sindical.

5. Perón, la cúpula sindical y la persecución de la izquierda clasista (1973–1976)

Desde los años ‘60, las corrientes que Fernández (1985) denominó “participacionistas” y “negociadoras” del sindicalismo contribuyeron a allanar el camino para el regreso de Perón hacia 1973. En el plano ideológico ninguna de estas corrientes rompía con la matriz de diálogo característica del peronismo, que se ha venido describiendo. Nuevamente, el sindicalismo tradicional participaría del poder durante un gobierno peronista: 1973–1976 y esas corrientes tendrían un papel fundamental, al convertirse en los interlocutores válidos para dialogar o negociar con el gobierno en el terreno del conflicto social. En este sentido, tal como señaló James (2006), la facción encabezada por Rucci, a cargo de la CGT, adoptó una actitud de completa obediencia a las tácticas de Perón, subordinando abiertamente la CGT a las necesidades de sus negociaciones con el régimen y con los partidos.

La Ley de Asociaciones Profesionales, dictada en noviembre de 1973, acentuó la centralización de las estructuras sindicales y dio mayor fortaleza jurídica a los jefes sindicales de la CGT: permitió la ampliación de los mandatos de las jerarquías de 2 a 4 años y la equiparación de sus fueros sindicales con las inmunidades garantizadas a los parlamentarios. Al mismo tiempo, se facultó a los sindicatos centrales a intervenir aquellos locales y destituir a sus dirigentes y a delegados de fábrica, y también se autorizó a las direcciones nacionales a revisar las decisiones de las comisiones internas sin instancia de apelación. Esto tuvo por fin encuadrar rígidamente al movimiento sindical en la estrategia peronista.

El regreso de Perón y su alianza con la cúpula sindical de la CGT, encabezada entre otros por los sindicalistas Lorenzo Miguel y Adelino Romero, tuvo como piedra angular, en el plano económico, el denominado “pacto social” que consistía en un acuerdo entre empleadores – principalmente la Confederación General Empresaria (CGE) y la CGT- para congelar precios y salarios. Esta política de concertación, que era consecuente con la tradición peronista de diálogo y alianza de clases, tuvo como contrapartida el hecho de que, según la literatura especializada, ni la CGT ni la CGE gozaban de la credibilidad necesaria como para imponer a sus seguidores el cumplimiento de dicho pacto.

La política de ingresos acordada congeló la cuestión salarial y las negociaciones paritarias por dos años –hasta 1975- pero esto no implicó, necesariamente, terminar con las demandas y los conflictos obreros. Ante la imposibilidad de negociar mejores ingresos, se recurrió a la re-interpretación de los contratos de trabajo vigentes, para mejorar las condiciones laborales. Así, la cúpula sindical al tiempo que se erigía en interlocutor único y “legítimo” del gobierno, era “responsable de imponer el cumplimiento de una impopular congelación de salarios con un claro papel de co-patrocinantes del control salarial y la armonía social” (James 2006: 324). Mientras que el panorama político daba cuenta de una política oficial de diálogo y conciliación, en el plano social se asistía a una intensificación de los conflictos laborales. Debido al fuerte aumento inflacionario, entre marzo y junio de 1974, se registró el promedio mensual de conflictos más alto de los tres años de gobierno peronista. En términos de Torre (1983: 53), “en el sistema de intercambios políticos que se organiza entre los sindicatos y el gobierno peronista, aquéllos ofrecen moderación reivindicativa y reciben, en contrapartida, reconocimiento de su influencia en el poder”. La situación de debilidad política en que se encontraba la cúpula sindical hacia 1973 obstaculizaba cualquier tipo de resistencia y ésta debió, por lo tanto, correr con los costos políticos de su obligada solidaridad con un gobierno respaldado por el líder del movimiento.

En 1974, con la muerte de Perón, se extendió la represión y la persecución a las alas sindicales disidentes o confrontativas. En este sentido, la aprobación de la Ley de Seguridad para combatir a la guerrilla proporcionó las herramientas necesarias para reprimir también las huelgas y las ocupaciones. Así, a partir de julio de ese año, el número de conflictos laborales comenzó a descender y, bajo amenaza de nuevas disposiciones legales, las ocupaciones de fábricas prácticamente desaparecieron después de agosto.21 Simultáneamente, la CGT oficial ajustaba cuentas con la oposición clasista liderada por Tosco, Salamanca y Ongaro. En efecto, los líderes sindicales del gremialismo de confrontación fueron destituidos legalmente de sus cargos y se esfumaron las posibilidades de crear una alternativa política de izquierda dentro del peronismo. Por otro lado, también debe señalarse que con el peronismo en el poder, los proyectos políticos clasistas también tomaron distancia de las expectativas de los trabajadores, mayoritariamente de tendencia ideológica peronista clásica, es decir, sin aspiraciones revolucionarias y/o anticapitalistas.

Durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón (1974–1976), se fueron desplomando los vestigios del denominado “pacto social”: la recesión económica y el aumento de la inflación incrementaron el descontento de los trabajadores. Hacia 1975, el plan de estabilización económica dispuesto por el entonces ministro de economía Celestino Rodrigo derivó en una masiva protesta que incluyó huelgas, ocupaciones de fábricas y manifestaciones que duraron casi un mes y en varias zonas fabriles se conformaron coordinadoras de base que impulsaban las protestas.22 A esto se sumaron las medidas de fuerza de la CGT a partir de las cuales “por primera vez el sindicalismo organizado le paraba el país a un gobierno peronista” (Senén González y Bosoer 2009: 192). La anulación de las paritarias,23 dispuesta por la entonces presidenta, agravó la situación que terminó definiéndose cuando la CGT con su secretario general Casildo Herrera y dirigentes sindicales como Lorenzo Miguel (UOM) firmaron un acuerdo con el gobierno a partir del cual levantaron las medidas de fuerza, a cambio del restablecimiento de la vigencia de las paritarias. Se firmó, en ese año, la ronda de convenciones colectivas de trabajo que supusieron fuertes incrementos salariales con cláusulas favorables a los trabajadores. En esta compleja relación entre sindicalismo y gobierno peronista, Torre (1983: 135) reconoce que:

Cuánto más fuerte es la posición de la dirigencia sindical, cuánto mayor es su grado de reconocimiento en el sistema institucional, más interesada estará en contener las luchas. Pero si el sindicalismo es débil, si se encuentra amenazado en su legitimidad, no vacilará en apoyar las movilizaciones para recuperar, a través de una prueba de fuerza, su lugar y su influencia frente a los poderes públicos.

En este clima de inestabilidad política, social y económica, el 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado que daría inicio a una de las dictaduras más terribles de la historia argentina. Las fuerzas armadas se propusieron, en el ámbito sindical, dos objetivos represivos para disciplinar al movimiento obrero: en el plano legislativo institucional, inmovilizar al conjunto de la clase trabajadora a través de duras normas leyes y decretos y, simultáneamente, exterminar a la minoría combativa y clasista a nivel local que, en alguna medida, había logrado sobrevivir a los secuestros y asesinatos que habían comenzado a sufrir varios trabajadores y sindicalistas entre 1974 y 1975 a manos de la organización paramilitar conocida como “triple A” (Alianza Anticomunista Argentina). A través del comunicado nº58 de la Junta militar, la CGT fue intervenida y se designó a un militar, el Coronel Juan Alberto Pita, para ocupar su sede central. Se clausuraron sindicatos; se persiguió, secuestró, asesinó y desapareció a numerosos dirigentes sindicales.24 No obstante, prevaleció la tendencia a no destruir la organización sindical vinculada al Estado con el argumento de “‘no regalar’ ese campo al enemigo izquierdista, comunista o subversivo” (Fernández 1985: 69). En efecto, la organización sindical existente, a nivel de cúpula institucional, se consideraba la más apropiada para disciplinar al movimiento obrero, aunque oficialmente se dio por “suspendida” la actividad sindical, reduciéndola a tareas administrativas.

Reflexiones finales

A partir del recorrido analítico presentado fue posible identificar en diversos momentos claves de la historia argentina los modos en que se fueron articulando las conceptualizaciones propuestas de diálogo y confrontación, que hacen a las dinámicas y los posicionamientos de las principales tendencias sindicales argentinas, luego de 1943 con la llegada del peronismo al poder y en las distintas coyunturas históricas.

Los modos a través de los cuáles se fueron visibilizando en la historiografía las tendencias político-sindicales más proclives al diálogo, con una concepción de alianza de clases en la resolución de los conflictos, y aquéllas más cercanas a la noción de confrontación, es decir, que adscribieron a posiciones clasistas, combativas o de izquierda, permitieron poner de relieve las especificidades del sindicalismo argentino y al mismo tiempo las tensiones y contradicciones que se fueron gestando. En función de lo cual, es fundamental recuperar al menos dos líneas de lectura que se articulan entre sí y que si bien fueron más relevantes en algunos momentos históricos que en otros, atravesaron diversas coyunturas y se constituyeron en centrales para dar cuenta de la complejidad del fenómeno sindical: en primer lugar, la noción de los sindicatos tradicionales en tanto dialoguistas y contenedores/reguladores de la protesta social; y en segundo lugar, las complejas relaciones entre el sindicalismo peronista dialoguista y el clasismo de izquierda, confrontativo.

Al respecto, se ha visto la atribución otorgada a los sindicatos tradicionales como “órganos de control” utilizada tanto por James (2006) quien señaló que existe una delgada línea que separa las funciones de articular las demandas de sectores laborales movilizados con las de actuar como agentes de control social, como por Mainwairing (1982: 522) que también se refirió a la posición ambigua de la CGT “como representante de los trabajadores pero también como mediadora de sus demandas”. A partir de esta tensión fue posible comprender el modo en que se fue conformando el rol de regulación y de contención social de los sindicatos tradicionales en diversos períodos históricos, así como las características que adquirió este tipo de sindicalismo que se podría denominar dialoguista, respecto de la tendencia a la armonización de intereses conflictivos o los intentos por frenar y moderar las luchas de los trabajadores, tal como mencionaron Doyon (1977) y Carri (1967), entre otros.

A su vez, es posible articular este papel de los sindicatos tradicionales peronistas de la CGT en tanto dialoguistas y reguladores de las demandas laborales, bajo gobiernos del mismo signo político, para impedir desestabilizaciones del orden social, con la segunda cuestión mencionada: la complejidad de los vínculos entre el peronismo y la izquierda sindical. Aquí se hace referencia, según mencionan diversos discursos historiográficos, a la noción de “barrera”, de “dique de contención” de las dirigencias peronistas a la participación sindical de grupos o dirigentes de izquierda que, en muchos casos, fueron aislados y perseguidos bajo la excusa de mantener dicha armonía social, tal como ocurrió durante el primer peronismo y también en el caso de las persecuciones sufridas por trabajadores y sindicalistas en manos de la “triple A” a partir de 1974/1975 bajo el gobierno de Isabel Perón y que continuó con la irrupción de la última dictadura militar. En efecto, tal como se vio a lo largo del presente trabajo, fueron reiterados los intentos por perseguir y neutralizar a las corrientes de izquierda, del movimiento sindical en las diferentes coyunturas que, con su concepción de confrontación y lucha de clases como forma de aproximarse a la relación capital/trabajo contrastaba con la idea de diálogo y de alianza de clases propias de la concepción política peronista. Esa misma noción estuvo también detrás de la devolución de la CGT a los sindicatos peronistas por parte de los militares, hacia 1955, que se basó en la idea de que dicha organización cumplía un rol de “dique de contención” al comunismo en el país.

Por lo tanto, a través de los discursos de la literatura nacional e internacional especializada en el tema, no sólo fue posible ir re-construyendo una caracterización de los sindicatos argentinos, sino poner de relieve algunos de sus aspectos más conflictivos y contradictorios, en particular de la CGT y de sus complejos vínculos con los gobiernos, con los trabajadores y con otras corrientes sindicales, durante gran parte del siglo XX.