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Research Article

La Fragilidad Institucional del Estado Mexicano ante la Delincuencia Organizada. El caso de Michoacán

Authors:

Zoe Infante ,

UMSNH, MX
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Priscila Ortega,

UMSNH, MX
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Jerjes Aguirre

UMSNH, MX
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Abstract

El problema de la delincuencia México obedece a causas políticas profundas que tienen que ver con un funcionamiento imperfecto de la institución política mexicana. El narcotráfico y el crimen organizado pueden explicarse como consecuencia de una complejidad institucional que impide el imperio y aplicación de la Ley. El problema de la inseguridad podrá terminar en México en la medida en que se dé una consolidación de las instituciones democráticas que garanticen un cumplimiento de los entramados jurídicos esenciales. A partir del análisis del caso del estado de Michoacán se hace hincapié en que este proceso debe darse a nivel de los gobiernos estatales y locales que son las instancias más cercanas a los ciudadanos y en donde se aprecian fallas sensibles en la creación de un ambiente armónico de convivencia social y específicamente en el funcionamiento del aparato de seguridad y administración de justicia. Los entramados institucionales que garanticen un mínimo de cumplimiento de la Ley generarían un entorno que disminuya la impunidad y la colusión de autoridades con la delincuencia. En este trabajo analizamos algunos aspectos de los entramados institucionales del gobierno estatal y municipal en Michoacán, siguiendo las líneas de la teoría de la desorganización social que atribuye la variación en el crimen y la delincuencia a través del tiempo y entre las regiones a la ausencia o colapso de las instituciones (gobierno, familia, escuela, iglesia etc.) y las relaciones comunitarias que tradicionalmente motivan las relaciones de cooperación entre las personas.
How to Cite: Infante, Z., Ortega, P. and Aguirre, J., 2020. La Fragilidad Institucional del Estado Mexicano ante la Delincuencia Organizada. El caso de Michoacán. Iberoamericana – Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, 49(1), pp.12–20. DOI: http://doi.org/10.16993/iberoamericana.480
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  Published on 15 May 2020
 Accepted on 17 Apr 2020            Submitted on 16 Oct 2019

Problemática

La violencia causada por la delincuencia en México ha obstruido la investigación de estudios académicos que provean a la sociedad mexicana y sus dirigentes del conocimiento y de las alternativas necesarias para enfrentar la situación de guerra que enfrentan numerosas regiones del país. Existen miles de desaparecidos, convirtiéndose el homicidio en la primera causa de muerte entre los jóvenes en México (Molina H., 2018). La llegada de una nueva administración federal abre una esperanza a que el número de víctimas disminuya y la inseguridad deje de convertirse en un lastre al desarrollo de numerosas regiones de México.

Las profundas causas sociales de la inseguridad como la falta de legitimidad del gobierno, la pobreza, la desigualdad, la corrupción y el ineficiente sistema de impartición de justicia, son hechos que han sido soslayados en las estrategias seguidas por el gobierno mexicano.

Existen otros elementos sociológicos que es necesario considerar en la explicación de la delincuencia en México y que son las actitudes sociales de tolerancia al crimen, la proclividad a la violencia y el debilitamiento de instituciones básicas como la familia.

En México los cárteles de las drogas constituyen organizaciones sociales con fines delictivos cuyo estudio es difícil dada la naturaleza violenta de sus actividades e integrantes. El desconocimiento de la naturaleza y particularidades de estos grupos, y de aspectos concretos como su interacción con la sociedad y las comunidades, han sido poco estudiados y han contribuido a la desinformación y los malos resultados observados por la estrategia que ha seguido el gobierno mexicano para combatir a estos grupos criminales. Estos grupos organizados han suplido los vacíos de autoridad que han surgido en los tres niveles de gobierno en México como consecuencia de una transformación democrática inconclusa (Straehle, 2019). En los últimos 20 años, el país superó una etapa de carencia democrática que se caracterizó por la existencia de un partido hegemónico único en el poder, el PRI (Partido Revolucionario Institucional), un presidente con facultades constitucionales y metaconstitucionales,1 con autoridad de mando en organizaciones sociales, sindicales y empresariales y con los poderes legislativo y judicial subordinados a su autoridad. Con la transición política a finales de los años noventa se dio un nuevo arreglo institucional basado en elecciones libres, instituciones electorales ciudadanas y una mayor independencia de los poderes legislativo y judicial.

Estos nuevos arreglos institucionales no han acabado de consolidarse en un sistema articulado de relaciones de poder e institucionales que tenga a la ley como instrumento básico de la convivencia social. Las reformas democráticas en México de los últimos años no se han traducido en mejoras sustantivas en la calidad de gobierno que tienen los estados y los municipios, ni en la legitimidad de sus instituciones. Los estados y los municipios han continuado operando con las reglas tradicionales de centralismo y opacidad que existieron durante los años de poder del PRI como partido hegemónico. De acuerdo con Cejudo (2009) la mayor competencia política experimentada en México y la mayor autonomía de gestión no se han traducido en la existencia de gobiernos estatales trasparentes y eficientes. Más bien, se han consolidado estructuras locales que sirven a intereses políticos inmediatos y al establecimiento de relaciones clientelares con los ciudadanos. En la mayor parte de los gobiernos estatales no existe la división y mutua vigilancia que debe existir entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial que sirva para fortalecer estructuras democráticas que permitan el diseño de políticas de mediano plazo que trasciendan los límites que imponen los seis años que duran los gobiernos estatales.

El sexenio de Vicente Fox (2000–2006) fue el primero con un gobierno federal diferente al PRI. Durante este período se realizaron cambios a nivel federal en las instituciones encargadas de la seguridad pública (Chabat, 2010), se creó la Secretaría de Seguridad Pública, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y se reestructuró el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Estos cambios buscaron combatir con mayor eficiencia el problema del narcotráfico, que ya se presentaba como un problema mayor para el gobierno federal a inicios del año 2000. Sin embargo, no se dieron cambios en las estructuras de seguridad y justicia a nivel estatal y municipal, que hubieran podido facilitar la implementación de una política de seguridad en los tres niveles de gobierno. Se partió de un diagnóstico que enfatizó el problema de la inseguridad como consecuencia de una alta demanda de estupefacientes en Estados Unidos de América (EUA) y de una demanda interna creciente en México. Si bien se crearon nuevas oficinas a nivel federal, se dio poca importancia a analizar la situación desde un punto de vista que considerará las profundas debilidades de las instituciones de seguridad y justicia a nivel de los estados y los municipios. Poco se analizaron las condiciones micro del problema: la situación de los gobiernos estatales y municipales en México y la incapacidad de sus instituciones de justicia y seguridad por mitigar la actividad criminal.

A partir del gobierno del presidente Felipe Calderón (2006–2012), con la implementación de sus estrategias de la guerra contra el narcotráfico se generó una diversificación de las actividades delictivas, dedicándose no sólo a la producción, venta y distribución de drogas, sino también a la extorsión, secuestro, cobro por derecho de piso, entre otros. Actualmente, la actividad de tráfico de drogas no es la actividad fundamental de los grupos criminales en Michoacán. Funciones comerciales, jurídicas y de convivencia social que deberían ser normadas por instituciones del Estado son realizadas por estos grupos delictivos. La regulación de precios de productos agrícolas, el establecimiento de períodos de cosecha, el cobro de deudas mercantiles entre particulares, el arbitraje de pugnas de grupos de la comunidad, la sanción a esposos golpeadores, el castigo a ladrones, el otorgamiento de permisos para fiestas y eventos religiosos, permisos para la explotación forestal y el cobro de cuotas a empresas y comercios, son algunas de las actividades que realizan.

Los grupos criminales entendieron bien el vacío institucional y de autoridad existente en México y en Michoacán y la aceptación que podría tener una figura de autoridad que impusiera reglas claras a la convivencia de la sociedad aun cuando estos grupos actuaran al margen de la ley y de las instituciones establecidas. Los habitantes de Michoacán, México conviven actualmente con los grupos delincuenciales, conocen y toleran a sus integrantes aceptándolos en muchos casos como miembros de las comunidades y de los entramados sociales existentes. De manera reciente estos grupos han solicitado a la sociedad el cese de la persecución policial y la aceptación del gobierno por sus actividades. De hecho, el discurso de estos grupos delincuenciales adquiere cada vez más un tono social reivindicatorio que no se observa en otros grupos criminales.

El objetivo del presente artículo es analizar a partir de un estudio de corte cualitativo las percepciones de la comunidad sobre los grupos delincuenciales en Michoacán, considerando tres categorías teóricas de análisis: los factores culturales, los enfoques de descomposición institucional y la teoría de la legitimidad institucional. En general, los análisis sociológicos del crimen se debaten entre los determinantes o explicaciones culturales y estructurales. Los enfoques culturales utilizan una dimensión cultural, cívico-cultural, en el que los valores y creencias en el bien común motivan a los individuos a actuar en interés de la colectividad a través del desarrollo de una cultura cívica (Lederman, 2002; Messner, 2012) y del concepto de intolerancia a la delincuencia (Huff-Corzine y Moore 1986; Baron y Strauss, 1988). Dentro de las llamadas explicaciones estructurales del crimen se contemplan factores como la desigualdad (Pratt & Godsey 2003) y la heterogeneidad social LaFree (2018) y Kick (1986).

Nuestra hipótesis central es que existe una pérdida de la institucionalización de las normas sociales que permiten regular la conducta de los individuos en nuestro país, atribuida principalmente al Estado mexicano. Por lo que contextualizaremos, en primera instancia, la teoría de la anomia como eje central en este trabajo de investigación.

Teoría de la Anomia

La teoría de la anomia fue originalmente propuesta por Merton (1938) planteando que las tasas de criminalidad en Estados Unidos de América podrían ser explicadas por la estructura cultural y social de la sociedad americana. El término “anomia” se basa en Durkheim (1897) en referencia al debilitamiento del orden normativo de la sociedad, o la pérdida de la institucionalización de las normas sociales en su capacidad de regular la conducta de los individuos.

Particularmente, el hecho del fuerte énfasis en el triunfo monetario de los individuos por sobre otros valores como la legitimidad de los medios para lograrlo se encontraba como una de las causas de las altas tasas de criminalidad. Como otra explicación proponía la estructura segmentada de la sociedad estadounidense que negaba las posibilidades de ascenso social a todos los grupos sociales. La noción de triunfo se encuentra presente en todos los estratos de una sociedad, sin embargo, solo ciertos sectores sociales tienen posibilidades reales de ascender en sociedades en la cual los recursos financieros y sociales para el éxito no están disponibles para todos los grupos sociales.

Merton discutió cómo la cultura y la estructura social podrían causar altos índices de criminalidad. Su trabajo hace énfasis en que en la cultura americana el éxito económico es un objetivo por alcanzar. El énfasis en la consecución de éxito económico, sin embargo, no se corresponde con un énfasis normativo concurrente en lo que “significa” ser legítimos para alcanzar el éxito económico. Merton destaca la existencia de barreras estructurales que limitan el acceso de los individuos a los medios legítimos para alcanzar la meta del éxito económico. Esta disyuntiva entre los objetivos atribuidos culturalmente (es decir, el éxito económico) y la disponibilidad de los medios legítimos para alcanzar esos objetivos (es decir, los límites estructurales sociales) ejerce presión sobre las normas culturales que se ven violadas con el fin del logro del dinero.

Teoría de la Anomia Institucional

Messner y Rosenfeld (2012), complementaron las aportaciones teóricas de Merton incluyendo como factores sustantivos el papel que juegan instituciones sociales (economía, familia, educación y política). Los seres humanos constituyen esencialmente entes sociales que se encuentran regulados en su convivencia por instituciones que norman y regulan los aspectos de la vida social. Cuando estas instituciones fallan en su tarea de regular el orden social es cuando se dan situaciones de crimen. De acuerdo con la teoría de la anomia institucional los valores económicos influyen las instituciones no económicas, como la familia, para debilitar los valores comunitarios y los valores sociales, dando como resultado que los controles sociales se reduzcan.

Merton (1938) sostuvo que el sistema estadounidense de estratificación restringe el acceso de los individuos a oportunidades legítimas de movilidad socioeconómica lo que da lugar a altos niveles de anomia criminogénica en la sociedad. Messner y Rosenfeld, plantean que en la estructura institucional la economía asume el dominio sobre las demás instituciones. Este “desequilibrio” en la estructura institucional limita la capacidad de otras instituciones sociales, como la familia, la educación, y/o el sistema político, para aislar a los miembros de la sociedad de las presiones criminógenas del sueño americano o de imponer controles sobre su comportamiento.

Messner, Rosenfeld y Merton, sostienen que la cultura estadounidense pone un énfasis desproporcionado en las metas de éxito material. También, en consonancia con Merton, sostienen que las contradicciones implícitas en el sistema de valores dominante producen fuertes presiones para emplear los medios más eficientes de que dispongan para lograr recompensas monetarias.

La teoría de la anomia institucional constituyó en su momento una perspectiva teórica diferente a las ideas de la descomposición institucional como Shaw y McKay (1942) que sostenían que en las zonas urbanas marginales se fomentaba la conducta criminal a través de la transmisión generacional de valores culturales desviados. La teoría de la desorganización social asume que el rechazo a los valores convencionales de la clase media produce altos índices de delincuencia en zonas urbanas pobres. Merton, por su parte, sostenía que era la rígida adhesión a los valores estadounidenses tradicionales los causantes de las altas tasas de delincuencia y desviación.

Esta teoría nos permite explicar lo que México ha experimentado durante las últimas décadas, específicamente de muchas regiones en las cuales los niveles de violencia y brutalidad son manifiestos. Los asesinatos masivos, el cobro generalizado de cuotas, el rompimiento de códigos de conducta tradicionales como el respeto a las mujeres y a los niños, los secuestros, etc. son conductas criminales que indican un grado extremo de descomposición institucional y de los valores esenciales de convivencia. Puesto que el objetivo de ganar dinero y reconocimiento social se encuentra por encima de valores esenciales como la vida y el respeto a los demás. El fin y sinónimos de éxito que significa el dinero obnubilan los medios muchas veces atroces para conseguirlos. De la misma manera es claro que en México la desigualdad y la pobreza se han convertido en factores que inhiben crónicamente las posibilidades de ascenso social a numerosos sectores de la sociedad. La mayor parte de los delincuentes y miembros del crimen organizado pertenecen a los sectores más humildes y pobres de la sociedad para los cuales el objetivo del logro social, el dinero, se da a partir de actividades y comportamientos criminales justificados en aras del logro del recurso económico.

En general, la teoría de la anomia en sus dos versiones es seductora en su capacidad de explicación a las condiciones mexicanas. Existe un claro debilitamiento de la institución política, económica y familiar. Durante las últimas 3 décadas se ha experimentado un bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que ha implicado también un bajo crecimiento de los ingresos per cápita, ha crecido la desigualdad y la pobreza y esto refleja que no existe un solo indicador económico que muestre que los mexicanos hayan mejorado sus condiciones de vida material.

De particular importancia es la figura de los gobernadores mexicanos. De acuerdo con Granados (2011) estos presentan las siguientes características: “…mayor presencia mediática, alta movilidad, amplios espacios de maniobra y manejo de los intereses locales, control de sus formaciones partidistas y una gigantesca bolsa presupuestal. Pero, al mismo tiempo, carecen de lo que pudiera llamarse una agenda nacional, sus relaciones con el gobierno federal son heterogéneas y con frecuencia responden a demandas individuales, deciden en función del corto plazo y, lo más sobresaliente, su noción de éxito tiene que ver básicamente con objetivos políticos y no con variables de desarrollo y bienestar.”

La transición democrática en los estados recreó -en muchos sentidos- los aspectos más negativos del periodo de partido único en México. El centralismo en el poder que gozan ahora los gobernadores mexicanos emergió como factor de control político ante la ausencia de un elemento de cohesión en la figura del presidente. Los gobiernos de las entidades federativas al no tener la contención de poder que el presidencialismo tenía sobre ellos empezaron a operar como poderes independientes. En este contexto, las instituciones en los gobiernos estatales han perdido legitimidad ante la sociedad, particularmente las instituciones de seguridad pública y de administración de justicia. Los escándalos de corrupción e ineficacia de policías y tribunales son conocidos por la mayor parte de los ciudadanos. De acuerdo con la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional Fierro, (Flores & Valadés, 2017), los ciudadanos consideran que “…la justicia no funciona bien, por la corrupción, la impunidad y la presencia de intereses extralegales. La gran mayoría de la población se siente desprotegida contra el abuso de autoridad. A su vez que asocia la violación de los derechos humanos con el poder y las autoridades”. En lo que respecta a la policía, de acuerdo con la misma fuente, “esta se encuentra en el último lugar de confianza en las instituciones”.

La guerra contra el narcotráfico en México llevó a hacer prevalecer la mala e ineficiente distribución de los costos de cooperación entre nuestro país y Estados Unidos de América. Sin embargo, una de las mayores preocupaciones de la política de seguridad norteamericana son los intentos de vinculación entre los cárteles mexicanos y grupos terroristas en otros países (caso Irán-Zetas). El resultado de esta presión ejercida por el gobierno estadounidense es la eliminación de numerosos líderes de cárteles mexicanos, al mismo tiempo que ha venido proliferando la fragmentación y el surgimiento de nuevas organizaciones delictivas. Estas restricciones en materia de seguridad han elevado los costos de la interconexión entre los tres países que integran la región, lo que ha significado una desventaja contra los países del sudeste asiático. Estados Unidos ha estado más preocupado por disminuir la capacidad de influencia económica política y militar de China en la región asiática, en lugar de enfocar su potencial en América del Norte. Michoacán fue el estado de la República Mexicana en la que se inició la llamada “Guerra contra las drogas” en 2007 y en la cual se sufrió en 2008 el primer ataque contra población civil por motivos relacionados con el crimen organizado.

El nuevo gobierno federal mexicano ha implementado cambios ante la demanda social de mitigar los efectos nefastos del crimen organizado, pues ahora el principal objetivo de la política de seguridad y justicia será recuperar la paz y la libertad disminuyendo la violencia, focalizando los esfuerzos del Estado mexicano para reducir los tres delitos que más lastiman a la población: asesinatos, secuestros y extorsiones. Delitos que están catalogados como parte de los resultados negativos de las estrategias del combate al narcotráfico implementadas por los expresidentes Calderón y Peña Nieto. Para ello, México necesita tomar la iniciativa de ir impulsando nuevas instituciones y estrategias paradiplomáticas2 que faciliten el abordaje de los temas ya mencionados en una agenda proclive a crear una comunidad de América del Norte. Para ello se requiere una mayor participación de actores que van más allá de los gobiernos como es el caso de la iniciativa privada, los académicos, las organizaciones sociales que ven en la construcción de nuevas formas de interdependencia, posibilidades reales para mejorar su expectativa del desarrollo en el ámbito internacional.

Los informes que se han publicado en Estados Unidos argumentan que las organizaciones criminales tienen presencia en el 75% del territorio mexicano al realizar actividades ilícitas en 24 de las 32 entidades federativas del país (Drug Enforcement Administration, 2019), por eso se requiere generar condiciones de mayor igualdad social y económica para poder hacer frente a los grandes retos de la competencia internacional, elevando las tasas de crecimiento económico para transitar a un país más justo y equitativo que permita reducir la participación de los grupos más vulnerables con el crimen organizado.

A nivel municipal existen numerosos vacíos de legitimidad y políticos Straehle (2019) que deben discutirse dentro de una estrategia integral y sistémica en contra de la inseguridad. A nivel del gobierno central se han dado pasos importantes para consolidar un orden basado en instituciones eficientes. Sin embargo, a nivel municipal existe un subdesarrollo institucional que impide que los gobiernos locales, los más cercanos a la gente, proporcionen un mínimo de condiciones de seguridad a sus ciudadanos basadas en instituciones locales legítimas y eficientes.

La falta de consolidación de las reglas de la democracia genera un gobierno débil que se encuentra a merced de las expresiones violentas de grupos sociales que minan la legitimidad y las reglas del juego que los gobiernos deben imponer. Esta circunstancia, aunada a las condiciones de pobreza y aislamiento de muchas regiones, han generado en muchos municipios auténticos gobiernos paralelos que rigen con cierta eficacia los procesos de convivencia social. El tráfico de drogas no es la actividad principal de estos grupos, sino que aparece como secundaria dentro de un contexto de actividades que tiene que ver más con la consolidación y legitimización de estos grupos dentro del tejido social. El narcotráfico apareció en México como una actividad catalizadora de grupos sociales que se encontraban ya operando al margen de la ley.

Teoría general de la tensión

Agnew (1985, 1992) plantea que la tensión lleva a resultados negativos como los comportamientos delictivos. Las tensiones que ejemplifica en sus trabajos son el fracaso para alcanzar los objetivos valorados positivamente, por ejemplo, el dinero, la eliminación de los estímulos, la pérdida de una posesión valorada, y la presentación de los estímulos valorados negativamente. En sus trabajos, Agnew ha tratado de precisar las condiciones en las que la tensión puede conducir a la delincuencia.

Agnew intentó dar respuesta a muchas de las críticas que se habían formulado a la teoría de la desviación general. Según la teoría original, un aumento en aspiraciones y una disminución en las expectativas deberían conducir a un aumento de la delincuencia, sin embargo, esto no resulta ser siempre el caso. Agnew amplió el ámbito de aplicación de la teoría de la tensión para incluir muchas más variables que trataron de explorar la teoría de la tensión desde una perspectiva que incluya factores de tensión como la posición de un individuo en la clase social, las expectativas para el futuro y la asociación con otros criminales.

Según este autor las diferentes tensiones que experimentan los individuos pueden conducir a experimentar emociones negativas, como la ira, resentimiento, depresión o ansiedad. Estas emociones negativas pueden tener respuestas conductuales, cognitivas o emocionales o delictivas.

Teoría de la privación relativa

Para la teoría de la privación relativa las personas toman acción para el cambio social con el fin de adquirir algo (oportunidades, riqueza, posiciones) que otros poseen y que ellos creen que deben poseer también. Este enfoque argumenta que cuando se trata de comprender las causas de la delincuencia, no es suficiente con examinar los factores objetivos, tales como la pobreza o la desigualdad, debiendo también de “…delinear los factores que regulan la relación entre el objetivo y el estado subjetivo” (Crosby, 1976). Según la teoría de la privación relativa, las condiciones objetivas pueden tener poca relación con la conducta de las personas, ya que sus percepciones de estas condiciones pueden estar en contradicción con la realidad objetiva. La investigación de Agnew (1992) sugiere que la insatisfacción o deformación puede ocurrir en todas las clases sociales. Por lo tanto, las medidas que combatan el crimen a partir de medidas de estratificación social tendrán efectos limitados.

Estas dos teorías resultan sugestivas y explicativas al caso mexicano. México ha sido tradicionalmente un país desigual, 52.4 millones de personas se considera como pobre en alguna de las acepciones que maneja el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2019). La desigualdad del ingreso y la polarización de la sociedad mexicana es un hecho de la realidad contemporánea. La teoría de la privación relativa tendría una amplia explicación para el caso mexicano.

Los mexicanos son bombardeados cotidianamente con imágenes de lujo, éxito y bienes materiales que nunca estarán a su disposición. Es previsible que la frustración de estas imágenes se convierta en actitudes antisociales como el enrolarse en las filas de la delincuencia, máxime cuando las posibilidades de ser detenido por conductas ilegales son mínimas en México.

La mayor parte de los delincuentes que mueren y que son detenidos por crímenes relacionados con la delincuencia organizada, son jóvenes con bajos niveles educativos que ven en la actividad delictiva una forma de mejorar sus condiciones económicas, aunque sea temporalmente por el alto riesgo que éstas representan. Los famosos ninis (que ni estudian ni trabajan) engordan las filas de la delincuencia.

El concepto de cultura cívica puede medirse por la confianza y el compromiso cívico, como factores que explican la reducción de la violencia. Por su lado, la intolerancia a la delincuencia puede definirse en términos de las variaciones individuales sobre la desaprobación de conductas violentas. Gastil (1971) señala que a finales de 1960 y principios de 1970 el sur de los E. U.A. tenían niveles más altos de homicidio, no debido a factores estructurales, sino porque de una aprobación cultural de la violencia. Aunado a las explicaciones culturales, un tercer elemento teórico de interés y explicación para el caso mexicano y de Michoacán son los enfoques de descomposición institucional. Particularmente, el modelo de LaFree (2018) plantea que la legitimidad es el elemento central del funcionamiento de las instituciones como creadoras de un orden mínimo de convivencia social. Para LaFree (2018) tres instituciones son fundamentales: la política, la económica y la familia, considerando que cada una de ellas -a lo largo del tiempo- establece mecanismos para regular el delito. Atendiendo al modelo, una institución es legítima, cuando los patrones que establece son reconocidos como la regla a seguir por los individuos dentro de una sociedad. Los actos delictivos que se cometen constituyen actos que van en contra de la legitimización institucional política, ya que son patrones de comportamiento no compartidos por toda la comunidad y que nacen producto de una percepción de deslegitimidad de la institución. Si las normas y reglas de comportamiento y de convivencia social que establecen las instituciones no tiene la aceptación necesaria entre la sociedad para imponer medidas, que son basadas muchas veces en la fuerza, los vacíos de poder y autoridad son llenados con acciones fuera de la ley (Straehle, 2019).

Otro referente teórico valido para el caso mexicano son las teorías de la desorganización social que fueron desarrolladas originalmente para explicar las diferencias en las tasas de criminalidad entre vecindarios en la ciudad de Chicago (Shaw y McKay, 1942; Shaw y McKay, 1969). De acuerdo con estos autores los niveles de organización social se encuentran dados por las fortalezas y grado de organización de las instituciones locales y la habilidad y disponibilidad de los residentes para involucrarse a favor del bien común y para ejercer controles informales. Shaw y McKay (1942) sugieren que en zonas con presencia criminal surgen y se crean sistemas semiautónomos delincuenciales con su propia cultura y estructura social. Conectado con Shaw y la teoría de la desorganización social de McKay (1942) se encuentra el enfoque sistémico que considera a la comunidad local como un sistema complejo de amistades, parentesco, redes y lazos de asociación formales e informales con raíces en los procesos de socialización que se dan en las comunidades (Bursik, y Grasmick, 1993).

Las anteriores referencias teóricas muestran la complejidad de los procesos de interacción entre la sociedad y los grupos delincuenciales. Para el caso de Michoacán, y de México en su conjunto, estos procesos han sido poco estudiados. Este trabajo plantea que en la interacción sociedad-crimen organizado se han generado “subculturas” y sistemas delincuenciales semiautónomos, que han suplido funciones de regulación comerciales y civiles. Este hecho es apoyado, además de las teorías señaladas, por los planteamientos de la desviación cultural y teorías de subcultura desviadas (Ferracuti y Wolfgang, 2013) que señalan que un comportamiento determinado es resultado de normas culturales o subculturales, valores, creencias o preocupaciones centrales. Los actos criminales se dan dentro de grupos y sociedades en los cuales el comportamiento criminal es culturalmente consistente con dichos factores.

En México no se ha podido generar un Estado que garantice condiciones de legitimidad. Asimismo, existe una marcada cultura de tolerancia y aceptación de la corrupción (Coronado, 2008). La sociedad percibe tolerancia en el castigo al delito y, en general, en todo el sistema de procuración de justicia del país. La corrupción es una forma de violencia que se ha vivido en México prácticamente desde su fundación como nación. La corrupción se ha institucionalizado como mecanismo de resolución de conflictos supliendo las funciones de la ley. De acuerdo con la “Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: Legalidad, Legitimidad de las Instituciones y Rediseño del Estado” (2011), los ciudadanos consideran que “…la justicia no funciona bien, por la corrupción, la impunidad y la presencia de intereses extralegales. La gran mayoría de la población se siente desprotegida contra el abuso de autoridad. A su vez que asocia la violación de los derechos humanos con el poder y las autoridades”. En lo que respecta a la policía, de acuerdo con la misma fuente, esta se encuentra en el último lugar de confianza en las instituciones.

Ante los vacíos institucionales, el arraigo a una cultura de corrupción y el orden relativo que establecen los grupos criminales ha consolidado una cultura de aprobación de la actividad delictiva y específicamente del narcotráfico. De hecho, muchas veces el comportamiento criminal es glorificado (Meares, Katyal & Kahan, 2003). De alguna manera existe una subcultura del crimen en México entendiendo por ésta un conjunto de valores, códigos, comportamientos y simbolismos que identifican el entorno del crimen y sus acciones.

Además de los factores culturales existen determinantes de orden económico. Las organizaciones criminales se desarrollan en zonas geográficas que aceptan los servicios que las organizaciones criminales ofrecen. Los grupos criminales ofrecen cierta seguridad comercial y jurídica que no pueden ofrecer las instituciones establecidas. Asimismo, existen beneficios económicos de las actividades del crimen organizado que las propias comunidades valoran como la mayor liquidez para la compraventa de inmuebles, gastos en servicios suntuarios y financiamiento a diversas actividades productivas.

Metodología

Los grupos criminales en México han seguido como estrategia aterrorizar a la población con diversos métodos como la mutilación y la tortura. Esto dificulta el obtener información de cualquier índole sobre sus actividades. En el contexto antes señalado se realizaron 50 entrevistas a profundidad en el estado de Michoacán, México. Estas entrevistas se realizaron en la llamada región de la Tierra Caliente en los municipios de Apatzingán, Nueva Italia y la Huacana. Los entrevistados se dividieron en cohortes de grupos de edad de 20–30, 30–50 y más de 50 años.

Las entrevistas se realizaron siguiendo la técnica de bola de nieve durante el 2019 con una duración promedio de 1 hora y media, procurando evitar los sesgos en la elección de los entrevistados, eligiendo informantes iniciales que tuvieran variación entre ellos. Éstas fueron concertadas sin mencionar los fines específicos de las entrevistas, únicamente manifestando un interés por conversar sobre generalidades del desarrollo de las comunidades. Las entrevistas se plantearon desde un concepto amplio que permitió identificar particularidades y detalles del objeto de estudio que no pueden ubicarse a partir de otros métodos particulares de investigación. Las entrevistas se realizaron en lugares públicos, viviendas, restaurantes, etc. de los entrevistados, asegurando la confidencialidad y uso académicos de sus puntos de vista, con un promedio de duración de hora y media. Las pláticas se concertaron sin señalar el objetivo de la investigación, procurando que los temas relacionados con el crimen organizado fluyeran de manera natural durante el transcurso de las conversaciones. En un segundo momento, las entrevistas se grabaron, transcribieron y procesaron en el programa ‘Atlas.ti’.

Las entrevistas hicieron énfasis en tres elementos teóricos descritos en párrafos anteriores: los factores culturales (cultura cívica, aprobación cultural de la violencia, elementos teóricos asociados a la teoría de la privación relativa); la descomposición institucional y la legitimidad de las instituciones. Los resultados de las entrevistas se codificaron en tres categorías de análisis temático que fueron cultura cívica, aprobación cultural de la delincuencia y legitimidad de las instituciones. El análisis de datos se llevó a cabo bajo la perspectiva de la teoría fundamentada del análisis del discurso (Glaser & Strauss 1967). La recopilación y análisis de la información obtenida se procesó de manera simultánea para permitir focalizar las entrevistas con mayores elementos teóricos. Asimismo, para la realización de la investigación se utilizó un enfoque fenomenológico a partir de las propias experiencias de los autores que han tenido la oportunidad de interactuar con miembros de la comunidad como profesores, funcionarios públicos, policías, etc.

Resultados

Los temas relacionados con el crimen y la inseguridad son tratados por los entrevistados de manera cuidadosa. A medida que las entrevistas fluyen y los entrevistados sienten un ambiente de más confianza con su interlocutor empiezan a manifestar comentarios y opiniones sobre los grupos del crimen organizado y el ambiente de inseguridad. En primer término, el 80% de los entrevistados resalta haber escuchado algún comentario o tenido alguna vivencia relacionada con el crimen organizado. El 20% de los entrevistados señaló tener conocimiento de algún familiar o amigo cercano que se ha visto involucrado en algún incidente relacionado con el crimen organizado. Aún más, el 40% de los entrevistados señaló conocer o tener alguno conocido que interactúa o ha interactuado directa o indirectamente con grupos delincuenciales. Existe un cierto elemento de orgullo regional en la presencia de los grupos criminales. Los entrevistados manifiestan que los terracalentanos han sido gente “brava” y que no están acostumbrados a la opresión ni a la autoridad. La presencia y fama de los grupos delincuenciales focalizados son factores que parece presentarse como elemento de prestigio regional y que reafirma una visión propia de los habitantes de la zona como hombres y mujeres valientes.

En relación con la primera categoría, cultura cívica, los entrevistados manifestaron haber escuchado que los grupos criminales realizan diversas acciones en “beneficio” de la comunidad como evitar que los jóvenes hagan ruido o beban cerveza en las calles, evitar que los esposos golpeen a sus esposas o castigar a los delincuentes comunes (ladrones, abigeatos, estafadores, etc.) o castigar delitos mayores como los violadores. Sorprendentemente, el 60% de los entrevistados se muestran conformes con el hecho que grupos distintos a las autoridades formales establezcan ciertas condiciones de orden en la comunidad y que se perciba temor de que las actividades delictivas puedan ser “penalizadas” por el crimen organizado.

En relación con la segunda categoría de análisis, aprobación cultural por la delincuencia, se observa que la mayor parte de los entrevistados señalan la novedad de la presencia de grupos criminales en la dinámica del estado y en la de sus propias vidas cotidianas. Los entrevistados manifiestan que, si bien la policía siempre ha sido corrupta, al igual que la mayor parte de las autoridades de gobierno, es reciente la ola de crimen que se vive en el estado. Manifiestan que la mayor parte de los muertos y víctimas que se observan en los medios, son personas involucradas con los grupos delictivos y que las personas que no se involucran con la delincuencia organizada no tienen de que preocuparse. Esta afirmación se repite en el 80% de las entrevistas, lo que demuestra cierto grado de tolerancia al crimen y de confianza de que, sin el involucramiento en las actividades de estos grupos, no hay mayor “problema”.

Ligado a la aceptación de los grupos delincuenciales como fuente de autoridad se encuentra la legitimidad de las instituciones. Los entrevistados conceden en sus entrevistas que los grupos delincuenciales constituyen una fuente última de autoridad para dirimir conflictos que pudieran aparecer como perdidos o largos en los ámbitos legales establecidos para la resolución de conflictos. Específicamente, el 70% de los entrevistados señaló que, de existir una situación grave en la cual no se pudiera recurrir a la ley, ellos considerarían la búsqueda de estos grupos para buscar “alternativas” de solución expeditas a sus problemas.

La mayoría de los entrevistados (90%), manifestaron deseos de que la situación de inseguridad que actualmente se vive pueda ser superada y que se cuenten con instituciones gubernamentales lo suficientemente fuertes para imponer condiciones legales de coexistencia. La corrupción es señalada como el elemento clave a superar para lograr una convivencia más armónica y pacífica entre las comunidades. Ninguno de los entrevistados manifestó claramente una preferencia por la continuidad de estos grupos como elementos mediadores de las relaciones en la comunidad. Asimismo, la familia, específicamente los niños, parecen jugar un papel fundamental en la construcción del futuro al manifestar “…no quiero que mis hijos vivan una situación de violencia y decapitados como la que se ve actualmente”.

En general, los entrevistados parecen manifestar actitudes encontradas en relación con la presencia de grupos del crimen organizado. Por un lado, existen aspectos que aprecian como positivos en estos grupos en la sociedad, por otro, se espera que su presencia termine y que sean las leyes las que normen la convivencia entre los ciudadanos. Estos resultados son coincidentes con una situación cuasi-permanente de corrupción y falta de confianza de los mexicanos en las instituciones, particularmente aquellas relacionadas con la seguridad pública. La gente parece acostumbrada a las situaciones de violencia que se están viviendo y procuran acomodar sus vidas cotidianas a esta situación.

Dos elementos resultan importantes. El primero tendría que ver con la normalidad con la que se observan las situaciones de violencia y la presencia de grupos delincuenciales en las dinámicas cotidianas de las comunidades. Existe cierta seguridad de que, de no involucrarse con los grupos delincuenciales, no existirán problemas mayores. No parece concebirse a las víctimas de la violencia como elementos cercanos a sus propias vidas y existencia, sino más bien como consecuencia de transgresiones de sus propias acciones y del rompimiento de las reglas que establecen los grupos criminales.

Un segundo elemento es el conocimiento de que miembros del grupo criminal pertenecen o son conocidos de las mismas comunidades. El 40% de los entrevistados sabe que los integrantes de los grupos del crimen en sus localidades viven en la comunidad o han vivido en ella. Más aún, algunos entrevistados señalan como legítimas las actividades de los criminales en función de “defenderlos” de otros grupos delincuenciales como los “zetas” u otras bandas criminales.

Es así que la percepción de la población apunta a señalar una ausencia de poder de parte del Estado mexicano, misma que han llenado los diversos grupos delincuenciales, los cuales a su vez se encuentran permanentemente en guerra por la disputa del control sobre las regiones, tanto del país como del estado de Michoacán, demostrando así que la “seguridad o inseguridad” está en manos de ellos y no del poder judicial del Estado. Prueba más reciente de esto lo son, los acontecimientos ocurridos el pasado 14 de octubre del 2019 en el municipio de Aguililla, Michoacán, en los cuales, un cártel emboscó con armamento de alto calibre a un grupo de policías (con armamento de bajo calibre y poca o nula protección) cuyo argumento fue que dicho grupo de policías apoyaban a cárteles oponentes. Ante este tipo de ataques, se paralizan todas las actividades económicas, educativas y sociales por el temor de la sociedad a ser víctimas de enfrentamientos y ataques.

Conclusiones

Existen vacíos de información e investigación sobre los grupos criminales en México. Es necesario un mayor énfasis en su análisis desde un punto de vista social que considere estas organizaciones como grupos integrados al tejido social de las comunidades y con funciones que van más allá del tráfico de enervantes. Constituyen la punta del iceberg de una serie de complejidades sociales que enfrenta el México contemporáneo inmerso en un proceso de consolidación democrática que no ha creado las instituciones sólidas necesarias para un control efectivo del narcotráfico.

Es necesario buscar alternativas completas de explicación al fenómeno criminal en México. Estas deben traducirse en medidas de política pública, concretas y efectivas, que atenúen los costos que la sociedad mexicana enfrenta actualmente como consecuencia de la inseguridad y el fenómeno criminal (asesinatos, extorsiones, afectación en el clima de inversión, percepción de muchas regiones como inseguras, etc.)

Los resultados de este trabajo muestran la vertiente cultural a través de las teorías de la anomia, la tensión y la privación relativa en la explicación del crimen en la región de Tierra Caliente, Michoacán. Es por ello que una explicación integral a la emergencia de grupos del crimen organizado con base social tendría que partir de un enfoque dual que considere una connotación estructural, referida a los niveles de ingreso y bienestar, y una explicación cultural, que considere una complejidad de factores sociales que crean un entorno apropiado al crimen organizado. Un tercer elemento tendría que incorporar factores institucionales relacionados con la legitimidad de las instituciones y los vacíos de poder que se han creado como consecuencia de la transición democrática del Estado.

Sin embargo, los resultados de las entrevistas parecen confirmar que los grupos criminales en Michoacán cuentan con una presencia social importante. Constituyen parte de la realidad social contemporánea de la entidad. Resulta revelador que el 40% de los entrevistados conozca a los integrantes de esta banda y que no se manifieste una actitud de denuncia en contra de estos. Esta situación refleja un enraizamiento en el tejido social de los grupos delincuenciales por motivos que no únicamente tiene que ver con el temor a la represalia sino con la aceptación tácita del orden relativo que estos grupos imponen en muchas comunidades.

El fenómeno del crimen organizado en Michoacán es resultado de una complejidad social y de un proceso histórico de construcción de legitimidad de las instituciones, que poco tiene que ver con el discurso oficial de los gobiernos de México y de los Estados Unidos de América. El problema de las drogas, para nuestro país, tiene que ver fundamentalmente con la demanda de narcóticos en EUA y con un reacomodo de las estructuras de mando de los cárteles en México. En el caso de Michoacán la presencia de grupos delincuenciales se explica como consecuencia de un profundo proceso de descomposición de las instituciones que ha generado vacíos de legitimidad y de una cultura social que tolera la presencia de institucionalidades ajenas a la ley que establecen orden en actividades que deberían ser reguladas por el Estado.

Existe una pérdida de la institucionalización de las normas sociales que permiten regular la conducta de los individuos en nuestro país y esto, en buena medida, ha sido consecuencia de la omisión y colusión del Estado mexicano al crimen organizado, pues en este trabajo de investigación, los entrevistados hacen referencia a que las instituciones gubernamentales no hacen nada ante la denuncia y, al contrario, corren riesgos al hacerlo.

Es por ello que es urgente la construcción de instituciones sólidas capaces de normar efectivamente las relaciones de la sociedad y la mejoras en las condiciones económicas y de bienestar de los individuos para evitar que persista la fragilidad institucional del Estado ante los grupos del crimen organizado.

Notes

1Se pueden definir a las facultades metaconstitucionales, como la serie de poderes que se encuentran más allá del texto constitucional, es decir que no están establecidas de forma expresa no obstante a ello, formaron o forman parte del contexto cultural y político de nuestro país (Migallón, 2006). 

2La paradiplomacia es exclusiva de los gobiernos locales y no de los actores no-estatales como empresas o universidades que, si bien pueden desplegar actividades internacionales, no pertenecen a la categoría de autoridad gubernamental no central (Farías, 2014). 

Conflicto de intereses

Los autores no tienen intereses en competencia que declarar.

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