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Research Article

Desterradas del río. Hidroituango y la destrucción del cuerpo-territorio por megaproyectos. Entre el interés general y el sostenimiento de la vida

Authors:

Lina Marín Moreno ,

Universidad de Valparaíso, CL; Departamento de Psicología Social, Universidad Autónoma de Barcelona, ES
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Marisela Montenegro

Departamento de Psicología Social, Universidad Autónoma de Barcelona, ES
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Abstract

Through the case of the Hidroituango hydroelectric plant in Colombia, this article proposes that the implementation of megaprojects constitutes a proprietary device in which the expulsion of populations, damage to ecosystems, and deepening inequality converge. These three factors lead to the destruction of the body-territory from the capture of life forms to accumulate capital. Based on the Narrative Productions methodology and a process of co-theorization between the knowledge produced by the Ríos Vivos Movement, the narrative of the social leader Isabel Cristina Zuleta and interdisciplinary scientific research, we conclude that the struggles for permanence in the territory turn into struggles against the worst future scenarios of climate change, deterioration of the planet and the social and economic conditions of diverse communities. Based on these arguments, the general interest justification for the construction of mega-hydroelectric plants runs out of a solid foundation.

 

Resumen

Este artículo plantea, a través del caso de la hidroeléctrica Hidroituango en Colombia, que la puesta en marcha de megaproyectos constituye un dispositivo propietario en el que convergen expulsión de poblaciones, daño a los ecosistemas y profundización de la desigualdad. Estos tres factores derivan en la destrucción del cuerpo-territorio a partir de la captura de formas de vida para la acumulación de capital. Basadas en la metodología Producciones Narrativas y en un proceso de coteorización entre el conocimiento que produce el Movimiento Ríos Vivos, la narrativa de la líder social Isabel Cristina Zuleta e investigaciones científicas interdisciplinarias, concluimos que las luchas por la permanencia en el territorio se convierten en luchas contra los peores escenarios futuros de cambio climático, deterioro del planeta y de las condiciones sociales y económicas de comunidades diversas. Apoyados en estos argumentos, la justificación de interés general para la construcción de megahidroeléctricas queda sin fundamento sólido.

 

Palabras claves: expulsiones; cuerpo-territorio; megaproyectos; Hidroituango; luchas

How to Cite: Moreno, L.M. and Montenegro, M., 2021. Desterradas del río. Hidroituango y la destrucción del cuerpo-territorio por megaproyectos. Entre el interés general y el sostenimiento de la vida. Iberoamericana – Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, 50(1), pp.84–93. DOI: http://doi.org/10.16993/iberoamericana.520
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  Published on 22 Nov 2021
 Accepted on 31 Oct 2021            Submitted on 10 Apr 2021

Introducción

En Colombia el 70% de la generación de energía proviene de represas. Hidroituango, que sería la hidroeléctrica más grande del país, trabaja para generar 2.400 megavatios de energía, al tiempo que emplaza un modelo intensivo que altera las dinámicas del territorio y de todas las formas de vida que habitan el ecosistema del río Cauca, el segundo mas importante de Colombia (Cardona, Pinilla y Gálvez 2016).1 Agamben (2014: 7) define un dispositivo como la red de interconexiones entre elementos heterogéneos: reglas, ritos, instituciones, ideas, prácticas, políticas, lugares, discursos, construcciones, leyes y proposiciones; que buscan direccionar, gobernar y controlar, y cuyo fin último es la captura de la vida. El autor señala que podría pensarse en una gran separación: entre lo viviente y los dispositivos que buscan su captura. Siguiendo este razonamiento proponemos entender los megaproyectos como un dispositivo propietario en el que intervienen Estado, empresas y grupos al margen de la ley. A través de la coteorización entre materiales diversos que produce el Movimiento Ríos Vivos Colombia, la narrativa de Isabel Cristina Zuleta, vocera del movimiento, y el diálogo con investigaciones interdisciplinarias, identificamos tres componentes de este dispositivo que opera en megaproyectos como Hidroituango: 1) expulsión de poblaciones, 2) daño a los ecosistemas, y 3) profundización de la desigualdad. Entender los megaproyectos como dispositivos propietarios permite ahondar en los estudios que desde las ciencias sociales y las humanidades cuestionan los modelos de desarrollo y establecen una relación directa entre la acumulación de capital y la destrucción de la vida humana y no humana (Escobar 2010, 39). De igual manera, este artículo constituye un aporte, desde el caso concreto de Hidroituango, a las aproximaciones que buscan conceptualizar la noción de cuerpo-territorio (Gago 2018: 9).

El trabajo se basa en la metodología Producciones Narrativas (PN) (Balasch y Montenegro 2003; Biglia y Bonet-Martí 2009; García y Montenegro 2014; Pujol y Montenegro 2013). Lo fundamental de esta metodología es la elaboración de narrativas a través de procesos de articulación e interpretación colectiva que abordan los temas centrales de la investigación. Las participantes comparten no solo su historia de vida y sus experiencias, sino también las ideas y teoría encarnada en la práctica. Su estatus es el de creadoras-coautoras y no de informantes; en este sentido la narración pone el énfasis en la acción política, en la creación de escenarios posibles y en la proyección de soluciones. La investigadora no tiene el control total sobre el documento pues la coautora revisa lo dicho, modifica e interviene el texto. Las narrativas, a diferencia de las entrevistas, las encuestas o las historias de vida, no son datos o insumos que deben ser codificados o analizados; por tratarse de una construcción colectiva sobre un asunto, se espera que el resultado sea un texto dialógico, un documento con carácter epistémico que da cuenta de un fenómeno. De esta manera es posible coteorizar: “poner la mirada de las participantes al mismo nivel epistémico que el de otras autoras que han trabajado sobre el fenómeno a abordar” (García y Montenegro 2014: 74).

Esta investigación se basa en un proceso de coteorización con 1) la narrativa de la líder social Isabel Cristina Zuleta, activista, socióloga y vocera del Movimiento Ríos Vivos Colombia, quien ha luchado desde 2008 en defensa del río Cauca y en contra del proyecto Hidroituango; 2) el conocimiento que genera el Movimiento Ríos Vivos Colombia a través de estrategias de investigación comunitaria y de comunicación colectiva que involucran fotografías, elaboración de informes propios, arte, videos, mapas, comunicados públicos de coyuntura y programas en los que las voces de las comunidades afectadas dialogan con la academia; 3) Textos interdisciplinarios que abordan los temas centrales del artículo: investigaciones centradas en el caso concreto de Hidroituango, en el impacto ambiental de las hidroeléctricas, en la situación social y económica de zonas afectadas por megaproyectos y en las teorías que nos permiten entrecruzar estos elementos para entenderlos como un dispositivo propietario.

Para la producción de la narrativa llevamos a cabo dos sesiones de conversación en abril de 2020 y múltiples procesos de revisión y edición colectiva del texto desde abril hasta julio.2 El objetivo fue producir de manera colectiva una narrativa que abordó cuatro aspectos clave: su historia personal, los problemas desencadenados por Hidroituango, las luchas que lleva a cabo con el movimiento y las visiones de futuro que construyen. La narrativa da cuenta de las teorías encarnadas en más de una década de lucha. En concordancia con la metodología, en este artículo se exponen en extenso fragmentos de la narrativa de Isabel Cristina Zuleta a partir de los cuales se desprende la comprensión de los temas centrales de la investigación a través del diálogo con el Movimiento Ríos Vivos y con las investigaciones mencionadas. Esta es un apuesta político-epistemológica en la que la experiencia tiene estatus de teoría que emerge de la vida y de la lucha (Balasch y Montenegro 2003: 45).

Para hacer posible la construcción de megaproyectos de alto impacto en los territorios es necesario que se validen y privilegien ciertas fuentes oficiales de información: gobierno, empresas, organismos internacionales; mientras que la versión de las comunidades afectadas es tratada como no verificable, no oficial, no científica y, por lo tanto, descartable. De ahí la pertinencia de los materiales elegidos para este artículo. Zuleta es la vocera del Movimiento Ríos Vivos y ha encarnado esta lucha como líder del proceso desde hace más de una década. Su trabajo está en diálogo y construcción permanente con las 14 organizaciones de base que conforman el movimiento: Asociación de víctimas y afectados por megaproyectos, ASVAM Ituango, ASVAM El Aro, ASVAM Toledo, ASVAM San Andrés de Cuerquia, ORCHIBU, Briceño, Asociación de barequeros, pescadores, agricultores y cocineras de Sabanalarga, Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros Artesanales de Puerto Valdivia, Asociación de Mineros de Valdivia, Bocachicos, Asociación de pescadores, barequeros y agricultores del kilómetro 14 y 15 de Valdivia, Asociación de Barequeros del Bajo Cauca, Asociación de pescadores unidos del barrio La Esperanza, Grupo de Jóvenes Defensores del Agua de Ituango, Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y la Vida.

La narrativa de Zuleta y los materiales producidos por Ríos Vivos Colombia contienen conocimientos encarnados. Estas experiencias demandan metodologías dialógicas que permitan comprender los procesos de defensa del territorio. De ahí la relevancia de las PN y de enfocarse en la emblemática lucha emprendida por Zuleta. En ese sentido, la metodología genera un “conjunto de conocimientos situados y parciales de la temática que se está abordando” (Pujol y Montenegro 2013: 35). Si bien esto supone limitaciones en cuanto a representatividad, alcance e inclusión de más voces, puesto que las PN no proponen una epistemología de la representación sino de la articulación (Haraway 1999: 126), sostenemos que la articulación entre la experiencia de Zuleta, en diálogo con el conocimiento que produce el Movimiento y con otras investigaciones interdisciplinarias, permite comprender aspectos cruciales de las dimensiones del daño ocasionado por los megaproyectos y de las lógicas que los validan.

Dispositivo propietario: Expulsiones

Sassen (2014) habla de Expulsiones para mostrar que otras palabras ya no dan cuenta de la situación de millones de personas que quedan fuera por las condiciones y complejidad del capitalismo. En el centro de este problema está un dispositivo que convierte esferas fundamentales para la vida en mercancías y que ha derivado en la privatización-apropiación-privación de lo necesario para sobrevivir y de la vida misma (Brown 2015; Harvey 2007). De Nanteuil y Mora Cortés (2016) muestran que la forma de la violencia en Colombia ha sufrido una mutación en el siglo XXI: la contracara de la disminución de los homicidios es el aumento sostenido del desplazamiento forzado. De acuerdo con los autores, este abandono de los territorios en contra de la voluntad configura una “nueva gubernamentalidad” que se instala en el límite entre la violencia de masa y la violencia simbólica. En ese interregno hay una “muerte diferida”, “muerte sin muertos” o “situación de muerte” en la que desaparece una comunidad política y se disuelven las posibilidades de una vida digna (21). La violencia de masa opera a través de la destrucción colectiva material y simbólica, tanto en la guerra como en los supuestos tiempos de paz. Colombia tiene 6 millones de desplazados internos, Ruiz (2016) muestra que estos procesos son directamente proporcionales a la acumulación en la propiedad de la tierra por parte de grandes empresas. Expulsar a las poblaciones es una estrategia que prepara los territorios para la llegada de proyectos económicos de infraestructura, minería, generación de energía, agricultura y ganadería extensiva.

Entre los discursos y andamiajes jurídicos y políticos recurrentes usados por gobiernos y empresas para legitimar y validar la construcción de megaproyectos está el “interés general” y el “desarrollo”, puesto que el derecho internacional considera válida la migración forzada en la medida en que implique una prioridad nacional (Torres 2019, 32). Las maniobras de control del territorio con las que se ejecuta la expulsión de poblaciones van desde compensaciones económicas ofrecidas por las empresas, desalojos ejecutados por la fuerza pública, o amenazas, intimidaciones y otras formas violentas que con frecuencia son llevadas a cabo por grupos armados al margen de la ley. Estos actores, estrategias y discursos pueden tener lugar de manera coordinada, o no, y llevarse a cabo en distintos tiempos: antes, durante y después de la instalación de las obras. El fin último de este proceso es consolidar el control del territorio y de la propiedad en manos de intereses privados, ya sea que se trate de corporaciones legales, de grupos ilegales o de la combinación de ambos (Ruiz, Castillo y Forero 2018: 31).

Para la construcción de las obras de Hidroituango fue necesaria la adquisición de predios, quienes se negaron a vender, fueron desalojados. Ríos Vivos (2018a) ha documentado el desalojo forzado de 800 familias del Movimiento. En abril de 2018 se produjeron nuevas migraciones por el colapso del tercer túnel que desviaba el agua del río y que no tenía licencia ambiental. Este colapso ocasionó una avalancha y otra serie de emergencias que persisten hasta el momento y que dejaron más de dos mil familias desplazadas, damnificadas y en permanente riesgo. Tras dos años del colapso del tercer túnel, EPM (2020) informó que 1990 familias retornaron a sus hogares y que las 265 familias reciben apoyos. Sin embargo, las comunidades damnificadas han señalado el abandono por parte de la Empresa y las condiciones de vulnerabilidad y desarraigo a las que están sometidas (Mercado 2020). La narrativa de Zuleta expone esta operación que arranca de tajo no solo a los humanos sino a otras formas de vida, desplegando un repertorio variado de violencias que recaen sobre el cuerpo-territorio. Las zonas de influencia de Hidroituango han tenido históricamente altas tasas de concentración de la tierra, índices elevados de necesidades básicas insatisfechas y de violencia. Las comunidades han sufrido masacres permanentes. Ituango, Peque y Sabanalarga, tres de los municipios que reciben el mayor impacto de las obras, tienen tasas de desplazamiento forzado que van de 348,2 a 859,5 por cada mil habitantes (Ruiz, Castillo y Forero 2018: 164). Este proceso de expulsiones evidencia el desarraigo, la desposesión y la desaparición, por eso Zuleta reivindica en repetidas ocasiones el derecho a existir como parte fundamental de la lucha.

El movimiento Ríos Vivos del que hago parte nace con un objetivo: la permanencia en el territorio. Lo que percibimos de Hidroituango es que nos quiere sacar del territorio y eso es lo mismo que percibimos del conflicto armado. Porque a otros les interesa esto, pero no para tener la vida que nosotros tenemos aquí, sino para otra cosa: para las represas, para la minería. Pero la primera parte de ese objetivo de permanecer, es la existencia: tienen que saber que existimos, es muy doloroso decir: “es que nuestro objetivo es existir”. Y eso es un derecho que está en la Constitución y por eso hay un registro de nacimiento, porque hay gente que sencillamente invisibiliza la existencia del otro. Hidroituango siempre decía: “es que allá no hay gente”, y la gente respondía: ¿yo que soy entonces? Ese lucharse la existencia creo que es algo que no les toca muchos, porque ya lo tienen ganado, pero en muchas partes de Colombia no existes. Para nosotros Hidroituango es otra forma de sacarnos del territorio (Zuleta 2020).

En la zona de influencia de Hidroituango ha habido procesos de territorialización y desterritorialización permanentes, desplazamientos y re-desplazamientos a causa del conflicto armado, de la instalación de megaproyectos y de la confluencia entre ambos (Areiza 2013). La promesa de la Seguridad Democrática y de la paz ha venido acompañada de la profundización del modelo económico basado en la inversión extranjera y en la explotación de territorios a los que antes no se podía entrar por la presencia o dominio de grupos al margen de la ley. En este modelo de desarrollo la pobreza y el desarraigo de los habitantes se convierten en un “efecto colateral” de la acción del Estado en articulación con las empresas y en muchos casos, con la vinculación directa o indirecta de grupos armados (Ruíz 2016: 257). En efecto, la estrategia de comunicación que abonó el camino para la instalación del proyecto fue la superación de la guerra que llevaría desarrollo y crecimiento económico a un territorio golpeado por el conflicto armado. Esta estrategia retorica abrió paso al desplazamiento de las poblaciones de la ribera del río Cauca, ya no por la guerra, sino en aras del desarrollo y de las prioridades nacionales.

Hidroituango se ubica en una zona marcada por la conflictividad armada y la disputa territorial. Han ocurrido 110 masacres, las comunidades se han desplazado por completo hasta siete veces, salen y vuelven, ha habido desplazamientos de cientos de personas, muchísima gente nunca volvió y otra nunca se ha querido ir y persiste en el territorio. A ese escenario llega el megaproyecto. EPM identificó todas esas características: una población arrasada, temerosa, con muchos líderes asesinados. Ahí vio la oportunidad de llegar a un territorio con miedo, en el que la gente está de manera intermitente por la conflictividad armada, por la violencia social, política y por la persecución a los líderes. En sus cuentas, eso facilitaba la llegada del proyecto porque no hay posibilidad de que tanta gente se queje, proteste, denuncie o reclame sus derechos por esas tierras, sus derechos económicos por las actividades de caza, de pesca, de barequeo, de arriería y de recolección de frutos (Zuleta 2020).

Ríos Vivos (2017) ha trabajado activamente en múltiples mecanismos de protección colectiva y cuidado mutuo para enfrentar el riesgo permanente de amenazas, ataques, desapariciones, homicidios y otros actos violentos desatados por su oposición al proyecto hidroeléctrico. La combinación de estas estrategias de expulsión involucra varias capas y deviene en la expansión de un proyecto político (Swyngedouw 2009: 57) que recae sobre cuerpos que históricamente han sufrido un proceso de borramiento. En la población afectada por Hidroituango convergen características de raza, clase y modo de vida: hay población indígena, negra, campesina, recolectora y pescadora. El desplazamiento muta a su vez como expulsión, eliminación y finalmente como desaparición de formas de vida, culturas y memorias.

Tenemos amenazas para todos los integrantes del Movimiento, panfletos: “todo el que sea de Ríos Vivos se va a morir”, también intentos de desaparición forzada, asesinatos. Después se vino una segunda generación de ataques dirigidos hacia las familias, para que ejercieran presión sobre los integrantes del movimiento y se retiraran. Asesinaron a seis familiares y claro, se sentían culpables del riesgo en el que ponen a sus familias. Han usado el derecho penal en nuestra contra, con capturas, acusaciones de delitos de todo tipo. También han saqueado la sede que tenemos, una sede campesina, un refugio humanitario, nos han robado computadores, discos duros, información, videos, fotografías (Zuleta 2020).

A estos actos violentos relatados por Zuleta se suma el requerimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz en marzo de 2020 para que Hidroituango explicara por qué trasladó 349 cadáveres de tres zonas de influencia del proyecto que podrían corresponder a víctimas no identificadas del conflicto armado, teniendo en cuenta el alto número de desaparecidos en la zona. La Empresa consideró este traslado como parte de las “obras”, llevando el proceso de desplazamiento-desaparición a su extremo y haciéndolo recaer no solo sobre los vivos, sino también sobre los muertos. La Empresa fue vinculada formalmente al caso de esclarecimiento de desapariciones y masacres en el área de influencia del proyecto, inscribiéndose en una línea temporal de continuidad de la violencia, aunque esta tome nuevas formas y discursos. De esta manera se manifiesta lo que Valencia (2010) descifra como el capitalismo en su versión gore, que trueca su lógica de acumulación de capital por una de acumulación de muertes, la muerte como el negocio más rentable.

Es difícil comunicar lo que sucede porque es tratar de poner muchas capas en la misma piel y esa piel no ha sanado. Está la herida de los desaparecidos, esa herida no se cura, y fue más grande cuando inundaron el lugar donde sabíamos que había cuerpos enterrados, pero perdimos la esperanza de encontrarlos. A esa herida se superponen todas las otras y es cada vez más grande cuando el Estado sigue intentando invisibilizar, decir que no es cierto. Ya habíamos rescatado 159 cadáveres, pero seguía diciendo que no. Esas capas de negación del Estado colombiano son las que más infligen dolor. Tenemos un Estado que no conversa y que niega la contundencia de la realidad, lo más evidente. Y así vemos hoy a Hidroituango, no conversa con la gente, nos niega la palabra, nos niega la existencia. El gerente pasado de EPM decía: “no, nosotros no reconocemos a Ríos Vivos”, entonces son las empresas las que reconocen tu existencia (Zuleta 2020).

Hidroituango deja ver que el dispositivo propietario transita del desplazamiento forzado, a la expulsión y a la desaparición. Tal es la envergadura de este proceso violento que va acompañado de concentración en la propiedad, de necesidades básicas insatisfechas y de transformación intensiva de los territorios.

Dispositivo propietario: Destrucción del Territorio

“Matar el río” es la figura que utiliza Zuleta para referirse a la destrucción ocasionada por Hidroituango. Se trata de una versión de la guerra que se actualiza y alcanza también a los no humanos. La teorización de Zuleta alumbra el sentido de un duelo por las pérdidas actuales y anticipa las consecuencias futuras de la mutación de un afluente en medio de una crisis ecológica que advierte que para el sostenimiento de la vida es más beneficiosa la correntía de un río que una hidroeléctrica.

Las consecuencias para el territorio han sido terribles. Hidroituango es eso, es una guerra más, ya no solo contra los humanos, como era el conflicto armado, sino contra los no humanos: contra las montañas, contra el río, contra los animales. No quiere decir que la guerra que conocemos no haya sido contra la naturaleza, sí lo ha sido también. Los bombardeos también han dañado las montañas y el río; la coca sembrada también contamina los suelos; los químicos de los laboratorios cocaleros producen contaminación en las aguas, enfermedades en los campesinos. Pero ese daño nunca fue en la magnitud que Hidroituango lo hace con sus retroexcavadoras, bulldozers gigantescos, taladros enormes para las montañas, un muro que atraviesa todo el río. Y tanto es así, que rompe la dimensión de lo posible. La gente siempre dijo: “hacer eso es imposible, ese río es furioso, ese río no se deja”. Entonces Hidroituango cambia el plano de lo posible: rompieron una montaña de más de 2000 metros de altura que se cae a pedazos todo el tiempo (Zuleta 2020).

La aceleración del cambio climático interconecta la explotación a gran escala de territorios y la expulsión de poblaciones. En efecto, desde principios del siglo XXI se ha incrementado la evidencia científica sobre los daños asociados a la construcción, puesta en marcha y operación de hidroeléctricas. Al incorporar nuevos criterios de análisis, se ha reevaluado la idea de que las hidroeléctricas son tipos de energía limpia con emisiones de gases de efecto invernadero no significativas (Fearnside y Puleyo 2012; Fearnside 2015). Diversas modelaciones han alertado que las represas en ecosistemas tropicales podrían emitir más gases de efecto invernadero de lo proyectado para su vida útil, incluso en determinadas condiciones podrían ser superiores a las que emiten otros tipos de generación de energía (Faria et al. 2015). Por otra parte, se ha demostrado que el transporte de carbono a los océanos por la correntía de los ríos será definitivo en la captura y disminución de los gases de efecto invernadero a largo plazo (Galy, Peucker-Ehrenbrink y Eglinton 2015). La construcción de mega-proyectos como Hidroituango incide en varios de los nueve procesos que sostienen la vida en la tierra (Steffen et al. 2015), entre los más importantes están el cambio climático, la integridad de la biosfera, los flujos biogeoquímicos, los cambios en el sistema terrestre, la disponibilidad de agua y la acidificación del océano. Este modelo económico de alto impacto que exhibe un modo intensivo de explotación y transformación de la biosfera, rompe, como explica Zuleta, “la dimensión de lo posible”.

Hemos vivido momentos muy difíciles: los desalojos forzados, el despojo de la tierra; la inundación fue terrible, los animales huyendo, las personas quedaron atrapadas, las viviendas en riesgo de colapsar; después se dio la avalancha, uno de los túneles principales colapsó y generó destrucción aguas abajo: cientos de familias quedaron sin casa, tuvieron que alojarse en albergues y hasta hoy no se reponen de los daños. Sin embargo, en todos esos momentos, el río aún sobrevivía, seguía pasando agua por una parte de los túneles. Ni la inundación ni la avalancha son la concepción de la muerte del río, en cambio, cuando cerraron las compuertas de la hidroeléctrica, se formó la burbuja de aire sobre el agua y ya no pasaba más agua, lo desconectaron por completo. Ahí sí hablamos de matar el río. La gente lo narra peor que la avalancha que se llevó las casas, que generó terror, que las personas huían, que hubo alarmas y evacuación. Con el cierre de las compuertas y la sequía del río no hubo evacuación, ni albergues; no destruyó algo material concreto: ni el hospital, ni la caseta comunal, ni los puentes. No, no era eso, pero la sequía del río sí fue la muerte (Zuleta 2020).

Arango-Aramburo (2019) demuestra que la disminución en la disponibilidad de agua por el cambio climático afectará la operación de las hidroeléctricas en Colombia. La investigación proyecta escenarios con distintos modelos de análisis que tienen en cuenta la operación de Hidroituango y de la Hidroeléctrica Porvenir II, y concluye que en las próximas tres décadas el sector hidroeléctrico perderá dominio y que serán necesario implementar otros modelos de generación de energía debido a las sequías. Enfatiza en la necesidad de comprender la incertidumbre del cambio climático para planear y ejecutar la política energética. Investigaciones como esta evidencian que las hidroeléctricas no tendrían, como se ha pensado, una vida útil aproximada de 100 años. Con este escenario probable de escasez de agua, quedan aún más expuestos los errores y falencias de la planeación minero-energética de Colombia y la escasa comprensión de las consecuencias que genera la mutación radical de los territorios.

El río Cauca es muy grande y el nivel del agua bajó abruptamente, entonces pasamos de ver el agua a ver el fondo lleno de árboles, de arena, de algas y unas playas inmensas. Los peces quedaron muertos en las orillas, se veía el fondo del río, el olor a muerte porque los peces se descomponen muy rápido. Muchos intentaron salvar los peces, rescatarlos, llevarlos a las ciénagas, pero las ciénagas tampoco tenían agua. Cuando el nivel del agua del río bajó, también bajó el de los afluentes, todo el ecosistema se alteró. La hidroeléctrica se chupó toda el agua de los afluentes que están después del muro, porque el río no es solamente lo que se ve, no, el río es todos sus afluentes, con lo sedimentos, con el bosque, con la gente, con los animales, el agua solo es un componente. Los habitantes del territorio cuidan el entorno, conocen el ciclo de reproducción, saben cuándo pueden pescar por ese conocimiento que viene de generación en generación, por eso la destrucción del ecosistema implica que mis hijos no van a tener comida, no voy a poder enseñarles a pescar, muy triste ver la muerte de tantos animales, pero también es que esa muerte significa mi propia muerte (Zuleta 2020).

Varias investigaciones señalan que los estudios previos y el plan de manejo ambiental de Hidroituango eran generalistas e insuficientes, que no tenían en cuenta la magnitud de los daños y que la licencia otorgada por las autoridades ambientales respondía a las necesidades de la Empresa y pasaba por alto los impactos reales de la obra sobre el territorio (Cardona, Pinilla y Gálvez 2016; Torres, Caballero y Awad 2016). El Movimiento Ríos Vivos documentó 40 modificaciones a la licencia ambiental, muestra de la improvisación de una obra que se planea en el camino (Ríos Vivos 2020b). Estas modificaciones dificultan el seguimiento tanto para las comunidades como para los entes de control puesto que no es posible saber qué se está construyendo exactamente. Por el colapso del túnel de evacuación de agua en el 2018, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia (ANLA), impuso una medida preventiva “consistente en la suspensión inmediata de todas las actividades regulares relacionadas con la etapa de construcción, llenado y operación del embalse” (ANLA 2018). En esta misma resolución advirtieron de los riesgos de falla en la infraestructura que podrían ocasionar graves inundaciones, avalanchas y daños al medio ambiente en caso de que la obra continuara.3 Las altas externalidades generadas por el proyecto han sido asumidas por los ecosistemas y por los habitantes del territorio que sufren este proceso cíclico y simbiótico entre desplazamiento, violencia y destrucción ecológica. Zuleta advierte que estas obras implican una ruptura definitiva con el territorio.

Hay un derecho para las víctimas que es el derecho al retorno, está contemplado en toda la normatividad para cuando las cosas estén mejor, pero con los daños ambientales y con situaciones drásticas de cambio en los territorios este derecho se pierde. El desplazamiento ambiental es peor que el desplazamiento por el conflicto porque no tienes opción de retornar, ya no está ese territorio: está inundado, está destruido, está contaminado, ya no puedes volver. Es otro territorio, ya no es el que conocías. Al bosque lo inundaron, lo talaron, desapareció y eso es sumamente doloroso, el daño ambiental, la migración de especies, ver a los animales muertos… es otra escala. Sí, el conflicto armado es terrible, pero hay otra cosa que puede ser peor (Zuleta 2020).

Los pobladores de la ribera del río Cauca y de las zonas de influencia del proyecto podían cazar, pescar, barequear, sembrar o recolectar frutos según las circunstancias del clima y las dinámicas del territorio (Ríos Vivos 2018b). Con las plantas medicinales y mágico religiosas, que también han sido arrasadas, se establecía una relación cotidiana vinculada con la vida, la salud, la cultura, la memoria y el poder (Ríos Vivos 2018c). De esa relación de equilibrio que preservaba los ecosistemas y las condiciones de la biosfera, dependía la supervivencia de sus pobladores. Habitar el cañón del río, ser cañonera y cañonero, significaba adaptarse a esa geografía en la que el río y la tierra determinaban qué hacer (Pérez y Betancur 2019). Los pescadores que aún quedan en los municipios aledaños a la obra han advertido que el clima ha cambiado, mayo y junio era época de lluvia y ahora no llueve, también señalan un cambio en el régimen de vientos, todas estas transformaciones les impiden acceder a los medios de sustento (Ríos Vivos 2020a). Matar el río no solo deriva en la mutación del territorio, con Hidroituango inicia el proceso de extinción de formas de vida diversas. Mediante la operación de considerar al territorio como capital se da lo que Segato (2018) llama transmutación de lo vivo en cosas. El duelo por el río es el duelo por las vidas que se pierden y se perderán por cuenta de la construcción de las obras.

Dispositivo propietario: Desigualdad

Seis millones de personas expulsadas y seis millones de hectáreas despejadas para la explotación de territorios. Estas cifras consolidadas en las últimas décadas en Colombia no son solo una coincidencia. El 87% de quienes tienen que abandonar sus territorios provienen de zonas minero-energéticas (Mejía-Baldion 2016: 161). El índice de concentración de la tierra rural en Colombia es uno de los más altos del mundo, situándose en las ultimas mediciones por encima de 0,8 (FAO 2017). Más del 90% de los hogares con desplazados son pobres (Mora Cortés 2013). Este encadenamiento de cifras muestra que el proyecto político en curso requiere de la tenencia de grandes extensiones de tierra para la instalación de proyectos económicos legales e ilegales, generando la expulsión de poblaciones y el despojo de los medios de vida. En las zonas de influencia de Hidroituango el coeficiente de Gini de tierras oscila entre 0,5 y 0,8 y el índice de necesidades básicas insatisfechas está entre el 50% y el 80% (Ruiz, Castillo y Forero 2018, 164). Otálora (2008) ha demostrado a través de sus investigaciones y estudios de caso que “en Colombia es la existencia de riqueza mineral y natural y la disputa por su apropiación, lo que genera pobreza, aumenta la desigualdad y profundiza el conflicto” (157). El despojo de lo necesario para vivir, se producen mas en zonas de alta riqueza natural y de importancia geoestratégica (Ruiz 2011: 148). Esto es justamente lo que sucede en Hidroituango.

El territorio afectado por Hidroituango es un cañón profundo que tiene hacia uno de sus lados el Parque Nacional Nudo del Paramillo, uno de los parques naturales nacionales más grandes del país. Este parque tiene miles de hectáreas protegidas en una zona de conservación natural muy importante, ubicada en unos ecosistemas estratégicos para Colombia. Pero este territorio también se vuelve inhóspito, se vuelve el lugar en el que caben todos los actores armados, es estratégico para comunicar el Urabá con Córdoba, para ingresar al centro del país, es una zona por donde entran armas desde las costas, desde el Caribe y el Pacífico, por donde sale cocaína. Entonces no sólo es un cañón profundo entre dos cordilleras: la cordillera central y la cordillera occidental, sino que está ubicado estratégicamente y siempre ha estado en disputa por actores al margen de la ley y por el Estado (Zuleta 2020).

Hidroituango responde al modelo económico centrado en la extracción del agua, de la tierra, de los minerales, que deriva en la mutación de los territorios para la acumulación de rentas. En las zonas aledañas se han concedido licencias de explotación minero-energética que configuran un enclave para la futura provisión de energía de Hidroituango a otros proyectos. Eso implica que la producción de energía está ligada a ensamblajes globales y locales que determinan la propiedad del territorio y la privatización de recursos.

Hidroituango no es un proyecto de generación de energía, es un proyecto de control territorial que puede parecer de generación de energía. Pero lo que hace una hidroeléctrica es controlar el territorio, también lo hace una minera, pero sobre todo una hidroeléctrica porque tiene la capacidad de controlar el sitio específico, toda la cuenca, los afluentes. En cualquier país en guerra, y para todos los ejércitos del mundo, el control de las aguas es fundamental. Una hidroeléctrica lo hace y aparenta tener otro fin: producir energía, pero el control territorial estricto es el más eficiente. Hay una privatización del agua que finalmente es en perjuicio de la población. La cantidad de energía que produce Hidroituango no la necesita la gente, no la necesita ni siquiera la industria. Entonces lo que vemos es que Hidroituango interconecta los intereses económicos y extractivistas, no el sistema de generación y distribución de energía para las comunidades (Zuleta 2020).

Esta privatización del río incide en la pérdida de los medios de vida de los habitantes de la ribera del río y, en consecuencia, en el aumento de la desigualdad. La instalación del proyecto ha afectado las cadenas productivas del territorio (Torres, Caballero y Awad 2014: 82), a eso se suma un esquema de compensaciones monetarias que considera que es posible pagar por la mutación del territorio y que ha sido denunciado en múltiples ocasiones como insuficiente e injusto porque no atiende ni siquiera a lo que dice la ley (Ríos Vivos, 2018d; Vélez 2019). Muchas familias que habitaban en la zona de influencia del proyecto tuvieron que salir sin recursos y en medio de la incertidumbre por no ser propietarias (Torres, Caballero y Awad 2016: 107). Además, la empresa constructora activó una estrategia mediática que hacía ver a los reclamantes como “avivatos” que pretendían acceder a indemnizaciones sin tener derechos (Ríos Vivos 2014). El acceso libre al río fue cambiado por un modo de control que obliga a demostrar que los medios de vida provienen del río.

Al río Cauca siempre le dijeron el patrón mono porque proveía de trabajo libre, sin condiciones, a la hora que fuera. Pero hoy ya no es mono, ya le están diciendo el zarco, porque es clarito.4 EPM incluso se ufana de haber limpiado el río. Eso es terrible porque el color del río tiene un sentido, esos sedimentos son los que alimentan y fertilizan las playas para la siembra del ñame, del plátano, de todo lo que se siembra cuando bajan los niveles del agua, esas tierras quedaban abonadas con todos esos sedimentos. Pero ahora no son fértiles porque eso sedimentos están atrapados en la represa y además ya no hay como barequear porque los sedimentos arrastraban el oro. Los animales antes se acercaban al río, tenían libertad de circulación, hoy todo está monitoreado, hay cámaras, es un control específico sobre la vida cotidiana. El río está muerto, ya no habla como antes, su sonido es distinto, ya no lleva la misma velocidad, ni la brisa, no tiene el mismo color, ya no es proveedor, ya no tiene pescado, como tenía antes en abundancia. Los pescadores intentan pescar, barequear y cazar porque siempre está esa resistencia a lo que no se eligió ser, lo intentan, pero hay tristeza porque ya no es lo mismo. Ahora, despojados de la tierra, del río, del trabajo y de la comida, algunos trabajan a jornal, tratan de vender su fuerza de trabajo donde sea posible, otros montaron negocios. Pero la cotidianidad ha cambiado mucho, el río era su forma de vida y de habitación (Zuleta 2020).

Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina (Banco Mundial 2019). Hidroituango se articula a este modelo económico en el que el territorio es visto como medio de producción. Las dinámicas que impone una hidroeléctrica de esta magnitud profundizan la desigualdad como un proceso multidimensional en el que el control y la privatización del territorio para la instalación de megaproyectos incide en la pérdida de los medios de vida de las poblaciones y en la concentración de capital en pocas manos.

Consideraciones finales

La expulsión de poblaciones, la destrucción del territorio y la desigualdad que ocasionan megaproyectos como Hidroituango son ejes fundamentales del modelo económico en el que el territorio es visto como medio para la acumulación de capital. Desde la defensa a ultranza del desarrollo, cualquier oposición a una forma de generación de energía considerada “limpia” se cataloga fácilmente como primitiva, atrasada e incluso salvaje. Eso ha sucedido con Hidroituango, su construcción fue indiscutible. Lo que estaba en juego concernía, según la narrativa oficial, al gobierno, a la empresa constructora y a unas pocas comunidades afectadas que serían compensadas adecuadamente. A la sociedad en su conjunto el proyecto importaría solo por el argumento de abastecer de energía al país y en tanto era motivo de orgullo por la envergadura de la obra. Las consecuencias de la construcción de la hidroeléctrica han sido pasadas por el filtro del “desarrollo” y convertidas en impactos mitigables, este discurso persiste incluso después de la avalancha que dejó en evidencia las falencias del proyecto. De esta manera, la versión de los técnicos se impuso, las comunidades no fueron consideradas interlocutoras válidas sino contradictoras del interés general y del desarrollo (Betancur Alarcón 2014).

A partir de una perspectiva basada en la dicotomía civilización/barbarie aparece como un sinsentido cualquier defensa de la naturaleza, del río y del arraigo territorial. Sin embargo, este proceso de coteorización muestra que los argumentos de la narrativa de Isabel Cristina Zuleta y del Movimiento Ríos Vivos se articulan con la evidencia científica reciente de múltiples investigaciones académicas interdisciplinarias. En los megaproyectos convergen la transformación intensiva del territorio, la pérdida de los medios de sustento, el daño de los cuerpos y del planeta. Cada uno de estos elementos configuran el dispositivo que posibilita la expulsión de poblaciones, el daño a los ecosistemas y la profundización de la desigualdad a través del despojo de los medios de vida. Al reivindicar la vida del río, Zuleta reconceptualiza como forma de vida a aquello categorizado cosa. Esta idea, a contracorriente del paradigma propietario, desarma la separación radical entre humano-animal-vegetal-mineral, para postular que la vida esta entretejida de formas comunes (Esposito 2017). Es urgente transmutar elementos heterogéneos de los commodities a la esfera del bios para frenar la escalada de nichos de acumulación de capital enfocados en la compra de territorios para minería, agricultura y ganadería extensiva; la apropiación de fuentes de agua, la especulación con alimentos o la privatización de las semillas. En ese sentido, la creencia de que las compensaciones monetarias pueden resarcir los daños ocasionados por megaproyectos, aparece como ininteligible en una era marcada por el colapso del Sistema Tierra (Danowski y Viveiros de Castro 2019). Dichas compensaciones no pueden restablecer el bosque tropical ni las especies en vía de extinción, tampoco subsanar la desaparición de una comunidad ni restituir el papel del río en la captura de gases de efecto invernadero, en la disminución del calentamiento global a largo plazo y, por lo tanto, en las posibilidades futuras de reproducción de la vida humana en el planeta.

En el actual escenario en el que la vida de la mayor parte de la población depende de las condiciones climáticas, el territorio no puede ser entendido como factor pasivo: hectáreas a controlar y acumular, sino como actor vivo. Bajo una relación de interdependencia, los megaproyectos no solo repercuten en unas cuantas personas que podrán ser reubicadas, resultan en un perjuicio para los ecosistemas, los habitantes del territorio, el conjunto de los humanos, de los no humanos. Esto comporta nuevas condiciones al argumento de interés general con el que se imponen los megaproyectos sobre los territorios. La validación y legitimación del desplazamiento forzado de poblaciones y de destrucción de territorios a través de dicho argumento debe revisarse a la luz de nuevos criterios científicos que tengan en cuenta la preservación de ecosistemas y de formas de vida diversas por sobre otros razonamientos economicistas. Desde un enfoque transdisciplinario que comprenda el cambio climático, la violencia y la desigualdad como fenómenos económicos, políticos y ecológicos interconectados; no quedan fundamentos sólidos, sustentados en alguna idea de bien común, para destruir formas de vida en pro de la construcción de megahidroeléctricas. Luchas como la de Zuleta y el Movimiento Ríos Vivos develan el daño generado por los megaproyectos, otorgan sentido a la permanencia en el territorio al crear comunidades de lucha y establecen como prioridad el sostenimiento de la vida.

Notes

1La obra es construida por la Empresa Hidroeléctrica Ituango HIDROITUANGO. Empresas Publicas de Medellín (EPM) es responsable del proyecto y varias entidades públicas son accionistas. La construcción de las obras inició en 2009. 

2Las sesiones se llevaron a cabo el 14 y el 15 de abril de 2020 con una duración aproximada de 10 horas en total a través de videollamadas por razones del confinamiento por Covid-19. Tras esos encuentros hubo comunicaciones permanentes por correo electrónico, chat y llamadas telefónicas para llevar a cabo el proceso de edición conjunta que concluyó en julio de 2020. Los encuentros con Zuleta fueron posibles tras varias solicitudes enviadas desde el 2019. Se cuenta con el respectivo consentimiento informado. El texto completo de esta narrativa puede consultarse en este sitio web creado por las investigadoras https://acortar.link/harfx. 

3El 6 de junio de 2020 la misma entidad ratificó una multa a EPM por construir obras no contempladas en la licencia ambiental. 

4En Colombia la expresión mono es sinónimo de rubio y la expresión zarco alude al color claro de los ojos azules y verdes. 

Información de financiación

Esta investigación fue financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, ANID. Beca Doctorado Nacional 21170677.

Conflictos de interés

Las autoras no tienen intereses en competencia que declarar.

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